Tienen derecho colonos a colocar protecciones mientras no se les garantice la seguridad pública: Salvador Abascal
Alonso Urrutia Mientras el gobierno capitalino no tenga la capacidad para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, no elimine la violencia existente en esta metrópoli ni ofrezca alternativas a la población, ésta tiene todo el derecho a instalar rejas y dispositivos de seguridad para protegerse, consideró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Salvador Abascal.
Sin embargo, la colocación de este tipo de seguridad privada no genera consenso entre los asambleístas que aprueban o rechazan la propuesta de conciliación que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre algunas colonias de Coyoacán. Para Víctor Orduña, responsable de la Comisión de Procuración de Justicia sencillamente es inadmisible la conformación de colonias amuralladas.
Para el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Pedro Peñaloza, la discusión del tema es un debate muerto, porque la población tiene derecho a buscarse mecanismos de seguridad ante la incapacidad de las corporaciones policiacas, si bien advirtió que esto conlleva problemas legales, pues las empresas privadas están usurpando responsabilidades exclusivas del Estado.
Las posiciones entre los presidentes de las tres comisiones es diversa. Abascal reivindicó el derecho de los colonos a buscar protección. Es claro que por algunas experiencias donde se han colocado y retirado obligadamente los dispositivos de seguridad, éstos inciden directamente en los niveles delictivos.
La Secretaria de Seguridad Pública ha sido incapaz de brindar seguridad a la población. ¿Por qué entonces impedir que la propia población, con sus recursos, se busque seguridad?, se preguntó.
El panista admitió que estas son medidas paliativas, pero que en medio de una situación violenta que vive la ciudad es una medida elemental para garantizarse su seguridad. Abascal reconoció que desde la perspectiva jurídica, el tema es muy discutible.
Sin embargo, para su correligionario Víctor Orduña, la creciente introducción de dispositivos de seguridad en las colonias residenciales de la ciudad ``no es admisible ni siquiera en el contexto de violencia que enfrentamos actualmente, porque bajo esa lógica vamos a terminar en una ciudad amurallada y con graves problemas viales''.
La existencia de estos dispositivos, dijo, evidencia claramente la ineficiencia de las corporaciones policiacas, pero no es una solución concreta la autosegregación que violenta disposiciones legales sobre el libre tránsito. Orduña dijo que esta situación podría ser un hecho constitutivo de delito si se interpreta como la obstaculización de las vías de comunicación.
Consideró que la vigencia e incluso crecimiento que tienen estas medidas revela una falta de autoridad para retirar estos dispositivos ilegales.
Indicó que no es con estos paliativos como debe resolverse el problema de la seguridad, esto implica modificaciones en los operativos de las corporaciones policiacas que garanticen realmente la seguridad, pero no sólo en algunas colonias.
A su vez, Peñaloza dijo que estos dispositivos son muy polémicos pero revelan el miedo que tiene la población frente a la violencia incontrolada que padece la ciudad. es también muestra del fracaso de las políticas de seguridad pública. A la población --agregó-- no se le puede obligar a retirar estas medidas mientras no se le garantice la tranquilidad que representan.
Sin embargo, advirtió que la colocación de rejas tiene un filo de ilegalidad, porque han representado el crecimiento desbordado de las empresas de seguridad privada que sin capacitación han suplido las responsabilidades de corporaciones policiacas.