Es penoso que el propio secretario de Energía haya admitido, y precisamente ante diputados de su partido, que la clasificación de los petroquímicos básicos responde más a criterios políticos que a criterios técnicos. Es cierto que lo hizo en una reunión privada, pero el tema es público y lo dicho salió a la luz pública. (La Jornada, ayer.) De modo que un hidrocarburo natural, aún sin el menor procesamiento químico, puede convertirse en producto petroquímico avanzado sólo por obra de la política. De modo que la política es el arte de derrotar la verdad, incluida la verdad científica y técnica, al menos cuando ella es un estorbo para tales o cuales designios.

De hecho, no era necesaria semejante confesión de parte. Sólo es útil en la medida en que a quienes dicen lo mismo en un contexto crítico, ya no podrá tachárseles con facilidad de fundamentalistas y otras necedades pobremente imaginativas.

Ahora se entiende que los congresistas del PRI, principalmente los diputados, no se hayan preocupado ni en lo mínimo por estudiar las cuestiones técnicas convocadas por el proyecto de reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y en materia de petroquímica. Las cuestiones técnicas (de técnica jurídica, industrial o de estrategia económica nacional), corresponden claramente a los tecnócratas, y ellos son eminentemente políticos, así que no los confundamos.

Pero resulta que en el caso que nos ocupa, desde que se decidió dividir la industria petroquímica en básica y secundaria, una reservada en exclusiva al Estado, la otra abierta a la intervención de las empresas privadas, es enteramente indispensable saber cuál es cuál, para que haya certidumbre entre funcionarios públicos y entre empresarios privados. De aquí que no esté de más valerse de los servicios de especialistas (técnicos) para que nos expliquen, por ejemplo, qué es el etileno y para qué sirve, o bien que es la nafta cuando no se refiere a sencillos acuerdos internacionales de libre comercio. En fin, lo que debe reprochárseles a los técnicos, sobre todo a los de la economía, no es que existan, es sólo que se transformen en políticos omniscientes y microsensibles.

En todos los países, a poco que los gobiernos respondan al interés nacional, hay preocupación por preservar los recursos naturales estratégicos, aquéllos que permiten controlar e impulsar la economía en su conjunto. También en México la ha habido. Por eso la Constitución establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre recursos como ``el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos'', y el uso o aprovechamiento de esos recursos sólo podrá realizarse mediante concesiones del Ejecutivo Federal. Pero estas concesiones no se otorgan discrecionalmente, sino de acuerdo con las leyes. De aquí que el Congreso, al aprobar las leyes reglamentarias, deba siempre mantener el espíritu de la norma constitucional. Es lastimoso e indignante que estos principios elementales estén siendo soslayados por muchos legisladores.

Y más cuando los criterios políticos que cobijan la ignorancia, el inmediatismo y el desdén, están encuadrados en una política que se despliega claramente en interés de Estados Unidos y sus instrumentos financieros, y en sentido contrario al interés nacional. Es la política que en los últimos sexenios ha dictado tantas y tantas reformas constitucionales y legales, la misma que nos ha privado, aunque sea parcialmente, de áreas estratégicas como ferrocarriles, electricidad y comunicación satelital, y que ahora va por la petroquímica mientras se instala en definitiva en la industria petrolera completa

Quizá nuestros legisladores mayoritarios eran aún menores de edad cuando se empezó a discutir el TLC, cuando la crisis y la guerra del Golfo Pérsico, cuando, en fin, se evidenció la avidez de Estados Unidos respecto de nuestro petróleo en declaraciones como las del secretario de comercio, Robert Mosbacher, y de la negociadora Carla Hills. Ambos dieron por sentado que el petróleo mexicano, más temprano que tarde, pasará a poder de su país, y esa convicción es el eje del tratado trinacional. ¿Y cómo respondimos nosotros? Pues ocultando la verdad, cediendo bajo la mesa, disponiendo las cosas para la transferencia silenciosa. Para no tocar ni la Constitución ni la ley, el 14 de agosto de l992 la entonces Semip (Secretaría de Minas e Industria Paraestatal) expidió una resolución puramente administrativa que clasificaba los petroquímicos de manera tal que prácticamente desaparecieron los básicos y quedaron en su lugar los hidrocarburos naturales. Esto es lo que sucede cuando se aplican criterios políticos ínfimos con efectos nacionales mayúsculos.