No criticamos la privatización de infraestructuras, servicios esenciales y ámbitos públicos en el Distrito Federal porque añoremos el pasado; su control por el capital privado es aún más antiguo y fueron sus contradicciones insolubles las que llevaron a los Estados europeos en el siglo XIX y en este a los latinoamericanos --incluido el mexicano--, a estatizarlos. Lo hacemos porque agudiza los procesos de exclusión social de las mayorías, es contraria a los derechos ciudadanos, es inoperante aun en el capitalismo más exacerbado y no garantiza el ``libre'' mercado en el sector.

La privatización excluye a la mayoría de la población de estos bienes y servicios, porque encarece sus precios y tarifas al sumar las ganancias empresariales a los costos reales y eliminar toda forma de subsidio público; lleva a una selección de los territorios y sectores sociales atendidos en función de la rentabilidad que pueden dar al capital privado y no de la necesidad efectiva; y diferencia cualitativamente los servicios prestados en función del diferencial de ingresos entre los distintos grupos sociales.

La privatización lesiona los derechos ciudadanos, porque todos pagamos impuestos que nos dan derecho a una retribución por parte del Estado al que sostenemos económicamente, por la fuerza; esta retribución, la única que interesa a la mayoría, eran los bienes y servicios que prestaba el Estado y los subsidios que contenían sus tarifas. Para la mayoría, la privatización impone un doble pago por ellos, en el impuesto y en la tarifa. Fue toda la sociedad la que pagó la construcción de los espacios públicos y la infraestructura que hoy se entregan, en venta de garage, a las empresas privadas. Algunas de estas actividades las asumió el Estado como conquista social y derecho ciudadano; ahora es negada a sus derechohabientes sin ninguna consulta democrática.

La privatización no conduce al ``libre'' mercado (si es que alguna vez existió), porque muchas infraestructuras y servicios (electricidad, agua, drenaje, metro, vialidad, etcétera) son monopolios naturales donde es imposible la multiplicidad de oferentes y su libre competencia. ¿Podrían existir dos o más acueductos, drenajes profundos o redes eléctricas pasando por nuestra calle y ofertando diferentes servicios en calidad y precio? No. En este campo, cualquier fórmula como la ``concesión por tramos'' disfraza la concentración monopólica, antidemocrática y excluyente, que se impone a la economía mexicana desde el poder político.

La privatización es inoperante, porque muchos servicios e infraestructuras son poco rentables al capital privado por su alto costo de inversión, su dificultad para elevar sin límites las tarifas dados los efectos que tendría sobre la reducción de la demanda, y la conflictividad social y política que generaría el corte del servicio por falta de pago del usuario. La diferenciación técnica, la fragmentación empresarial o la operación del cobro (vías urbanas de cuota), generan además graves problemas a la estructura urbana. ¡Por eso, ICA trata de vender nuevamente sus autopistas de cuota a gobiernos estatales! La privatización eleva los costos de producción en toda la economía, es inflacionaria, ya que los más beneficiados por los subsidios estatales eran los empresarios privados; además distrae recursos que deberían ir a otros campos de la acumulación, por lo que es contraria al desarrollo capitalista mismo.

La justificación para privatizar, fundada en la baja eficiencia y rentabilidad, es falsa en muchos casos en México y la capital. Una empresa pública no tiene que ser rentable pues opera con recursos sociales que no exigen ganancias ni se materializan en derecho de propiedad. La ineficiencia y baja rentabilidad se explican sobre todo por la incapacidad de la burocracia administrativa, su enorme corrupción y los privilegios concedidos a la burocracia sindical corporativizada para mantener el control de los trabajadores. Las empresas de servicios públicos pueden ser rentables y eficientes, aun en términos empresariales; pero su eficiencia y rentabilidad sólo se debe medir en términos sociales y colectivos.