Desde diciembre de 1994, no transcurre un mes en que la opinión pública no conozca nuevas secuelas de un hecho delictivo, una maniobra indebida o un grave error oculto relacionados con el ejercicio gubernamental del salinismo. En los días que corren asistimos a una marcada incertidumbre cambiaria, que en cualquier momento podría convertirse en financiera y económica, y que según todos los datos disponibles no está asociada a momentos políticos particulares, a episodios de nota roja o a fenómenos estacionales, sino que es producto de las inconsistencias de un modelo económico forjado en los dos sexenios anteriores y que permanece, en lo esencial, en vigor, en parte por convicción política de las autoridades actuales y en parte porque el modelo mismo ha dejado al país huérfano de alternativas.

A escasos tres días de la firma de un pacto económico orientado a inducir estabilidad y confianza en el comportamiento de los precios, asistimos también a alarmantes, exasperantes e inopinadas alzas de precios --huevo y carne, por lo pronto-- que, como siempre, tendrán su impacto más grave en los bolsillos de quienes menos tienen.

Con este telón de fondo de suyo preocupante, se descubre, casi por accidente, en el curso de un juicio de amparo promovido por deudores de un banco comercial, que las diez instituciones bancarias más importantes del país podrían encontrarse en una situación de ``inexistencia jurídica'' debido al incumplimiento, por parte del ex presidente Salinas, de una formalidad jurídica en el proceso de la privatización bancaria realizado durante su gobierno. Esta situación abre el riesgo de que el conjunto de los contratos e instrumentos legales pactados con los principales bancos del país estén afectados de nulidad y que se introduzca, en consecuencia, un nuevo y gravísimo factor de incertidumbre en la economía del país.

Conforme el sexenio pasado se aleja en el tiempo, se aclaran, cada vez con mayor nitidez, la profundidad, la extensión y la cantidad de los daños que causaron en el tejido social, en la estructura legal, en la economía y en la estabilidad de la nación, los crímenes políticos irresueltos, los extendidos y severos agravios sociales en el agro y en las zonas marginadas, la escasa claridad con la que se arreglaron los conflictos políticos y electorales, los multimillonarios desfalcos y corruptelas que se han comprobado y los que, presumiblemente, faltan por comprobar, el agudo deterioro de la seguridad pública, las dudas en torno a casi todos los procesos de desincorporación del sexenio, el manejo electorero de los recursos públicos, la manipulación de las expectativas públicas por parte de una propaganda que prometía en el corto plazo el ingreso del país al Primer Mundo.

El caso de los bancos y su presunta inexistencia legal son un ejemplo adicional de los gravísimos saldos que dejaron en México seis años de manipulación arbitraria, discrecional y equívoca de las instituciones, y hace deseable y necesario que las autoridades actuales avacen en el deslinde conceptual, doctrinario y hasta judicial con respecto al gobierno que las antecedió.