El plano descendente de la política de fomento petroquímico a base de entregar esa estratégica rama industrial a intereses privados, nacionales o extranjeros, cada día baja nuevos peldaños.

Ya comenzaron las explicaciones e interpretaciones de la fórmula del 51-49 por ciento, propuesta por el gobierno zedillista como respuesta al furioso rechazo de la sociedad mexicana contra la fórmula original de apertura al 100 por ciento en una área maliciosamente expandida de la petroquímica secundaria, delimitada con el criterio entreguista de ampliar al máximo el campo de inversión extranjera y reducir al mínimo el área nacionalizada.

El 18 de octubre pasado, al comparecer ante la Cámara de Diputados para intentar vanamente explicar y justificar la nueva fórmula, elaborada para otorgar garantías de ``certidumbre'' a los posibles inversionistas privados, el secretario de Energía precisó que el 49 por ciento se aplicaría sólo a las plantas e instalaciones ya existentes, financiadas con recursos públicos, pero el capital privado, extranjero o nacional, gozaba de plena libertad, sin perturbadores límites porcentuales, para llevar a cabo inversiones infinitas en materia de petroquímica secundaria, con la dimensión con que la concibe el actual gobierno, tan orientado a la apertura globalizadora.

Reyes Heroles González no aclaró cómo se haría compatible ese 100 por ciento del futuro capital privado, que bien puede ser íntegramente extranjero, con el supuesto ``control'' del Estado mexicano el cual, según dicen los aperturistas, tendrá plena vigencia en el nuevo sistema.

Queda muy claro, sin embargo, que el 49 por ciento que ha aceptado el gobierno neoliberal que nos gobierna o nos desgobierna, es una limitación que sólo tendría efectos retroactivos sobre las inversiones ya realizadas, sobre las plantas o complejos ya construidos con fondos públicos, pero que el campo de inversión futura en la petroquímica secundaria queda ilimitadamente abierto para la inversión privada extranjera (o mínimamente nacional), única que, según la concepción neoliberal que predomina en el gobierno e inunda al PAN y a las cúpulas empresariales, puede salvarnos de la crisis económica financiera en que vivimos, y también la única capaz de imprimirnos un ritmo de progreso macroeconómico que nos conduzca a olvidarnos de la deleznable microeconomía, que sólo tiene que ver con las necesidades insatisfechas de los humildes.

Muy clara es la tesis en que se inspira la nueva política petroquímica, que viene desde Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas de Gortari, y que cristalizó con Ernesto Zedillo Ponce de León, ejemplo patente de incapacidad y miopía, héroe de la devaluación de 1994. Esos tres tenaces defensores de la línea política y económica que proviene de la Casa Blanca, de Wall Street, del FMI o del Banco Mundial, se han visto obligados a proponer la fórmula del 51-49 por ciento, con las características que la han hecho también popularmente inaceptable.

Esa supuestamente corregida política de entrega total del 100 por ciento, a sólo un 49 por ciento para el pasado y un renovado 100 por ciento para el futuro privatizador, tiene otra interesante característica que no podemos pasar por alto, pues según las aclaraciones del elevado funcionario ya aludido, las normas vigentes en materia laboral para los trabajadores petroleros no serán obligatorias para el personal de las plantas petroquímicas privadas, que estará sujeto a un distinto régimen laboral, seguramente inspirado por las reglas de la ``nueva cultura laboral'', y estará sometido a una nueva estructura sindical, adecuadamente controlada por el binomio gobierno-organización patronal.

Desde este otro punto de vista, conviene tener presente que la nueva rama petroquímica secundaria marcará otro rasgo que, siguiendo los principios del TLC de ``mayor productividad'' y ``mejor competitividad'', permitirá a los empresarios privados obtener las pingües utilidades a que aspiran y, además, quitará las garras a un sindicalismo cada día más amenazante.

El 49 por ciento de inversión extranjera, como norma de aplicación retroactiva; la imposibilidad de un real control estatal frente a un predominante interés lucrativo particular y una nueva regulación laboral, inspirada en la ``nueva cultura laboral'' de la ``productividad'' y la ``competitividad'' a cargo de los trabajadores, son tres inconfundibles marcas de la política zedillista en materia de petroquímica secundaria.