Hace casi tres meses que el Congreso aprobó las reformas constitucionales que ponen las bases para un nuevo sistema electoral mexicano. Se trató de una reforma histórica por radical y también por la unanimidad con que fue votada. Pero los cambios constitucionales necesitan para poder aplicarse de una vasta reforma a las leyes secundarias y del nombramiento de los nuevos funcionarios que integrarán el Instituto Federal Electoral y los Tribunales Electorales enteramente renovados. Todo esto tendrá que realizarse antes del 31 de octubre de 1996 porque así l o dispone la propia Constitución en uno de sus artículos transitorios y porque al día siguiente (1o. de noviembre) comienza legalmente la fase de preparación del proceso electoral de 1997. La demora para completar este proceso y sus contradicciones dan un reflejo de las características de la transición política que está viviendo el país.

Dentro del angustioso plazo constitucional que el Congreso se impuso a sí mismo se deberán reformar: el Código Federal Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, al Estatuto General del Gobierno del Distrito Federal, al Código Penal y deberá crearse una nueva Ley de Impugnaciones en Materia Electoral. A más tardar el 31 de octubre también deberán estar nombrados: el nuevo presidente del IFE, los 8 consejeros electorales y su secretario ejecutivo, los magistrados de la Sala Superior y de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Del nombramiento de todos estos funcionarios depende la designación en cascada de los 2000 funcionarios que conforman la burocracia responsable de las elecciones legislativas de 1997.

Son de esperarse resistencias importantes por lo que toca a la reforma legislativa, pero quizás sean mucho mayores para alcanzar el consenso en los nombramientos. En contra de lo que se ha dicho últimamente, los nombramientos no podrán hacerse antes de que se aprueben las leyes. Los cargos de consejeros electorales, de secretario ejecutivo y de magistrados electorales integrados al Poder Judicial Federal son enteramente nuevos. Sus funciones, facultades, responsabilidades e impedimentos no están reglamentados, como es lógico, por la ley actual. Hacer los nombramientos antes de reformar la ley secundaria sería contrario, no sólo a la ley, sino al espíritu de la Constitución y al sentido común.

Legislar, negociar y decidir en la víspera, bajo el pánico del final de un término, es una costumbre tan mexicana como la degustación de la comida picante. En el tema electoral resulta peligroso. Las consultas interpartidarias que van a dar lugar a los consensos han sido prácticamente secretas. Sólo han trascendido indicios contradictorios acerca de avances y discrepancias entre el PRI y el gobierno con la oposición panista y perredista en temas tan importantes como el financiamiento de los partidos políticos, coaliciones, convergencias y algunos otros más. Frente a este procedimiento opaco la opinión pública ha respondido con indiferencia. La reforma parece un hecho irrelevante, no la hazaña pública y colectiva que puede constituir.

En los cuatro días que faltan para que se venza el plazo pueden suceder cualquiera de dos cosas lamentables:

a) Que los actores políticos nos den la sorpresa de que finalmente se pongan de acuerdo y aprueben, sin un debate público y al vapor, seis leyes de extraordinaria complejidad y que con angustiada rapidez nombren presidente del IFE, consejeros, magistrados y demás funcionarios electorales. En tal caso, no es difícil imaginar las inexactitudes, errores y contradicciones legislativas en las que pueden incurrir por la premura.

b) También puede suceder que los partidos no se pongan de acuerdo y no haya ni leyes ni nombramientos el 31 de octubre. En otros países esto provocaría una crisis constitucional. Los responsables se harían acreedores a un juicio político por incumplir lo mandado en la Constitución. Pero en México probablemente no suceda nada. Muchas veces los preceptos constitucionales han permanecido ignorados, a veces hasta por décadas. En general el orden constitucional ha estado sometido a los intereses políticos y a la razón de Estado. Quizás la reforma espere hasta que pasen los procesos electorales del estado de México, Hidalgo o Coahuila del próximo 10 de noviembre. La oposición puede considerar la limpieza de esos comicios como una prueba; no lo sabemos. Si para el día en que se publique este artículo no está aprobada la reforma, es muy probable que tengamos que esperar hasta mediados de noviembre. Quizás el día 20, que sería una bonita fecha maderista. Más allá de ese punto, sería escandalosa la demora.

En el siglo pasado Benito Juárez dijo con razón que en el fondo a nadie se le puede obligar a obedecer la ley. Quizás menos que a nadie, a los responsables de generarla y de cumplirla.