Vale la pena repetir la enumeración de las características de la llamada certificación que anualmente otorga el gobierno estadunidense acerca de la eficacia o ineficacia de las acciones de otros países en contra del narcotráfico.

1. Es un acto unilateral por el cual un gobierno se arroga autoridad extraterritorial para juzgar el comportamiento de otros gobiernos.

2. Dicho acto no está legitimado por normas o principios generales de derecho internacional ni por tratados o convenios específicos suscritos por el gobierno de Estados Unidos y los demás gobiernos.

3. El fundamento formal de la certificación es una ley doméstica a la que se confieren efectos sancionadores. Por tanto entraña la aplicación de una ley punitiva contra Estados cuya soberanía está reconocida dentro de la comunidad internacional.

4. El gobierno de Estados Unidos se erige en tribunal de acusación y de sentencia y, conforme a procedimientos que pueden ser tan arbitrarios como convenga a sus intereses, somete a otros gobiernos, sin su consentimiento, a un enjuiciamiento de efectos perniciosos, cualquiera que sea la decisión que se adopte en cada caso particular.

5. La llamada certificación no es una simple opinión sobre el comportamiento de otros gobiernos, sino una absolución o una condena. En apariencia los hechos sometidos a juicio serían exclusivamente los directamente vinculados con la lucha contra el narcotráfico, pero es obvio que se involucran otros componentes de las relaciones bilaterales, por lo cual la amenaza de la descertificación es un ominoso instrumento injerencista mediante el cual se presiona a otros gobiernos para obtener cesiones de soberanía, mediante el sometimiento a los designios e intereses estadunidenses.

6. Bajo el disfraz de la legalidad interna, el gobierno estadunidense viola la legalidad internacional, pues se faculta a sí mismo para imponer sanciones económicas y comerciales que solamente correspondería decretar a organismos multilaterales, bajo circunstancias y supuestos sustancialmente distintos.

7. La sola expectativa de la descertificación y de las represalias económicas que potencialmente conlleva, actúa como factor de desestabilización económica y financiera, por las repercusiones que provoca en los mercados bursátiles y de divisas. Lo ocurrido en México durante los últimos días de febrero es un ejemplo suficientemente ilustrativo.

8. No sabemos si consciente o involuntariamente, el gobierno de Estados Unidos se convierte en el principal aliado de las organizaciones criminales dedicadas a la producción, transportación y comercialización de drogas, por dos efectos colaterales de sus políticas de certificación o descertificación:

a) El poder real del crimen organizado se incrementa, pues crece la importancia de los efectos desestabilizadores que sus actividades tienen dentro de un país, como consecuencia de una eventual descertificación. Las mafias del narcotráfico cobran el carácter de un factor político primordial con capacidad para negociar con los gobiernos, por ejemplo, la reducción de sus operaciones en los meses anteriores a la certificación estadunidense, a cambio de una política de relativa tolerancia durante el resto del año.

b) En los casos en que la descertificación se produce, las naturales reacciones entre las fuerzas del orden encargadas de combatir al narcotráfico serán de desaliento, con la consiguiente disminución del empeño desplegado pero no reconocido. Además, las bases de la cooperación con el propio Estados Unidos se resquebrajan, pues el sentimiento de hostilidad hacia sus agentes se exacerba, independientemente de la actitud oficialmente asumida por el gobierno en cuanto a la eventual continuidad o ruptura de los acuerdos bilaterales.

9. En resumen, las políticas supuestamente encaminadas a fortalecer la cooperación internacional y la lucha conjunta contra el narcotráfico y sus ramificaciones, en vez de tener un instrumento idóneo en el procedimiento de certificaciones anuales, se precipitan en las grietas cada vez más anchas que han abierto, año con año, esas prácticas ilegítimas y oprobiosas.

10. Lo único que avanza es la convicción generalizada de que los pueblos del mundo y en particular los de Latinoamérica, perdemos gradualmente soberanía: internamente, porque el poder del Estado languidece frente a la capacidad de cooptación y la irrefrenable expansión del dominio que impone sobre la realidad social el poder invisible de las organizaciones criminales; y externamente, porque la llamada cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico es la puerta por la que se introducen voluntades, intereses y potestades provenientes de allende las fronteras geográficas y políticas.