No abandonará el EPR la vía armada

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 26 de octubre El Ejército Popular Revolucionario (EPR) no abandonará la vía de las armas mientras persistan las causas que dieron origen al conflicto, plantean la Comandancia General de esa organización y el Partido Democrático Popular Revolucionario. Acerca de las recientes elecciones en Guerero, afirman que el pueblo ``ganó espacios políticos'', y que el accionar militar del grupo armado ``ha modificado la correlación de fuerzas, lo cual se vio expresado en los resultados electorales''.

El EPR informa que, después de la tregua unilateral que decretó en Guerrero ``para permitir al pueblo participar en el proceso'' electoral, ``continuará impulsando la autodefensa armada'' como respuesta a los ``profundos agravios sociales'', y sostiene que ``no negociará'' con el gobierno, ``con aquellos por cuya voz habla la muerte, el engaño y la represión''.

Mediante la difusión de tres comunicados del PDPR y el EPR, el grupo armado despejó hoy las interrogantes acerca de cuál sería su actitud al concluir la tregua, a partir de mañana, ante los llamados al diálogo del gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, y la petición del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, de prorrogar la tregua y crear condiciones para el diálogo con el gobierno, a fin de evitar la reanudación de las acciones armadas.

En los tres comunicados, el EPR no se refiere directamente a estos llamados ni reconsidera la decisión que dio a conocer el 25 de septiembre, cuando manifestó que, ``Por órdenes del Comité Central de nuestro partido y de la Comandancia General de nuestro Ejército, se declara una suspensión temporal de nuestro accionar militar, de las 00:00 horas del 25 de septiembre a las 20:30 horas del 27 de octubre de 1996''.

Solamente responde a ``varios intelectuales'', que el 9 de octubre, en un desplegado publicado en La Jornada, dirigido a los participantes en las pláticas de paz en Chiapas, al gobierno, a los partidos políticos, a la sociedad y al EPR, llamaron a este último ``a abandonar la vía de las armas''.

Ante esta petición, en un ``comunicado revolucionario'', con fecha 10 de octubre, el EPR plantea que ``las condiciones de injusticia y opresión no solamente explican, sino que también justifican y legitiman la existencia de la lucha armada revolucionaria''. Dice que ``hacer inútil esa vía debe ser responsabilidad de todos'', y considera que ``mientras persistan las causas que dieron origen al conflicto armado interno, y que se expresan en la ruptura del Estado de derecho, en la violencia social e institucional, en la opresión y represión política, no existen condiciones que hagan innecesario el recurso de las armas''.

En un documento bajo el título Consideraciones políticas, con fecha 23 de octubre, los comandantes Antonio y Hermenegildo, del PDPR y el EPR, se refieren a las elecciones en Guerrero y ratifican la posición de que ``la lucha electoral no se contrapone con la lucha armada revolucionaria, sino que contribuye a su fortalecimiento, a posibilitar al pueblo la conquista de espacios políticos que le permiten desarrollar mejor la defensa de sus intereses''.

Agrega que el EPR yel PDPR, ``pese a la ausencia de un régimen de derecho que garantice verdaderamente el respeto a la voluntad popular, no están contra el proceso electoral, en tanto esta forma de lucha puede constituir un medio para la organización política del pueblo''. Recuerda que por eso decretó la tregua unilaterial.

Aunque afirma que en las elecciones se ganaron espacios políticos, pues se reconoció el triunfo de candidatos opositores en 23 municipios y en tres distritos electorales, rechaza las declaraciones que dicen que ``la jornada electoral fue un ejemplo de ejercicio de democracia'', y que fueron ``una muestra de que el pueblo está mayoritariamente por la paz, contra la violencia y la guerra, y en apoyo al gobierno''.

El EPR sostiene que ``las elecciones no fueron un referéndum para decidir si el pueblo quiere o no la guerra o la paz''. Además, destaca que en los comicios ``prevaleció la abstención política, la cual sigue reflejando la desconfianza popular ante procesos electorales controlados y manipulados por el gobierno. Subraya que de la mayor parte de la población que votó, lo hizo contra el gobierno y el partido oficial.

Afirma que en las elecciones ``nuevamente se manifestaron, tanto la imposición -utilizando la represión- y la militarización, como el engaño y la manipulación, aprovechando la pobreza en que se encuentra la mayoría de la población''.

Se refiere a los asesinatos de luchadores sociales, antes, durante y después del proceso electoral, que ``ponen de manifiesto el virtual Estado de excepción existente en el estado de Guerrero'', y agrega que la desmilitarización durante el proceso electoral ``no fue real, sino tan sólo un manejo político gubernamental''.

Acerca de la influencia del EPR en las elecciones, dice que su presencia en las montañas y ciudades ``impidió que el Estado ejecutara sus maniobras al mismo nivel que en otras ocasiones'', pues la posibilidad de que la lucha poselectoral contra el fraude se radicalizara ``llevó al gobierno a reconocer la mayoría de las victorias de los partidos democráticos''.

Señala que los candidatos populares que ganaron ``se encuentran ante el deber de hacer realidad el ejercicio del municipio libre, exigiendo a la federación apoyo y respeto para su gestión y para sus representados''.

También con fecha 23 de octubre, el EPR y el PDPR difundieron hoy un ``manifiesto al pueblo de Guerrero'', en el que llaman ``al pueblo a incorporarse a la lucha decidida'', con una lista de demandas en 21 puntos, entre los que destacan la desaparición de poderes en el estado, un plebiscito para la elección de un nuevo gobierno estatal, respeto a las libertades de manifestación, expresión y reunión, y castigo al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, así como a los implicados en la tortura, asesinatos y la represión.

También demandan la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos, alto a la militarización, y desaparición de los cuerpos policiacos anticonstitucionales.

En ese documento, los comandantes Antonio y Hermenegildo analizan la historia, el aspecto económico, social y político de ``la segunda entidad más pobre del país'', en la que el 30 por ciento de los mayores de15 años no tienen instrucción escolar, el 75 por ciento de los niños no come carne y el 50 por ciento nunca toma leche. Afirman que ``la cantidad de soldados que se encuentran en el estado de Guerrero aumenta constantemente, llegando a ser 30 mil actualmente''.

Señalan que en Guerrero el poder se ejerce de acuerdo a las normas de los caciques como los Figueroa, los Añorve, los Aguirre, los Galeana, que para mantener el control recurren a todos los medios incluido el asesinato.

Sostienen que en Guerrero continúa la ``guerra sucia'', de la que es parte la desaparición por motivos políticos del campesino Gilberto Romero Vázquez, en Atoyac, y del profesor Gregorio Alfonso Alvarado, en Chilpancingo.

Sobre la militarización, señalan que ``bajo la cubierta de lucha conra el narcotráfico se ha intensificado sobre todo a partir de que el pueblo ha avizorado en la lucha armada una de las formas de democratizar la sociedad''.