Serra, consultor.

Negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC), artífice del error de diciembre que aún mantiene al país y al peso en la pendiente, y amigo del presidente Ernesto Zedillo, Jaime Serra Puche ya promueve su despacho.

No es una oficina ordinaria. No lo es por los antecedentes del ex secretario de Comercio y Fomento Industrial ni por el perfil de cada uno de los directivos de Serra y Asociados Internacional (SAI).

El gran impulso que recibe esta firma, asentada en el edificio Plaza Reforma, en Prolongación Paseo de la Reforma 600-103, en Peña Blanca, Santa Fe, permite encontrarle al menos dos lecturas inmediatas:

1. De momento no está en perspectiva la reincorporación de Jaime Serra Puche al gobierno del presidente Zedillo, quien muy a su pesar aceptó la renuncia de su primer secretario de Hacienda y Crédito Público en diciembre de 1994.

2. Un importante equipo del sexenio pasado, importante cuando los sueños salinistas hablaban sin base de un país hacia el primer mundo, capitaliza ahora la capacitación y las relaciones que consiguieron cuando vivían de los impuestos.

El gobierno, potencial cliente para arbitraje

SAI se presenta como ``empresa mexicana que presta servicios de asesoría en derecho y economía''. Rubros que, dice la folletería, deben cuidarse porque ``el diseño y la aplicación de decisiones económicas requiere de un cuidadoso análisis jurídico''.

Pero también ``el análisis debe complementarse con el estudio del contexto económico en que operan las reglas del derecho''. De este enfoque interdisciplinario se parte para ofrecer una gama de servicios a clientes públicos y privados.

La atención se refiere a comercio exterior e inversión extranjera, alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones, competencia, análisis económico (agregado y sectorial), evaluación de proyectos y arbitraje.

Por supuesto que a los empresarios les resulta necesaria esta oferta. Esto y más: ``La sinergia entre análisis jurídico y análisis económico también permite a SAI ofrecer servicios a gobiernos en materia de regulación y negociaciones comerciales''.

El servicio a empresas es muy amplio. Va desde acceso a mercados hasta protección de derechos de propiedad intelectual, desde prácticas desleales hasta solución de controversias, desde compras de gobierno hasta protección de inversiones, ``incluyendo arbitraje inversionista-Estado''.

Más adelante se explica que la globalización económica y la competitividad exigen ``cambios de conducción de los negocios'', por lo que la empresa de Serra y asociados puede ser útil en alianzas, fusiones y ``la privatización de activos públicos''.

Serra y su equipo promovieron en 1992 la expedición de la Ley Federal de Competencia Económica y el establecimiento de la Comisión Federal de Competencia, que dan un nuevo marco regulatorio a las empresas mexicanas.

Por tanto, ¿quién mejor que ellos para aconsejar ``medidas preventivas y el cumplimiento de dicha ley'', presentar denuncias ante la Comisión y asesorar en ``la aplicación de las disposiciones del TLC en materia de competencia económica?''

Un archivo que posee todo, acaso más que el gobierno

Sigue la oferta: ``En México, las empresas pueden obtener información macroeconómica de diversas fuentes, incluyendo a SAI. Sin embargo, no sucede lo mismo con la información sectorial requerida para tomar decisiones de negocios.

``SAI ha desarrollado un banco de datos sectoriales con un alto grado de desagregación. El banco de datos es congruente con los criterios internacionales para la clasificación de la actividad industrial (verbigracia el sistema armonizado) e incluye información de 129 sectores industriales y más de 950 productos''.

En este aspecto se ayuda para fijar volúmenes de producción, precios y costos, consumo nacional aparente, penetración de importaciones y orientación exportadora. ``Por otra parte, SAI tiene experiencia en la aplicación de métodos cuantitativos para la evaluación de proyectos y planes de negocios''.

Del arbitraje, uno de los esquemas de solución de conflictos que Serra acordó durante el salinato, SAI sabe mucho. Sus socios ``se desempeñan como abogados de parte o como árbitros en procedimientos arbitrales nacionales e internacionales''.

Los particulares pueden acudir al equipo de este ex secretario de Comercio y Fomento Industrial para diseñar ``sistemas e instituciones para la resolución arbitral de controversias'', redactar cláusulas arbitrales e inclusive seleccionar árbitros.

Los gobiernos, el de México incluido, pueden ser suscriptores de SAI para auditorías regulatorias, medidas correctivas, promover la asignación eficiente de recursos y diseñar reglas que corrijan fallas del mercado en sectores específicos.

Verbigracia, precisa la publicidad de SAI acaso en referencia a México y sus necesidades, ``telecomunicaciones, transportes, energía''.

Las negociaciones comerciales internacionales es otro aspecto relevante. ``SAI asesora a gobiernos que participan en este proceso'' para definir sus objetivos y estrategias de negociación, redactar y revisar textos, implementar un derecho interno del acuerdo final, cuidar su interpretación y aplicación y la solución de controversias.

Por todo esto, pareciera que Serra Puche y socios aún se desempeñan como funcionarios con poderes plenos de una administración, hoy de malos recuerdos, que apostó a un proyecto de país derrumbado con el error de diciembre, cuando dicho personaje dirigía las finanzas nacionales.

Firma de negociadores del Tratado de Libre Comercio

En la presentación de los socios se subraya que es ``un grupo calificado de economistas y abogados. En todas sus actividades, SAI se conduce conforme a las más estrictas reglas de ética profesional''.

De esta ética se da cuenta adelante, cuando a los nombres siguen los currícula de esta gente, toda ella inmersa en las negociaciones que se celebraron durante el salinato con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para la firma del TLC.

A la cabeza aparece, obvio, Serra. Se destaca que como secretario de Comercio ``promovió la conclusión de la Ronda Uruguay'', la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y tratados de libre comercio con otras naciones.

De sus últimos actos en el gobierno, que precedieron y sucedieron al error de diciembre, poco se dice: ``...fue subsecretario de Ingresos (1986-88) y secretario de Hacienda y Crédito Público (1994)''. Nada más.

En segundo lugar aparece Guillermo Aguilar Alvarez: ``...fue el abogado general del gobierno de México para la negociación del TLC. Como tal, encabezó la revisión legal del texto final y los trabajos para su implementación jurídica en México...''

El tercer mencionado, J. Enrique Espinosa, ``tuvo a su cargo la negociación de textiles y vestido, salvaguardas, normas y prácticas comerciales (dumping y subsidios) en el TLC y supervisó las negociaciones de acceso a mercados para los sectores siderúrgico y del calzado (1990-92)''.

De Pedro Noyola, el cuarto en el organigrama: ``...fue subsecretario de Comercio Exterior de México de 1990 a 1994, periodo durante el cual participó en diversas negociaciones comerciales internacionales de México, así como en la preparación de las iniciativas de las nuevas leyes de comercio exterior y de inversión extranjera''.

El último en mencionarse es Luis Alberto Aziz, quien ``fue abogado general adjunto durante las negociaciones del TLC, participando en la negociación de los capítulos de propiedad intelectual y solución de controversias...''

Organismo gubernamental para el Hipódromo de las Américas

El fin de semana quedaron sentadas las bases para que, entre mañana y el miércoles, el gobierno anuncie que el Hipódromo de las Américas será reabierto y que lo manejará un organismo con la participación de varias dependencias.

La decisión fue tomada en las mayores instancias, que incluyen al presidente Zedillo y al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y aceptada en días pasados por otros interesados: trabajadores, caballistas, técnicos, sindicato...

Todos están de acuerdo en que no se regrese la concesión a Justo Fernández, quien la detentó desde 1968. Primero se la dio Gustavo Díaz Ordaz y, en 1992, a instancias de Raúl Salinas de Gortari, se la renovó por 25 años el gobierno salinista.

En agosto se le encontraron muchas anomalías, pese a que la Secretaría de Gobernación (SG) tenía una terminal de computadora desde la que vigilaba las apuestas, su pago oportuno, la no evasión de impuestos y la operación normal.

Según los cálculos oficiales, don Justo dejó de pagar 8 millones de pesos, correspondientes al 2 por ciento de apuestas. Al momento de la clausura, el viernes 30 de agosto, éstas andaban en 400 millones de pesos.

Las auditorías revelaron evasión de impuestos y retraso indebido del 15 por ciento que don Justo retenía a los ganadores y que por ley debe dedicarse la asistencia social, como sucede con los premios de la Lotería Nacional.

Criadores de ganado y dirigentes de trabajadores informaron que todo está listo para reabrir el hipódromo, que el gobierno pretende conservarlo como símbolo de la ciudad y como pulmón de la zona noroeste de la ciudad de México.

El esquema está trazado desde Gobernación: se creará un organismo de administración en el que participarán representantes de Chuayffet, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Departamento del Distrito Federal (DDF) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ese organismo -prevalece la idea de un fideicomiso- durará en funciones algún tiempo y cuidará que se cumplan los objetivos de criar caballos, impulsar ese deporte y que las 50 hectáreas arboladas no sufran deterioro. Después, al tiempo, se pensará en la licitación.

La cosecha

Mayor de edad, pero don Girolamo Prigione sigue muy activo. Artífice de tres viajes de Juan Pablo II a México, de la reforma al 130 constitucional y de la reanudación de relaciones diplomáticas con El Vaticano, Prigione apagó los fuegos del conflicto Norberto Rivera-gobierno. El logró que, en terreno neutral -lo que quiere decir que ni en la Curia, ni en Gobernación ni en la Nunciatura-, platicaran el subsecretario Rafael Rodríguez Barrera y el arzobispo de México. Hubo diálogo y una decisión inminente: a la brevedad se enviará un anteproyecto de reglamento al 130 constitucional para evitar nuevas intervenciones del clero en política. Don Norberto dijo que no, que él no se ha salido del Evangelio. Don Rafael le contestó que aún así falta definir los actos de fe de los ciudadanos y que los ministros no tienen derecho a convocar a la desobediencia de la autoridad. Las pláticas seguirán para el nuevo ordenamiento, el reglamento al 130.