Rechaza el subdelegado jurídico que haya privatización de calles El problema es complejo; se busca la conciliación, expresó

Ricardo Olayo El cierre de calles en Coyoacán no es un problema nuevo, en algunos casos data de hace 16 años, y por la complejidad de la inseguridad pública no es fácil quitar los obstáculos de la vía pública que son pagados por el 90 por ciento de la población, indicó el subdelegado jurídico y de gobierno de esa demarcación, Salomón Rosas Ramírez.

Hay ``alrededor de 20 colonias'' en las que hay rejas, y seis o siete con mayores diferencias entre vecinos con quienes se busca convencer a los ciudadanos de instalar alarmas vecinales, integrar subcomités de seguridad pública por colonia, e intensificar la vigilancia en forma institucional, afirmó.

``Vivimos un fuerte problema de seguridad pública, y es obligación de la autoridad pública atender los dos puntos de vista, e incrementar las medidas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública'', dijo en entrevista.

El funcionario rechazó que haya privatización de calles y subrayó que en la demarcación existe población de diferente estrato económico, por lo que debe privilegiarse el diálogo.

Dijo que el reto es canalizar toda la fuerza social que ya se generó para poner rejas, en medidas de seguridad pública que sean apoyadas por vecinos.

Del escrito de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en que pide su retiro en las colonias Fraccionamiento Jardines de Coyoacán, Villa Quietud, Romero de Terreros y Ejidos de San Francisco Culhuacán, afirmó que se le ha dado respuesta.

``Tal vez no en el nivel satisfactorio que se desea por la complejidad del problema'', señaló, pero expresó su confianza en que se logrará un acuerdo con los vecinos.

Como delegación, ``no estamos en la idea de autorizar que se pongan más rejas, tenemos que avanzar con las que ya están y entender que la gente pone rejas porque se siente más seguros''. Sin embargo, las cifras de la PGJDF indican que el cierre de calles no resuelve el problema. Se ha platicado con las partes y se tratará de acercar las posiciones irreconciliables.

El subdelegado indicó que 90 por ciento de los vecinos está de acuerdo con la colocación de enrejados y con pagar ese servicio, pero dijo que se debe respetar el marco de derecho y eso implica cumplir con las propuestas de conciliación que ha planteado la CDHDF.

Subrayó que en ningún momento la delegación ha autorizado el cierre de calles y contó que diciembre pasado fueron retirados obstáculos de 17 de ellas en colonias como Romero de Terreros, que han estado cerradas desde hace más de 10 años