Los temas en que se ha centrado la discusión entre los dirigentes de los partidos políticos y los representantes de la Secretaría de Gobernación, así como las dificultades que los primeros han encontrado para acordar los términos de la reforma electoral inconclusa, por un lado anticipan el tipo de campañas electorales que se pueden esperar para el próximo año, y por el otro demuestran que, bajo el régimen actual, la elección de gobernantes y de representantes populares depende cada vez menos de una libre expresión de la ``voluntad popular''.

A falta de beneficios reales que prometer a la mayoría de la población, conscientes del costo social de la política económica del gobierno, ajenos a las demandas políticas que se han hecho desde diversos grupos de la sociedad, y con serios problemas para diferenciar sus proyectos de país, los partidos políticos parecen convencidos de que en estos tiempos lo único que pueden ofrecer es una imagen y que ésta se puede inventar y hasta mandar a hacer a la medida de las necesidades electorales de cada cual, siempre y cuando haya dinero disponible.

Ese es el mensaje que han transmitido los dirigentes de los partidos políticos, a través de la poca información que se ha querido hacer pública sobre las negociaciones en la Secretaría de Gobernación; ese mensaje es el que se desprende del tiempo invertido y las diferencias expuestas en la discusión en torno a temas relacionados con los gastos de campaña y el acceso a la radio y la televisión.

No es casual que entre los asuntos de mayor interés de los partidos políticos se encuentren el del financiamiento público y el uso de los medios electrónicos para la difusión de su propaganda, mientras que otros temas que habían quedado pendientes cuando se aprobaron las reformas constitucionales, y que supuestamente se abordarían en cuanto se elaborara la iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, no se hayan vuelto a mencionar. Tal es el caso de todas aquellas figuras legales que conciben a los ciudadanos como sujetos activos o actores directos y que, como en otros tiempos, permitirían postular en las elecciones a candidatos independientes de los partidos políticos, o que obligarían a las autoridades a consultar a la población mediante referéndum o plebiscito, o que permitirían a los ciudadanos participar directamente en la solución de sus problemas presentando iniciativas populares. Las propuestas de origen ciudadano no fueron incorporadas al temario de la reforma electoral.

Hace algunos años, relativamente pocos, se criticaba desde la oposición a quienes pensaban que el resultado de las elecciones dependía de las campañas y se argumentaba que si no había un trabajo político previo, permanente y directo con la población, ésta no encontraría razón para sufragar en favor de los candidatos de ese partido de oposición. Ahora el problema de la presencia permanente se quiere resolver utilizando a la radio y la televisión, aunque estos medios no puedan realizar el trabajo político ni la atención directa que los ciudadanos requieren. Experiencias de otros países han demostrado que a través de los medios electrónicos se puede desarrollar el trabajo fundamental de las campañas electorales, hacer atractivo a un partido y aceptables a sus candidatos, y conseguir el voto de los electores sin tener que enfrentar sus problemas ni atender sus necesidades.

Desde el punto de vista del partido del gobierno la perspectiva no es diferente. Como la situación económica no da para optimismos, ni siquiera para promesas; como el modelo de crecimiento --que no se piensa modificar-- excluye a la mayoría de la población; como las divisiones internas surgen en cuanto se designa a los candidatos de su partido; como las propuestas ciudadanas no son dignas de atención, entonces la renovación de los cargos de elección tiene que basarse en campañas que vendan una imagen y que compren voluntades.

Desde ese modernizador punto de vista --según el diputado priísta Peralta Burelo--, para el coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados ``la esencia de la reforma electoral la constituye el asunto del financiamiento'' de ahí que es la cantidad de dinero disponible, y no el voto libre de los ciudadanos, el factor que --según los priístas-- puede poner ``en riesgo la viabilidad electoral del partido'' (La Jornada, 23/10/96) y en consecuencia, la viabilidad de todos los partidos contendientes bajo las mismas reglas electorales.