Cuando en el Congreso estadunidense cobran fuerza las iniciativas para descertificar la lucha antidrogas de México y revertir así su aprobación por el presidente Clinton, se dan a conocer datos de la Reserva Federal y documentos del FBI que hacen sospechar que el lavado de dinero producto del narcotráfico ha crecido significativamente en diversas ciudades de Estados Unidos en los tiempos recientes.

Ambas situaciones ponen de manifiesto la doble moral asumida por Estados Unidos en este terreno, pues a la par que cuestiona y exige mayores esfuerzos antinarcóticos por parte de otros países --México entre ellos-- poco ha hecho Washington para frenar la venta y el consumo de drogas entre los ciudadanos estadunidenses.

Así lo demuestra el reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el cual reitera el hecho sabido de que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas a nivel mundial y, por tanto, el principal motor del fenómeno del narcotráfico. A este hecho hay que añadir que, como se ha sospechado desde siempre y como parecen ratificarlo ahora la Reserva Federal y el FBI, el sistema financiero de Estados Unidos es la principal lavadora de dinero del mundo y que, por ello, la economía de ese país está fuertemente impregnada --y beneficiada-- por los recursos provenientes del tráfico de drogas.

Aunque en México también está presente el lavado de dinero, las mismas autoridades estadunidenses revelaron que la Secretaría de Hacienda ha finalizado ya 29 investigaciones en la materia, conducido 40 investigaciones conjuntas con las agencias estadunidenses y proporcionado a la PGR una lista de 89 presuntos responsables. Estas acciones del gobierno mexicano, contrastadas con la situación prevaleciente en la nación vecina, niegan toda legitimidad a las pretensiones de condenar el esfuerzo antidrogas realizado por nuestro país, y refutan las afirmaciones de que es insuficiente el desempeño de México ante este problema.

Ninguna política de control de las drogas será posible sin la cooperación internacional efectiva y respetuosa de las soberanías, sin el combate a fondo de la corrupción generada por el narcotráfico y sin el reconocimiento de los propios problemas y el establecimiento de medidas comprometidas por parte de los países consumidores para frenar la demanda de enervantes y el lavado de dinero que ésta genera.

En esta perspectiva, las certificaciones o descertificaciones, lejos de beneficiar la colaboración entre las naciones, introducen tensiones y desencuentros, dado que expresan una actitud injerencista e inaceptable y, a lo que puede verse, hipócrita.

A la luz de los hechos anteriores, las pretensiones de ciertos congresistas estadunidenses que se oponen a la certificación de México resultan huecas y falsas, porque exigen a otras naciones una determinación contra el narcotráfico y el lavado de dinero que Estados Unidos no quiere o no puede asumir en su propio territorio y en su propia economía, la cual, en alguna medida, debe su bonanza a los dineros sucios de la droga.