La aprobación en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) de la Ley de Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos (La Jornada, 3, 4, 5 y 22/X/96) confirma la hipótesis de que el PAN, el PRI y el gobierno comparten la política económica neoliberal salvaje para la capital; que están de acuerdo en mantener el régimen político de partido de Estado actual; y que sólo se enfrentarán en las elecciones de 1997 por su control hegemónico. Ninguno de ellos busca la democratización real del Distrito Federal; y quieren convertirlo en un lugar excluyente, donde los sectores populares no puedan vivir por su alto costo, o lo hagan en la carencia de la infraestructura y servicios sociales esenciales.

Afirmamos lo anterior porque el PAN y el PRI trabajaron juntos en la elaboración de la iniciativa de ley y la eliminación de las restricciones propuestas por otros partidos; la aprobaron con sus votos mancomunados y el regente del DF aprueba y comparte la ley en la medida que expresa su propia política, muchas veces enunciada y puesta en práctica, que es idéntica a la aplicada por el gobierno federal a nivel nacional. En lo divulgado sobre la ley recién aprobada resaltan tres puntos claves que nos llevan a esa conclusión:

1. Aprobada la ley, el gobierno del DF podrá ``desincorporar'' y/o ``concesionar'' a la iniciativa privada todos los bienes de propiedad pública (edificios, parques, museos, etcétera), infraestructuras (vías, metro, basureros, redes eléctricas, de agua y drenaje, etcétera) y servicios sociales (educación, salud, recreación, seguridad, etcétera) que presta actualmente, sin restricción, en la medida que encuentre quién quiera comprar el bien o recibir la concesión; la concesión durará el ``tiempo determinado'' requerido por la empresa concesionaria para la amortización de la inversión y la obtención de sus ganancias, y podrá prorrogarse a voluntad de las partes.

2. La facultad de desincorporar el bien público y otorgar las concesiones por decreto ejecutivo, recae en el jefe del gobierno del DF, sin participación del órgano legislativo que al aprobar la ley concedió esta facultad omnímoda, obviamente sin consulta alguna a la comunidad y los ciudadanos. Esta potestad constituye un claro reforzamiento del poder actual del Ejecutivo distrital y a la vez un debilitamiento del Legislativo, que consolidan uno de los rasgos básicos del régimen político actual; se opone por tanto a la democratización de la gestión urbana en el DF exigida por la ciudadanía.

3. Se avanzará así más rápidamente en el proceso de privatización de lo público, de mercantilización de los bienes y servicios colectivos, de encarecimiento y elitización de la vida urbana, de exclusión de las mayorías, cada vez más empobrecidas, de los satisfactores esenciales a los que no podrá acceder en el ``libre'' mercado por sus precios monopólicos; de entrega al interés privado y transnacional del patrimonio urbano construido por varias generaciones de defeños mediante su trabajo, sus impuestos y su uso colectivo. Es el proyecto conservador y elitista de ciudad que comparten el PRI, el PAN y el gobierno.

Al convertir en leyes sus proyectos políticos que comparten, ambos partidos se evitan el problema de debatir públicamente sobre ellas en la campaña electoral de 1997 y podrán centrar su interés en la lucha por cuál de los dos se queda con el lugar hegemónico en el viejo y gastado régimen político, que ninguno quiere cambiar, que sólo les interesa controlar. Sus diferencias no serán de política urbana sino de grados de conservadurismo, autoritarismo y moralismo formal. La mayoría de los ciudadanos continuaría sufriendo la misma política si el PRI sigue en el gobierno, o si el PAN lo sustituye. La ciudadanía no conoció, no pudo debatir, ni detener la aprobación de esta ley excluyente y discrecional, dada la ausencia de información y apertura a la participación y la aplastante mayoría que tienen PAN y PRI sumados en la ARDF; tendrán que revertirla en las elecciones legislativas y de ``gobernador'' de 1997, apoyando otro proyecto de ciudad y una opción democrática alternativa a este conservadurismo neoliberal bicéfalo.