La aprobación en la Cámara de Diputados de las modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental constituye un paso positivo que dará a las autoridades y a la sociedad instrumentos adicionales para la tarea de preservar la ecología del país y revertir los gravísimos daños que le han sido infligidos a lo largo de este siglo.

Los dos puntos más significativos de las modificaciones legales aprobadas ayer son, por una parte, el establecimiento de mecanismos que permitirán tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos en la protección ambiental, y por la otra el reforzamiento de la normatividad que se refiere a los delitos ecológicos en los códigos penales capitalino y federal.

Es clara, a la luz de recientes episodios de resistencia comunitaria a proyectos de desarrollo, la pertinencia ecológica, pero también política, de ampliar y asegurar la participación de la sociedad en la evaluación del impacto ambiental de tales proyectos. A guisa de ejemplo, cabe señalar que en el caso del club de golf de Tepoztlán habría podido evitarse un conflicto político que tensó a Morelos y a todo el país si se hubiera recabado previamente la percepción de la comunidad sobre los riesgos ecológicos que ese desarrollo entrañaba.

Por otra parte, es indudable que la obligación gubernamental de conducir la preservación y la regeneración de los sistemas ecológicos nacionales requería de atributos coercitivos más eficaces, los cuales se establecen, ahora, por medio de las modificaciones a la legislación penal federal y del Distrito Federal.

Ciertamente, con el solo reforzamiento de las penas por violaciones a la normatividad ambiental no se logrará poner un alto a las generalizadas y gravísimas actitudes antiecológicas que ocurren cotidianamente en el país. Será necesaria, además, una vasta tarea de concientización dirigida a la población en general. Cada ciudadano debe tener claro que contaminar, deforestar, atentar contra determinadas especies o contribuir al desequilibrio de los ecosistemas no sólo son actividades contrarias al civismo, a la ética y al bienestar común, sino, también, acciones delictivas.