Consignan en Veracruz a 12 judiciales por presunto homicidio

Manuel Enríquez, corresponsal, Xalapa, Ver., 30 de octubre La Procuraduría de Justicia de Veracruz consignó hoy a doce policías judiciales, entre ellos a Julio César Cué Bustos, coordinador regional; Inocencio Chiquito Lara, comandante regional, y a los jefes de grupo Mario Texoco Jiménez y Nereo Malpica Morales, como presuntos responsables de ``homicidio calificado'' en agravio de los jóvenes Juan José López Reyes y Ricardo Rico Ubaldo, torturado este último hasta causarle la muerte.

Cerca de las 3 de la tarde del jueves pasado, los dos muchachos, que iban a cobrar por un servicio de transporte de carga, fueron detenidos en Córdoba por un grupo de agentes al mando de Mario Texoco Jiménez, con el ``pretexto para la inconstitucional detención, de que el vehículo (un Jetta color negro, modelo 1993), al parecer era de procedencia ilegal''.

Los trasladaron a las oficinas de la coordinación regional de la policía judicial -con sede en esa misma localidad-, donde los mantuvieron detenidos. Alrededor de las 5 de la tarde, los agentes comenzaron torturarlos con ``prácticas infamantes'', hasta causar la muerte a Rico Ubaldo, de 34 años de edad, originario de Tierra Blanca. Posteriormente, ``abandonaron'' su cuerpo en el ejido el Nanche, del municipio de Cuitláhuac, a 35 kilómetros de dicha ciudad.

A Juan José López Reyes, de 22 años de edad, quien acompañaba a Rico Ubaldo, lo llevaron vivo a una parcela del ejido Paso del Real, del municipio de Omealca -colindante con Córdoba y Cuitláhuac-, donde recibió el ``tiro de gracia'', al ser ``brutalmente asesinado por Mario Texoco Jiménez, quien le disparó a corta distancia con una escopeta denominada huaca'', ante la presencia de otros policías.

Mientras los familiares de las víctimas los buscaban, los consignados les negaban información y decían que los habían liberado a las 4 de la tarde del mismo día. Sin embargo, otros presuntos delincuentes que estaban detenidos en las oficinas de la judicial en Córdoba, informaron a los familiares que ahí continuaban Ricardo Rico y Juan José López, y que escucharon sus quejidos cuando los torturaban.

En conferencia de prensa, el procurador veracruzano Rodolfo Duarte Rivas explicó que ``se patentiza'' la presunta responsabilidad de Julio César Cue Bustos, coordinador de la polícia judicial en diez municipios de la zona centro de la entidad, y del comandante regional Chiquito Lara, toda vez que fue en el edificio en el cual ellos laboran donde las víctimas fueron detenidas ilegalmente, torturadas y una de ellas asesinada.

Acompañado de Jorge Obrador Capellini, director de la Policía Judicial del estado, el procurador afirma que, según la averiguación previa 1166/996, estos hechos ``se dieron durante las horas en que habitualmente se labora'' en la corporación regional, bajo el mando de los funcionarios, ``es decir, los agentes no actuaron subrepticiamente''.

Además, ``enterados'' de la muerte de Ricardo Rico, ni el coordinador de la policía ni el comandante en esa región intervinieron inmediatamente. Tampoco emprendieron acción alguna para asegurar a los partícipes del doble crimen ni para localizar los cuerpos, lo cual constituye ayuda ``dolosa en la comisión del delito'', y configura su ``coparticipación delictuosa''.

Tras informar que al subprocurador de la zona Córdoba, Emeterio López Márquez, y al director de la policía judicial, Obrador Capellini , se les indagará como ``responsables directos'' de los hechos, el procurador veracruzano manifiesta que ``no era tolerable complicidad alguna que arrojara una grave impunidad o falta de castigo a policías que actuaron con toda premeditación y alevosía, privando de la vida a dos jóvenes personas que su actividad hasta ese día era el comercio'', y que no contaban con antecedentes penales.

Duarte Rivas expresó que ``hace tiempo que se consideraban desterrados la tortura, los malos tratos o cualquier persecución de los delitos (sic). Ningún funcionario de la procuraduría -subrayó- puede tener una contextura moral que le permita ordenar o solapar que en ejercicio de las funciones se quebrante de manera tan grave la legalidad''.

El procurador ofreció una ``supervisión especial'' para que nadie conceda, ``por simpatía o interés ilegítimo, ventaja indebida a los procesados''.

Se invitará a un representante de cada familia para que esté permanentemente cerca del Ministerio Público como ``coadyuvante en el proceso y tenga acceso a las constancias y el derecho de acudir ante el procurador o la contraloría en caso de que estime desviaciones.

Los otros agentes detenidos son Manuel Juárez Rubio, Carlos Herrera Hernández, Carlos Romero Jácome, Miguel Eduardo Aguilar Tepole, Mauricio Vázquez López, David Hernández Farfán, Gerardo Celis Guevara y Alfonso Dorantes Lozano. Todos están presos en el penal de Pacho Viejo, cercano a la ciudad de Xalapa. Se encuentra prófugo el jefe de grupo Abel Zúñiga Mota.

Por su parte, la prensa local no descarta la posibilidad de que los detenidos se hayan dedicado a ``ajustar cuentas personales''. En tanto, el procurador fue cuestionado sobre la posibilidad de que una de las víctimas tuviera relación o parentesco con el conocido narcotraficante y gatillero Toribio Gargallo Peralta, autor de decenas de homicidios, principalmente en la zona centro de Veracruz