Tres etapas distintas y en esencia lo mismo: acuerdo entre el gobierno federal, los patrones y los trabajadores para contener los aspectos más negativos del proceso de inflación. En este aspecto, se puede decir que se han alcanzado los objetivos, el problema está en que las metas de crecimiento no alcanzan a compensar lo que se ha perdido en más de 15 años de crisis.

En efecto, los objetivos de la que ahora se llama Alianza para el Crecimiento y antes fue Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) proponen un crecimiento de 4 por ciento en términos reales, así como una reducción en la tasa de inflación de 10 puntos respecto de lo que se espera para el presente año y que será de alrededor de 25 por ciento.

Son objetivos que se pueden alcanzar con la disciplina en el ejercicio fiscal y otro año de sacrificio de los trabajadores -que recibirán un aumento de 17 por ciento en los salarios, pues los mínimos son el indicador para las revisiones contractuales-, pero a cambio tendrán que afrontar aumentos en prácticamente todos los productos y servicios que proporciona el gobierno, los cuales son a su vez el punto de partida para el cálculo de los precios de los bienes y servicios proporcionados por las empresas particulares.

Se trata, pues, de la misma receta que se ha puesto en práctica desde que a finales del gobierno del ex presidente Miguel de la Madrid se aplicó el primer plan de choque. Lo que ha variado es la gravedad de los síntomas. A principios de los años 80 la inflación era superior a los 100 puntos anuales y había escasez de productos básicos. Ahora la tasa inflacionaria se ha reducido a 25 puntos y, aunque no hay abundancia, tampoco desabasto, aunque en buena medida esto se debe a la reducción de la demanda por la menor capacidad de compra de la clase trabajadora.

Como no hay indicios de que se vaya a aplicar una medicina diferente, lo único que resta es esperar que el tratamiento ya no sea muy prolongado.

La cosecha

Entre los ajustes que se hicieron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI después de su XVII Asamblea Nacional, uno de los nombramientos que menos comentarios produjo fue el del diputado jalisciense Ismael Orozco Loreto como coordinador en los cuatro estados en donde el gobierno está en poder del PAN, es decir, su entidad natal, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Tal vez el silencio se deba precisamente a que en esos estados el tricolor está fuera del poder o porque desde antes de la asamblea ya Orozco Loreto desempeñaba funciones semejantes... En donde hubo mayores reacciones fue precisamente en las filas del PAN, pues algunos de sus miembros suponen que esa coordinación regional marca el inicio de una acción coordinada del PRI por recuperar los espacios perdidos. Otros panistas lo toman más a la ligera y dicen que después de los comicios federales de 1997 el tricolor tendrán que hacer varias coordinaciones porque perderá amplios espacios... Uno de los gobernadores panistas que han reaccionado con mayor fuerza es el chihuahuense Francisco Barrio, quien enterado de la agresiva campaña publicitaria priísta -respondida en el mismo tono por el PAN- sostuvo que hay toda una acción coordinada para desprestigiar a los gobiernos panistas... La respuesta la tuvo del presidente del PRI en el estado, el diputado federal Oscar Villalobos Chávez, quien dijo que los gobiernos panistas ``se desprestigian solos con su actuación'' y recordó, por ejemplo, la gran resistencia que ha creado el programa Jalemos Parejo, de Barrio.