La Jornada 31 de octubre de 1996

León Bendesky
Deudas y leyes

La disputa entre los deudores y los bancos está entrando a una segunda etapa y se ubica ahora en el terreno legal. Originalmente los créditos se establecieron a partir de una relación financiera dentro de la cual se intentó mantener el conflicto una vez estallada la crisis del endeudamiento. Así, los diversos programas de apoyo a los deudores de la banca que se han establecido en los dos años de este gobierno han buscado mecanismos que retengan a los deudores dentro de un esquema de pagos renegociados. Los bancos buscan de tal forma reducir la proporción de su cartera vencida y restablecer su salud financiera, aunque siempre ha habido amenazas de acción legal contra los deudores que no cumplan con los compromisos originales o con las restructuraciones.

Claro está que el gobierno ha sido un participante muy activo en este proceso ya que mediante el Fobaproa ha adquirido parte sustancial de la cartera vencida, trasladando de esa forma el costo de la crisis a toda la sociedad por un periodo indefinido de tiempo.

Tanto el gobierno como los bancos sabían muy bien que la única manera de evitar el riesgo de una crisis bancaria era mediante la recuperación del crecimiento económico y la reducción de las tasas de interés. Desde que se propuso el mecanismo de redenominación de las deudas en Udi esa ha sido la premisa del manejo de la crisis. Sin embargo, esas condiciones no se han logrado, ni el ingreso de las familias y las empresas se recupera, ni logran abatirse las altas tasas de interés.

La reacción de los deudores ante la impotencia de la política económica de mejorar su situación y la voracidad de los banqueros --cuya ineficiencia mantiene altos márgenes de intermediación en sus operaciones-- ha sido la de enfrentarlos por medios legales. Son cada vez más las demandas en los tribunales y las peticiones de amparo. Al parecer existe en muchos casos un marco legal para proteger a los deudores, tal y como muestran algunas decisiones de los tribunales, y ha empezado así la batalla legal que será difícil en cuanto a su gestión y complicada por sus consecuencias políticas.

En este campo legal las sorpresas acerca del funcionamiento del sistema bancario mexicano surgen de donde menos se espera. El manejo administrativo y político de la privatización de los bancos durante el sexenio anterior tiene evidentes problemas económicos, pero tiene defectos legales que son dignos de un anecdotario de la crisis del país.

El abogado Emilio Krieger dejó saber que los decretos que el Poder Ejecutivo debió emitir para cada uno de los bancos para convertirse de Sociedades Nacionales de Crédito en Sociedades Anónimas no fueron otorgados a la mayoría de las instituciones en los tiempos que prevé la ley. El asunto no es únicamente cuestión de error de trámite sino que puede tener consecuencias graves en cuanto a la definición de las relaciones entre los clientes (depositantes y deudores) y los bancos. Los deudores pueden argumentar la inexistencia de sus compromisos y los bancos podrían desconocer los depósitos que mantienen. Estas posibilidades indican solamente la magnitud del conflicto institucional creado en el país.

Este nuevo capítulo de la crisis pone de manifiesto la manera en que se ejerció el poder en el pasado gobierno, con una distancia grande de la sociedad e incluso de las leyes. No sólo hizo el gobierno un pésimo negocio con la privatización de los bancos, sino que concentró de manera brutal el poder y la riqueza, y la gestión económica realizada en aras de hacer de este país algo que no es, provocó la crisis más profunda de la economía y el riesgo de una confrontación social de escala imprevisible.

Este es parte del legado del proyecto modernizador de Salinas y de los responsables de echarlo para adelante. Ahora la sociedad parece encontrar una veta para defenderse donde antes no buscara o no encontraba alternativas: en la ley. Este puede ser un cambio de gran relevancia en la vida de México que pretende ser un país de leyes, de equilibrio real entre los poderes y de oportunidades de mejorar las condiciones de vida pronto y no en un futuro incierto.