La Jornada 31 de octubre de 1996

PANOPTICA Carlos Fernández-Vega
Banca: onerosa inexistencia

La denuncia formulada ayer por el jurista Emilio Krieger, y que recoge hoy la primera plana de La Jornada, permite advertir que la ``inexistencia jurídica'' de 10 bancos que todos suponían reprivatizados, ha resultado por demás onerosa --en lo económico y en lo político-- para el país, los miles de clientes saqueados y el gobierno del presidente Zedillo, el que durante casi dos años ha dado la cara para sanear al sistema financiero mexicano.

El Tribunal Federal (el colegiado del Décimo Quinto Circuito) que detectó la ``flagrante violación constitucional'' cometida por el gobierno salinista, pues no expidió a tiempo los decretos que transformarían en sociedades anónimas a las ex sociedades nacionales de crédito, debería pronunciarse también en torno al cobro, por parte de esos 10 bancos, de miles de millones de pesos --esos sí de ``rigurosa existencia''-- a su clientela a lo largo de los últimos tres años y medio.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una vez consolidada la ``reprivatización'', ocho de las diez instituciones de crédito involucradas en la denuncia del jurista Krieger cobraron intereses a sus créditohabientes por un total de 343 mil 414.3 millones de pesos.

Se hace referencia solamente a ocho de los 10 bancos ``inexistentes'' en términos jurídicos, ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no incluye en sus informaciones los reportes --cuando menos hasta junio de este año-- financieros de Inverlat y Unión por las irregularidades administrativas y/o judiciales que presentaban dichas instituciones crediticias. Los bancos ``fantasma'' representan el 90 por ciento de la actividad del sistema.

Una proporción mayoritaria de los casi 200 mil millones de pesos que el gobierno federal ha destinado --desde el estallido de la crisis-- al rescate del sistema financiero han beneficiado a estos 10 bancos que ahora jurídicamente ``no existen'' y, también, buena parte de los 90 mil bienes inmuebles embargados a los clientes morosos han pasado a las contabilidades de esos ``fantasmas financieros''.

El gobierno del ex presidente Salinas de Gortari, y en especial su secretario de Hacienda, el actual presidente del consejo de administración de la Casa de Bolsa Véctor, Pedro Aspe, ``olvidó'' emitir a tiempo los decretos respectivos que deberían avalar la reprivatización de Banamex, Bancomer, Serfin, Atlántico, Internacional (hoy Bital), Somex (hoy Mexicano y en manos españolas), Comermex (hoy Inverlat y bajo control canadiense), BCH (hoy Unión), Bancrecer y Confía.

En los últimos tres años y medio, Banamex --cuyos accionistas ``inexistentes'' mayoritarios son Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú, ha cobrado intereses por un total de 87 mil 880.3 millones de pesos, aunque en el mismo periodo sólo otorgó créditos por un monto de 53 mil 23.1 millones.

Esa cantidad de intereses cobrados sólo es superada por Bancomer, que encabeza el industrial regiomontano Eugenio Garza Lagüera, que en el mismo lapso ingresó a su cartera 90 mil 905.9 millones de pesos por réditos pagados por sus créditohabientes. En esos tres años y medio esta institución otorgó empréstitos por un total de 50 mil 111.3 millones.

Serfin, que encabeza el industrial Adrián Sada --también de Monterrey-- cobró intereses por 64 mil 80.6 millones de pesos y otorgó financiamientos por 40 mil 910.3 millones

Atlántico, adquirido por el Grupo Bursátil Mexicano, cobró intereses por un total de 17 mil 491.37 millones y concedió créditos por 11 mil 33.35 millones.

Bital, que encabeza el futuro presidente de la Asociación de Banqueros de México, Antonio del Valle Ruiz, cobró 21 mil 21.2 millones y otorgó 19 mil 423.9 millones, mientras el otrora Banco Mexicano Somex ingresó a sus arcas 26 mil 838.9 millones por intereses y prestó 15 mil 100 millones.

Bancrecer y Confia cobraron intereses por 18 mil 397.44 y 16 mil 798.7 millones, respectivamente, y otorgaron financiamientos por 18 mil 451.12 y 10 mil 690.7 millones, en cada caso.

Con la resolución judicial del Tribunal Federal que se cita líneas arriba, ¿se recuperarán los intereses extraordinarios cubiertos por los deudores; la nación recuperará los 200 mil millones concedidos en apoyos a la banca?

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