La Jornada 25 de octubre de 1996

Lo dicho por el arzobispo no violó la Constitución: Rodríguez Barrera Ni se le apercibió ni se le sancionó; se le hicieron observaciones, dice

Salvador Guerrero Chiprés Con la Iglesia católica y el arzobispo Norberto Rivera Carrera no hubo ``ningún apercibimiento, ni sanción, ni amenaza, ni absolutamente nada'', indicó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, Rafael Rodríguez Barrera.

Al aludir específicamente a las últimas informaciones en relación con el prelado, el funcionario sostuvo que las relaciones entre el Estado y la Iglesia ``son buenas''. Agregó que ``persiste el propósito nuestro de seguir construyendo esas relaciones en un clima de gran cordialidad''.

``Don Norberto'' y otros prelados, dijo, ya han recibido otras ``observaciones'' antes y después de la homilía del domingo pasado. Es parte de la comunicación, señaló.

``No hay conflicto entre las iglesias y obviamente en este caso entre la Iglesia católica y el gobierno de la República'', comentó en una conferencia de prensa que prácticamente fue forzada por los reporteros integrantes de la fuente dedicada a la cobertura de asuntos religiosos. Había un comisionado de prensa, ``por si las dudas''.

En un restaurante cercano a la calle de Balderas, Rodríguez Barrera sostuvo ``en cortito'', mientras departía con los informadores, que prevalece ``un gran respeto por las iglesias'' y que esa actitud debía imponerse por encima de debates que podrían involucrar agresividad y aspectos ideológicos. Nadie, dijo, quiere imponer mordazas a nadie.

Ante los reporteros en la conferencia formal, el subsecretario de Gobernación anunció la aceleración de los trabajos para conformar el anteproyecto de reglamento del artículo 130 constitucional. Advirtió que ``especular sobre candados, liberalidades, presiones, sanciones que no estén previstas en la ley, es absurdo''. Recordó que es usual el contacto entre los altos prelados de las iglesias y las áreas de Gobernación correspondientes. Declaró la expectativa de continuidad de tales vínculos y se dijo dispuesto a mantener intercambio de opiniones en torno a diversas declaraciones, ``siempre en un clima de análisis y de buena fe''.

La relación institucional y abierta entre iglesias y autoridades ``es joven''. Consideró que ``ha venido madurando juiciosamente'' y estimó que las partes de la relación ``están decididos'' a que prosigan así las cosas.

``Por eso, en torno a esta última cuestión de la declaración por parte del gobierno, no ha habido más que una observación y una transmisión de los puntos de vista del área correspondiente''. Estaba frente a él el director de Asuntos Religiosos de Gobernación, Armando López Campa. Agregó: su función ``es analizar las declaraciones de los prelados''.

``No hay, y ahí está a la vista el documento, ningún apercibimiento, ni sanción, ni amenaza ni absolutamente nada'', solamente existe ``la certeza de que con este ánimo seguiremos construyendo esa relación, porque es sano e importante para el país que así se dé y porque nosotros, como autoridad, no tenemos más instrucción de nuestra superioridad que de contribuir a que esa relación se dé sana y juiciosamente''.

A la pregunta acerca de la razón del aparentemente inusual recurso de la ``observación por escrito'', el subsecretario señaló: ``no es la única ocasión''. Explicó que se han tenido contactos verbales, telefónicos e incluso por escrito. Ha sido ``con los altos prelados, incluso con el propio don Norberto, incluso posteriormente a este hecho''.

Aclaró que en la entrevista concedida a Radio Red por López Campa hubo ``seriedad y responsabilidad'', y que si bien explicó las posibles sanciones establecidas en la ley, nunca las mencionó en función del arzobispo. Eso no, ``ni mucho menos que se haya hablado de cancelación o de cierre de la catedral metropolitana''.

Reiteró que el reglamento del artículo 130, como todo reglamento, trata de hacer aplicable la ley y nunca rebasa lo que la ley establece