Cuando se hace el recuento de las diversas modalidades de violencia que afectan de manera creciente a nuestra sociedad -la delincuencia tradicional, el accionar de las mafias del narcotráfico, los actos de violencia política, represiva o subversiva- suele omitirse la de los ataques, lesiones, agresiones sexuales e incluso homicidios que se cometen en el ámbito de la familia. Esta frecuente omisión es, en sí, reveladora de una generalizada mentalidad que aún no es capaz de entender y asumir cabalmente que una agresión física en la que la víctima y el victimario están unidos por lazos familiares -cónyuges, padres e hijos, parientes en cualquier grado- es un acto delictivo.

No es fácil admitir, por otra parte, el hecho amargo de que los ámbitos del hogar, de la familia, de los vecinos, amigos y conocidos, que suelen evocar de manera inmediata la idea de seguridad y de refugio, pueden resultar contextos más peligrosos que las calles nocturnas, y que los agresores de sus propios familiares tienen, por ese mismo nexo, amplias posibilidades de conseguir la impunidad.

La violencia intrafamiliar resulta especialmente odiosa en la medida en que el agresor suele valerse de vínculos de parentesco y de afecto para cometer un delito, pero también porque se ejerce fundamentalmente como una relación de poder, en la que las víctimas habituales son las mujeres y los menores, colocados en situación de indefensión por la histórica opresión y marginación que padecen las primeras y por la obvia desventaja física y psíquica de los segundos.

El primer paso ante esta realidad dolorosa e indignante debe ser, necesariamente, exponerla públicamente en toda su magnitud, cuantificarla, entender sus causas profundas y las circunstancias propiciatorias en las que ocurre, a fin de encontrar las medidas conducentes a erradicarla. En esta perspectiva debe entenderse la importancia de expresiones como las formuladas ayer por el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, al inaugurar el Encuentro Continental sobre Violencia Intrafamiliar, así como las declaraciones de Laura Salinas, coordinadora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Programa de la Mujer, el Niño y la Familia.

Las cifras de violencia intrafamiliar mencionadas por el titular de Gobernación hablan de la extensión y la dimensión del problema en México y en el mundo, y obligan a pensar que las soluciones a un fenómeno tan complejo requieren necesariamente del concurso y la participación de todos los sectores de la sociedad -gobierno, Poder Judicial, organizaciones civiles y políticas, iglesias, profesores, investigadores y científicos sociales, ciudadanía en general- y de medidas en los más diversos ámbitos: en el legal, ciertamente, pero también en el educativo, en el de política social, en el de salud y en el informativo.

En términos más específicos, la funcionaria de la CNDH señala la necesidad de acciones concretas en la superación de vacíos legales y en la adopción de una actitud más atenta y comprometida por parte de las instituciones oficiales -especialmente de las encargadas de procurar e impartir justicia- a fin de garantizar y dar seguimiento al cumplimiento de los preceptos constitucionales que otorgan el derecho de una vida libre de violencia a todos los habitantes del país.