Desplazarán a 18 mil chinantecos para elevar el nivel de dos presas
Martha García Ť Más de 18 mil indígenas de Oaxaca asentados en la ribera de las presas Miguel de la Madrid (Cerro de Oro) y Miguel Alemán (Temazcal),en el río Papaloapan, serán desplazados a causa de la elevación del nivel del agua de estos embalses.
Los traslados masivos se originaron hace 50 años, cuando el gobierno federal inició la construcción de un gran sistema hidroeléctrico sobre esta cuenca cuyos afluentes corren por Veracruz, Puebla y Oaxaca.
El fundamento técnico del proyecto fue controlar las crecientes de los ríos Tonto y Santo Domingo, constituir un polo de desarrollo socioeconómico de la región y atender inundaciones, insalubridad, incomunicación, analfabetismo y degradación de los suelos.
Sin embargo, el saldo para el pueblo chinanteco, el más afectado -luego de varias etapas de reacomodo improvisadas en este tiempo- es la desarticulación comunitaria y la degradación ambiental en las zonas de reubicación fuera de su hábitat tradicional.
En la actualidad, la población ribereña en Cerro de Oro y Temazcal asciende a 18 mil chinantecos y mazatecos. La primera fue inaugurada en 1989 y la segunda entró en operaciones en 1955. Las dos formarán un único vaso a 69 metros de profundidad.
La relación de comunidades correspondientes al área de la presa Miguel Alemán suma 38. En la Miguel de la Madrid unos 24 poblados afectados por el incremento del agua deberán atenderse de forma inmediata, según datos del lnstituto Nacional Indigenista (INI).
La región chinanteca se localiza en Oaxaca -a 100 kilómetros de la capital- y se extiende sobre 17 municipios al noroeste de la entidad. Colinda con Veracruz al norte, con las zonas mazateca y cuicateca al noroeste y oeste, y con la zapoteca al sur y sureste.
Lo anterior se explica en el Programa de Atención a Indígenas Chinantecos Reubicados por la Construcción de la Presa Cerro de Oro, cuaderno base del INI para proponer un desplazamiento ``menos violento'' a los ocurridos en el pasado.
El documento en poder de La Jornada presenta un diagnóstico socioeconómico, ambiental, jurídico, agrario y cultural de la población chinanteca afectada por un proceso de reacomodo en cuatro etapas durante 15 años.
En entrevista, la investigadora del equipo autor del Programa de Atención, Ana Hilda Ramírez, detalló los momentos del éxodo indígena ``entre 1940 y 1970 cuando la región de la Chinantla se trastocó por la construcción de proyectos de infraestructura''.
Desde 1973 se destinó a la reubicación al valle de Uxpanapa y Los Naranjos (Veracruz); a la zona Ampliación y Reacomodo de San Lucas Ojitlán y San Felipe Usila (estado de Oaxaca), donde ``se produjo un gran desajuste social y ambiental''.
Esto representó un traslado de entre 400 y 100 kilómetros de distancia de su territorio tradicional. Según registros de la Comisión del Papaloapan (1947-1986), se afectaron 53 poblados con 39 mil habitantes, 14 mil 820 de los cuales no fueron desplazados.
Los renuentes a dejar la Chinantla y los inconformes con las nuevas condiciones de vida se establecieron en las inmediaciones de la presa, explicó la investigadora del INI al confirmar la cifra citada.
En ese contexto, continúa la etnohistoriadora, los pronósticos para elevar el nivel de las presas Cerro de Oro y Temazcal, de la cota 67 a 69 metros, afectará a esta población que en lo fundamental vive de actividades pecuarias.
Ramírez destacó la paradoja del desarrollo entre el devenir cultural de los pueblos indígenas como los desplazados por las grandes obras, sobre todo al considerar la corta vida de las presas, en este caso calculada hasta la primera década del 2000.
``Las consecuencias de la construcción de presas en México ha conllevado la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas y en experiencias extremas estas comunidades sufren un proceso irreversible de etnocidio'', asentó.
Para la especialista: ``una deficiencia institucional para actuar ante estos procesos es la inexistencia de una ley sobre relocalización de la población. En tanto, los criterios técnicos están siempre por encima de las pautas sociales y culturales''.
A 24 años de distancia de la publicación del decreto presidencial para iniciar la construcción de la presa Cerro de Oro, a cargo de la Comisión de Papaloapan, el reclamo de los chinantecos parece simple: cumplir lo prometido.
Así lo declaró el representante del Consejo Indígena del Valle de Uxpanapa, Juan Zamora González, al anunciar la marcha de chinantecos y zoques desplazados rumbo a la capital del país para exigir la solución definitiva a su reacomodo.
La principal demanda es la constitución de un municipio libre dentro de la nomenclatura veracruzana con el reconocimiento de su actual territorio que cumple con las características para definirse como tal. (La Jornada, 12 de febrero,1997).
Este punto es uno de los principales temas de la agenda indigenista dentro del Programa de Atención, a la que Ramírez agrega la ``titulación de la propiedad ejidal, la conclusión de obras de infraestructura y líneas de crédito agrícola''.
Sobre esta base, manifestó la investigadora del instituto, el organismoo actuará para dar cauce a los problemas de la población chinanteca desplazada y trabajar una estrategia comunal e interinstitucional para las mejores soluciones.
Diagnóstico de un etnocidio
Este pueblo chinanteco reconoce en su historia oral un destino gris, algo cercano a la extinción cultural absoluta. Los viejos paisajes de la Chinantla enmarcados en 21 mil 700 hectáreas de selva ahora están debajo de un espejo de agua.
Encandilado por el progreso, este grupo étnico enfrenta el impacto de un reacomodo poblacional forzoso y la desintegración progresiva de sus valores comunitarios, pérdida del idioma materno y del vestido tradicional.
Los registros etnográficos incluyen también la quiebra de sistemas de parentesco y de prácticas agrícolas milenarias ante distintos ambientes naturales readaptados para su sobrevivencia, aspectos concomitantes a la expresión religiosa y simbólica.
De acuerdo con el clásico antropológico La presa Cerro de Oro y el Ingeniero, el Gran Dios, de Miguel Bartolomé y Alicia Barabás (INI-CNCA, 1990), ``el sueño del desarrollo hidráulico se transformó en la pesadilla de la presa''.
El Estado ``creó 26 mil nuevos pobres pertenecientes a una población que previamente poseía gran capacidad para un etnodesarrollo autónomo''. Una voz anómina refle- xiona: ``teníamos una enorme cantidad de fruta y semillas; no comprábamos nada''.
Hace un cuarto de siglo, sus guías tradicionales intuyeron el desenlace de una expulsión territorial de miles de ellos. Entonces, el principio del colapso social fue imposible de contener. Sus chamanes no pudieron impedirlo.
En censos de 1990 la población chinanteca es de 109 mil 100, distribuida en 28 estados de la República, pero las principales concentraciones se ubican en Oaxaca (83 por ciento), Veracruz (15), Distrito Federal (0.9), estado de México (0.6) y Chiapas (0.5).
En Oaxaca, cerca de 90 mil 322 vivían en 64 municipios, 14 de ellos localizados en el corazón de la Chinantla con 69 mil 650 de estos indígenas.
En Veracruz habitan 27 mil 825 chinantecos en los centros de reubicación localizados en 19 municipios.