El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acaba de terminar su Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Zona Norte de Chiapas, que abarca los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá y Salto de Agua, en el periodo de octubre de 1995 a septiembre de 1996. Además de presentar un balance pormenorizado y completo de casos, el Informe se propone analizar las causas del conflicto civil en la región. Para entender el enfrentamiento político que se sigue dando entre un 77 por ciento de la población, simpatizante y afiliada al PRD, y un 23 por ciento afiliada al PRI, se presenta en primer lugar un estudio en el que se subraya la marginación y exclusión de los indígenas ch'oles (alrededor de 152 mil personas) y su tradicional oposición a integrarse al mundo occidental, lo que explicaría su tendencia ancestral a polarizarse entre lo occidental y lo ch'ol, y actualmente entre las diferentes opciones políticas que allí se encuentran: Paz y Justicia/PRI, por un lado, y EZLN/PRD por otro.

De acuerdo con el Informe, el partido oficial ha recurrido lamentablemente a métodos extremos para mantener el control que se le escapa ya de entre las manos: credencializar con la misma cédula de identidad a su electorado como miembro del partido y de la organización paramilitar Paz y Justicia; atacar con violencia a sus opositores, hacerlos huir al monte y a otras comunidades de mayoría perredista; asesinarlos y acusarlos ante tribunales venales de Chiapas.

De los 45 muertos reportados al Centro desde enero de 1995, se ha comprobado que 15 pertenecieron al PRI, en tanto que 30 eran simpatizantes o militantes del PRD. Durante este tiempo han sido desplazados 2 mil ``perredistas'', mientras sólo 200 priístas padecieron la misma suerte. Gracias a las presiones de los afectados y de la opinión pública, así como a las gestiones de los zapatistas y de las autoridades estatales, el Ejército aceptó el retorno de mil de los primeros, aunque hasta la fecha se ven impedidos de entrar de nuevo a sus casas, teniendo que acampar como refugiados alrededor de la Iglesia de uno de los poblados.

El Informe dedica un capítulo muy importante al análisis de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) que se desarrolla en la zona, y advierte una curiosa coincidencia entre el Manual de Guerra irregular del Ejército Mexicano y las acciones de la 11a. Brigada de Operaciones Mixtas en la región ch'ol, lo que pone en duda la neutralidad del Ejército en los conflictos violentos de Paz y Justicia contra el resto de la población. Por ello, al final hace un urgente llamado a las Fuerzas Armadas regulares a mantenerse ajenas a los intereses de facción que ya han causado tanto daño.

Dadas las circunstancias, se hace también un apremiante llamado a miembros y organizaciones de la sociedad para que participen en Campamentos Civiles por la Paz, que se establecerán en las comunidades ch'oles, con el objeto de colaborar en la distensión y reconciliación de las comunidades divididas.

A los medios de comunicación social se les pide también que no dejen de preocuparse e informen con amplitud acerca de este conflicto, con el propósito de que la población ch'ol no se vea en el futuro irremisiblemente diezmada o sacrificada en función de intereses de grupo que no responden cabalmente a sus necesidades.

Por ello consideramos que este Informe, que de manera científica enmarca las violaciones graves a los derechos humanos que se dan en esa zona, debe ser conocido por todos, y particularmente por aquellos que desean evitar el desarrollo de una guerra civil, que aparentemente ya sucedió en junio de 1996 en Tila, y quieren por lo mismo, con sus acciones responsables, contribuir a la distensión y a la paz de México.