Plantean elevar penas contra secuestradores

Juan Manuel Venegas, enviado, Veracruz, Ver., 25 de octubre ¤: Los procuradores de justicia de todo el país promoverán e impulsarán reformas legislativas para elevar la penalidad en contra de quienes resulten responsables de algún delito relacionado con los secuestros; asimismo, trabajarán en la creación de un banco nacional de datos que incluya a los probables responsables de este ilícito, y sus modos de operación.

Lo anterior fue acordado, definitivamente, durante la segunda Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se lleva a cabo en este puerto, con la participación de los 32 titulares de las procuradurías estatales y del Distrito Federal, así como de la Procuraduría General de la República (PGR).

Paralelamente, los procuradores firmaron un convenio general de colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, en el cual se establecen diversas medidas para ``abatir el alto índice delictivo relacionado con el robo de vehículos en el país''.

Para combatir este problema, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia informó que propuso ya al Consejo Nacional de Seguridad Pública que plantee la necesidad de que las legislaturas estatales califiquen como delito grave el robo de automóviles. El procurador del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, explicó que las medidas que se adoptan tienen que ver con una realidad que se refleja en los informes de todos los estados del país, en los que se advierte que los delitos que por su magnitud e incidencia reclaman una mayor coordinación entre las autoridades, son el secuestro y el robo de vehículos.

Respecto al combate a las bandas de secuestradores que operan en el país -según un informe de la PGR dado a conocer por La Jornada, de enero de 1995 a septiembre de este año se registraron en México más de 750 plagios-, el procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, precisó que la Conferencia Nacional de Procuradores propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Pública adoptar los criterios necesarios para incrementar las penas en contra de quienes se dediquen a esta actividad, e incluso agregó que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que está por aprobarse en el Congreso de la Unión, permitirá a las autoridades contar con mejores expectativas en la prevención y ataque a los secuestradores, cuando se trate de ``grandes organizaciones criminales, dedicadas exclusivamente a este delito''.

Descartó la posibilidad de que se federalice este delito, ya que precisamente ``en esta reunión con todos los procuradores de los estados de la República, estamos estableciendo los lazos de comunicación y colaboración más adecuados'' para combatir este ilícito.

De estas reuniones, según Lozano Gracia, deberá surgir una ``gran coordinación operativa'' entre todas las entidades para poder atacar el problema.

Por lo que toca al convenio firmado con las aseguradoras de automóviles, en el texto se precisa que cada procuraduría estatal podrá celebrar por su parte convenios específicos con las compañías de seguros locales, con el fin de establecer un sistema de información, respecto de las denuncias presentadas en relación con el robo de vehículos, en sus diversas modalidades, así como la recuperación de los mismos, generada en el ejercicio de las investigaciones que se efectúen dentro de cada circunscripción territorial.

Los convenios específicos que se celebren, tomarán en cuenta las particularidades del robo de vehículos en cada uno de los estados de la República, por lo que cada autoridad establecerá los términos y modalidades de colaboración que en cada caso respondan a sus necesidades.

El convenio, signado por todos los procuradores, establece también en una de sus cláusulas que cada convenio local ``deberá prever que se impida que se estimule, gratifique u otorgue cualquier beneficio o prebenda, tanto a los funcionarios encargados de la ubicación y recuperación de vehículos robados, como al personal de las empresas aseguradoras, a efecto de prevenir la comisión de delitos con este motivo''.

Para los efectos de esta cláusula, se consideran estímulos: gratificaciones, beneficios o prebendas, comisiones que sean otorgadas directamente por las instituciones de seguros a su personal; el numerario o recompensa en especie que se ofrezca o entregue a cualquier servidor público; el dinero o regalos especiales que se den a los servidores públicos, para que mediante actos u omisiones faciliten el retiro de vehículos robados, y el dinero que los servidores públicos reciban de las propias procuradurías por permitir la comercialización de los vehículos ubicados dentro de los depósitos oficiales.

Por otra parte, los funcionarios presentes en la segunda Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se comprometieron a trabajar directamente con las secretarías de Gobernación, Comercio, Hacienda, Comunicaciones y Transportes y de Turismo, para lograr establecer un registro nacional de vehículos, con el objeto de abatir el robo de automóviles, y actos de corrupción que se generan durante los trámites de recuperación y devolución, principalmente, por medio de las dádivas otorgadas a los agentes de las policías judiciales