Plantea el PRI discusión nacional sobre la participación del clero en política

Ciro Pérez Silva y Oscar Camacho Guzmán Enfrentado a la disyuntiva de defender al secretario de Gobernación o sumarse a las críticas a la Iglesia católica, el PRI optó ayer por una tercera salida, y desde la tribuna de la Cámara de Diputados propuso instalar una ``mesa de discusión nacional'', para determinar si se le otorga o no a las iglesias el derecho a participar en política, mediante una reforma al artículo 130 de la Constitución.

La propuesta del PRI se produjo en la parte final de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, y en el punto donde las críticas del PAN al secretario de Gobernación alcanzaron sus tonos más ásperos, con argumentos en los que Acción Nacional acusó al gobierno de mantener una politica ``convenen- ciera'' hacia la Iglesia, consintiendo y utilizando con fines partidistas a los jerarcas que lo apoyan, pero amenazando a los curas y obispos que se atreven a cuestionar las acciones y políticas oficiales.

La sesión de la Cámara parecía llegar a su fin con la aprobación de la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petroquímica, cuando el ``gatillero'' Luis Sánchez Aguilar llevó a la tribuna del recinto parlamentario la polémica que levantó monseñor Norberto Rivera y la inmediata advertencia de la secretaría de Gobernación, que amenazó con sancionar al prelado si insistía en intervenir en asuntos políticos.

Sánchez Aguilar dijo que si bien para él los curas y la Iglesia tienen derecho a intervenir en política, existe una ley que se los proíhibe y que aunque no comparte esa ley, la Secretaría de Gobernación está obligada a hacerla cumplir, y por lo tanto le demandó a Emilio Chauyffet que no actuara en forma tibia y que sancionara a Norberto Rivera por la homilía del domingo pasado, ya que, según juzgó, ``evidencia un apetito político que puede conducir nuevamente a enfrentamientos y luchas ya superadas''.

Antes que los panistas pudieran reaccionar, el diputado perredista Mauro González Luna pidió la palabra para rebatir a Sánchez Aguilar, con la aclaración de que lo hacía a título personal.

De acuerdo con Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (es su nombre completo), ``la jerarquía no sólo puede sino que debe hacer política, no partidista, pero sí política entendida como gestión del bien general'', por lo que dio la bienvenida a ``esa labor orientadora de la jerarquía, porque México vive uno de los dramas más lacerantes de injusticia social, en donde unos cuantos individuos atesoran el patrimonio que debiera ser de todos los mexicanos''.

Vino entonces el PAN y fijó su posición en voz de Ramón Cárdenas, quien afirmó que en su homilía dominical, el arzobispo Rivera no incurrió en falta o violación legal alguna y que, en cambio, fue la Secretaría de Gobernación la que cometió una ``indebida intromisión en los asuntos eclesiásticos'' con la carta que un ``funcionario de segunda'' envió al arzobispo pretendiendo llamarle la atención.

Demandó que no se repita esta intromisión, a la que juzgó como un ``nefasto precedente'' y una ``cortina de humo'' que la Secretaría de Gobernación utiliza para distraer a la opinión pública de otros problemas que afectan al país.

Una breve intervención del petista Humberto González Magallón, dio pie para que regresara Mauro González a la tribuna y, en medio de insultos anónimos de priístas, preguntara si el mismo trato se hubiera dado a Miguel Hidalgo y Costilla o a Morelos cuando se levantaron contra la tiranía española para independizar a México. Dijo que aunque son otros tiempos ``las circunstancias de humillación son muy parecidas. Ayer fueron Hidalgo y Morelos y hoy los curas en Chiapas, los que siguen levantando la bandera que salva a México''.

Los priístas, que se habían mantenido al margen del debate hasta ese momento, intervinieron por vez primera con Píndaro Urióstegui, quien eludió las críticas al secretario de Gobernación y se concretó a pedir que no se caiga ``irresponsablemente en actitudes provocadoras'' y a ceñirse al marco de la ley que establece la separación de la Iglesia y el Estado.

En el PAN, sin embargo, los ánimos estaban prendidos y desde su curul José Peniche Bolio pidió la palabra. Ya en tribuna calificó como ``tamborazos libertarios'' las críticas a monseñor Rivera, al tiempo que preguntó una y otra vez cuál era la falta que cometió el obispo, quien, a juicio de los panistas, se restringió a lo que marca la Constitución pues recordó que su exhortación a no tributar obediencia a una autoridad que no respeta la ley, es un mandato plasmado en la Constitución, por lo que dijo que con sus críticas a Rivera, ``los jacobinos trasnochados sólo ven moros con tranchete''.

En la bancada priísta comenzó la inquietud y a terciar en el debate, subió el diputado y general Luis Garfias Magaña, quien dijo que su partido no cuestiona a la Iglesia católica, sino a la jerarquía de esa iglesia, pues dijo que desde 1810 han tenido intervenciones ``que han llevado al pelotón a personajes como Hidalgo, Morelos y Matamoros, a subordinarse a gentes como Santa Anna y Maximiliano'', a desatar una guerra cristera y a ser copartícipes de crímenes como el de Alvaro Obregón.

La panista Consuelo Botello respondió entonces que el gobierno mantiene una política convenenciera hacia la Iglesia, consintiendo y utilizando para fines partidistas alguna parte de la jerarquía católica y amenazando a la que lo critica.

Como ejemplo de ello, la panista recordó que en la celebración oficial de los 25 años del episcopado del cardenal de Monterrey, los invitados prominentes fueron el líder nacional del PRI, Santiago Oñate, el presidente estatal de ese partido en Nuevo León, el subsecretario de Gobernación, José Natividad González Parás, el gobernador de Nuevo León y los más altos dirigentes del partido oficial, en un acto de ``claros tintes partidistas'' pues habrá elecciones en esa entidad el año que viene.

Entonces intervino en el debate, a nombre del PRI, Jorge Abel López Sánchez, quien dijo que no se debe utilizar ``la tribun divina de Dios para hacerlo en contra de un partido político, y mucho menos utilizarla para incitar a la rebelión en un país ni en contra de un gobierno civil''.

Sin embargo, reconoció que a la luz de las distintas intervenciones que lo precedieron, quedaba claro que existen ``diferentes opiniones'' sobre si la Iglesia debe o no participar en política y sobre los límites que debe tener esta participación en los asuntos del Estado. Ante ello fue que propuso ``abrir una discusión nacional, una reflexión nacional, para analizar y poner en la mesa de las discusiones la participación de la Iglesia en los asuntos públicos.