Prelados y empresarios culpan a los medios de distorsionar el mensaje

De los corresponsales Los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López expresaron ayer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, su solidaridad con el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, por ``la incomprensión'' y ``los ataques'' que ha recibido durante esta semana por sus declaraciones del domingo pasado en la Catedral metropolitana.

En una carta enviada al arzobispo, Ruiz García y Vera López le manifiestan: ``Vivimos como nuestros estos ataques que está sufriendo'', y le piden que siga defendiendo todos los derechos de la persona humana, especialmente los de los pobres, incluidos los de sus comunidades y pueblos indios, los de los creyentes y los de la Iglesia ante las autoridades del gobierno.

Mientras, continúan las manifestaciones de prelados a favor del arzobispo, en las que insisten que en su homilía Rivera Carrera no se apartó de la doctrina eclesiástica, reiteran que fue tergiversada por los medios de comunicación, niegan que se trate de una intervención de la Iglesia en política y acusan al gobierno de ``hipersensible'', estar endureciendo sus posturas y tratar de amordazar al clero.

El gobernador de Querétaro, Enrique Burgos, recordó que los ámbitos de ambas instituciones están delimitados en la Carta Magna. ``Señala las grandes líneas y recoge un principio histórico de primer orden: la separación Iglesia-Estado; ello no significa el desconocimiento de uno y otro ámbitos, sino la función diversa que a cada uno corresponde'', apuntó.

Para Francisco Barrio, gobernador de Chihuahua, nada de lo dicho por Rivera está fuera del orden, y advirtió que limitar expresiones como la de arzobispo y confrontarlo lo pueden llevar ``a asumir una postura radical, con respaldo popular''.

Patricia Galeana, historiadora especializada en la relación Iglesia-Estado y presidenta de la Federación Mexicana de Universidades, aseguró que en su intento de participar en política, la Iglesia católica, además de llevar a cabo una ``competencia desleal'' al utilizar el púlpito para hacer política, cae en el terreno del clericalismo.

Sobre tal polémica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Larios Santillán, también responsabilizó de ``los malos entendidos'' a los medios, y llamó a la unidad.

No incitó a la desobediencia

El arzobispo emérito de Durango, Antonio López Aviña, señaló que la homilía fue tergiversada por los medios, pues no incitó a la desobediencia civil.

Reconoció que se debe obedecer al gobierno que se apegue al marco jurídico, los derechos humanos, el bien común y la ética, pero no cuando los gobernantes se salen del contexto de servicio al pueblo.

Según el obispo de Aguascalientes, Rafael Muñoz Núñez, tras la postura de la Secretaría de Gobernación ``existe un intento de amordazar a la Iglesia''.

Negó que ésta intervenga en política o convoque a rebeliones en contra de las instituciones, pero afirmó que su responsabilidad es vigilar y preservar el bien común y continuará señalando ``lacras, fallas o errores del gobierno y la sociedad''.

El prelado advirtió que si el gobierno opta por la vía de la sanción y reprime la voz de los jerarcas católicos, ``volveremos a los tiempos de antes, a los resentimientos, a la simulación y perderemos lo mucho que avanzamos en la modernización de las relaciones Iglesia-Estado''.

El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, dijo que por las amenazas gubernamentales el clero católico no se detendrá cuando tenga que hacer denuncias justas. La feligresía puede y debe desobedecer tanto a las autoridades civiles como a las eclesiásticas, si éstas quebrantan preceptos de la ``ley divina'', lesionan derechos humanos o cometen injusticias.

Seguirán las denuncias

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el obispo Antonio González Sánchez dijo que la Iglesia no renunciará a su espítitu crítico y seguirá señalando errores y desaciertos para formar la conciencia ciudadana.

Manuel Talamás Camandari, obispo emérito de Ciudad Juárez, manifestó que con la respuesta quedó claro que ``existe hipersensibilidad entre gobernantes del fuero federal''. Por su parte, el obispo emérito de Chihuahua, Adalberto Almeida y Merino, calificó de doctrina cierta lo dicho por Rivera y la advertencia de Gobernación de ``fuera de lugar''.

En Acapulco, durante la presentación del Plan Pastoral 1996-2000, el vicario general y vocero de la arquidiócesis, Angel Martínez Galeana, apoyó las declaraciones de Rivera Carrera, pues promueve la ``política del bien común''. El padre Ramón Mendoza, vicario episcopal de pastoral, comentó que el derecho a opinar ``viene de la naturaleza humana, no de las leyes''.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, obispo Jacinto Guerrero, negó que Norberto Rivera haya hecho un llamado a los católicos para oponerse a las leyes del país o a las instituciones, y aseguró que en su mensaje el prelado sólo invocó el principio cristiano de no participar en la injusticia cuando el gobierno se sale del marco legal.

El también obispo coadjutor de Tlaxcala consideró que las autoridades hicieron una interpretación errónea del texto, con fragmentos que fueron sacados de contexto. (Elio Henríquez, Carlos Antonio Gutiérrez, Alberto Espinosa, Alejandro Romero, Teresa Gurza, Rubén Villalpando, Emmanuel Salazar, Martín Sánchez, Maribel Gutiérrez y Claudia Herrera)