En Chiapas no pasa nada. Eso informó, al menos, el vocero del gobierno federal. A lo sumo, ``hay la natural inquietud política previa a la selección de candidatos'' a puestos de elección popular, dijo que comentó el gobernador del estado. Y añadió: ``creo que es también la impresión que tiene el gobierno federal''.

¿Qué necesita suceder en Chiapas para que se reconozca que allí pasa algo? Desde comienzos de 1996 miles de ciudadanos y comunidades dejaron de pagar la luz para protestar por el alto costo del servicio y para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tarifas preferenciales. El movimiento fue promovido por municipios y organizaciones opositoras de la zona norte del estado, y rápidamente se extendió a todo el territorio y a organizaciones y ciudadanos de todos los partidos políticos, el PRI incluido. El programa gubernamental para enfrentarlo bautizado como ``Luz amiga'' ofreció subsidiar la mitad del consumo de usuarios menores de 300 watts y pagar las deudas de algunos municipios. Sin embargo, y a pesar de la propaganda oficial, no tuvo éxito. Las protestas se mantuvieron.

Sin capacidad de negociación, el gobierno decidió usar el garrote. La CFE comenzó a cortar el servicio de energía eléctrica a comunidades y municipios enteros, bajando las cuchillas, con el apoyo de la fuerza pública. El pasado 20 de enero, los habitantes de los municipios de Mazatán y Cintalapa chocaron con la policía del estado con un saldo de 120 heridos. Las autoridades del ejido Alvaro Obregón solicitaron a la Secretaría de Gobernación reprender a los dirigentes del movimiento contra la CFE en la región por ser ``pastores evangélicos'' que militan en la OCEZ. Los enfrentamientos entre la población y las autoridades son permanentes y generalizados en amplias franjas del estado. Se han producido así múltiples tomas de varios tramos carreteros. Según el secretario municipal del ayuntamiento de Jiquilpan (gobernado por el PRI): ``no sabemos qué pueda pasar, si llegan a venir los trabajadores de la CFE, el pueblo está muy enojado, la paraestatal está tentando la violencia con este colapso''.

Por su parte, el sector empresarial chiapaneco ha señalado que la propuesta de ley de fomento económico en el estado es un instrumento burocrático en manos de funcionarios. Según un documento interno de la Coparmex (La Jornada, 22-II-97), ``Las sospechas de corrupción en torno al manejo de la ayuda extraordinaria al amparo de la guerra, forman parte de las apreciaciones de los habitantes de la entidad, quienes sienten que una vez más fueron usados en beneficio de otros que ni siquiera viven allí''.

El 27 de febrero, en Puerto Arista, dos jóvenes pescadores fueron asesinados y otro más herido a balazos por agentes de la seguridad pública. La población, enardecida, se lanzó en contra de los policías para lincharlos. Los responsables del ``orden'' público fueron finalmente rescatados por elementos de la Armada.

La madrugada del 14 de febrero, un grupo de campesinos evangélicos secuestraron al diputado local del PRI, Mario Lescieur (dirigente de los auténticos coletos), y exigieron su canje a cambio de su líder, Manuel Collazo, detenido dos semanas antes. Finalmente fue liberado.

En San Cristóbal de las Casas, el pasado 11 de febrero, la Conpaz sufrió el cuarto atentado incendiario contra sus instalaciones desde noviembre. Diez días después se aventó sobre las casas de cuatro artesanos una bomba molotov. En menos de cuatro meses ha habido 15 atentados de este tipo en la ciudad.

Mientras tanto, en la zona norte, la guerra silenciosa avanza. En los primeros días de febrero un grupo priísta tomó por asalto la comunidad de Aguas Blancas en Palenque. El saldo de la operación fue de cuatro heridos y 30 familias desplazadas. Según los últimos reportes de la Diócesis de San Cristóbal en total han abandonado sus comunidades en la región cerca de 450 personas. Una delegación de periodistas, observadores internacionales y ONG de derechos humanos, que buscaba llegar al municipio de Sabanilla el pasado 15 de febrero, fue violentamente atacada por integrantes del grupo paramilitar ``Paz y Justicia''.

En los municipios de la Concordia y Jaltenango, territorio de caciques acusados de estar vinculados al narco y al tráfico de guatemaltecos como los Orantes y los Ruiz, y de grandes finqueros, desde el 31 de enero, las Bases de Operaciones Mixtas (compuestas por miembros del Ejército, la Seguridad Pública y la Policía Judicial) se han dedicado a desalojar a campesinos de diversos predios y a catear sus casas sin órdenes judiciales.

¿Será cierto que en Chiapas no acontece nada? ¿Será verdad que este breve recuento de hechos no es más que una expresión de ``la natural inquietud política previa a la selección de candidatos''? ¿Qué necesita suceder para que el gobierno reconozca que allí pasa algo?.