La CIA trabajó con narcotraficantes durante diez años

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 23 de octubre Estados Unidos trabajó con narcotraficantes en varias ocasiones en América Latina durante los últimos 10 años y tuvo pleno conocimiento de las actividades de envío de droga a su país por miembros de la contra nicaragüense, argentinos y figuras como el panameño Manuel Antonio Noriega, aseveró un ex funcionario del Congreso al testificar esta mañana ante el Senado.

Jack Blum, el ex asesor del Subcomité sobre Terrorismo y Narcóticos del Senado y quien encabezó la primera investigación en torno a los vínculos entre la contra y el narcotráfico a fines de los 80, afirmó que hay amplia evidencia de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estaba bien enterada y que deliberadamente decidió ignorar las actividades de narcotráfico de las fuerzas antisandinistas durante la segunda mitad de la década de 1980.

También recordó que las administraciones de Ronald Reagan y George Bush obstaculizaron la investigación sobre el vínculo entre ``aliados'' de Estados Unidos en Amé-rica Latina y el narcotráfico.

Durante esta audiencia especial convocada por el comité encabezado por el senador republicano Arlen Specter y su colega demócrata Bob Kerrey para investigar los alegatos de un vínculo entre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el narcotráfico, también se presentó el inspector general de la CIA, Frederick Hitz y su colega en el Departamento de Justicia, Michael Bromwich, quienes realizan una investigación formal sobre el asunto.

Estas audiencias y las investigaciones formales fueron provocadas por una serie de reportajes publicados por el diario californiano San Jose Mercury News, según los cuales dirigentes de la contra, con el apoyo de la CIA, introdujeron cocaína crack a la comunidad negra de Los Angeles para financiar la guerra contra los sandinistas. A pesar de reportajes del New York Times, el Washington Post y declaraciones del director de la CIA, John Deutch, entre otros, rechazando o cuestionando la versión del San Jose Mercury, la reacción causada por el diario ha generado llamados para realizar amplias investigaciones por parte de la representante Maxine Waters y la senadora Barbara Boxer y varios dirigentes sociales.

Hitz, inspector general de la CIA, reiteró hoy que investigaciones anteriores dentro de la agencia, realizadas en 1988, concluyeron que ``no hay información creíble'' para apoyar los alegatos de que los contras apoyados por Estados Unidos fueran narcotraficantes con el conocimiento de Washington. Pero afirmó que su investigación durará meses, ya que el equipo de 11 personas tendrá que revisar miles de cables, cientos de cajas de documentos y llevar a cabo entrevistas antes de poder llegar a una conclusión. Hitz reconoció que estos alegatos ``son los más controversiales, políticamente cargados y más dañinos que hemos enfrentado (en la CIA)''.

Michael Bromwich, inspector general del Departamento de Justicia, informó a su vez a los senadores que está realizando una investigación interna sobre este asunto. Bromwich fue uno de los investigadores del escándalo Irán-contra, que involucró el envío secreto de armas a Irán y el posterior desvío de fondos a la contra nicaragüense durante el último gobierno de Reagan.

Pero fue Blum quien hizo un recuento a fondo de los casos en que había evidencia de que agentes y funcionarios trabajaron con personas en América Latina en la lucha anticomunista con pleno conocimiento que sus aliados eran narcotraficantes, o que tenían contactos con ese sector criminal.

``La verdad es que los políticos cerraron sus ojos ante el comportamiento criminal de nuestros aliados y apoyadores en esa guerra. Los políticos ignoraron su negocio de droga, su robo, y sus violaciones a los derechos humanos'', sostuvo Jack Blum. ``Sabíamos de la conexión entre el comercio de cocaína de la costa oeste (estadunidense) y los contras''.

Blum encabezó la investigación del subcomité del Comité de Relaciones Exteriores sobre posibles acciones ilegales de funcionarios del gobierno estadunidense en la guerra contra los sandinistas, la cual se llevó a cabo de 1986 a 1989, y hoy ofreció varios detalles y ejemplos de casos en los que se encontró evidencia para concluir que los estadunidenses tenían conocimiento pleno de las actividades de narcotráfico de sus aliados en Centroamérica.

Recordó que el propio general Noriega de Panamá estaba en la nómina del gobierno estadunidense, con un pago de unos 200 mil dólares al año, y que en por lo menos dos ocasiones se reunió con el coronel Oliver North, considerado uno de los cerebros del Irán-contras, para planificar actividades de apoyo a la contra. Y subrayó que durante todo ese tiempo el gobierno estadunidense estaba consciente de que Noriega estaba involucrado en el narcotráfico.

Aunque Blum afirmó que las conclusiones de sus investigaciones a fines de los 80 no ofrecieron evidencia de que la CIA haya vendido drogas en las comunidades negras de Los Angeles para financiar la contra, ni que la CIA vendió cocaína para sostener económicmente la causa antisandinista en América Latina.

Pero señaló que al ignorar intencionalmente estas conocidas actividades, empleados del gobierno estadunidense no hicieron nada para detener la flujo de drogas que finalmente afectó a comunidades estadunidenses, sólo con la justificación de que la guerra anticomunista en Centroamérica era la prioridad.

Blum recordó igualmente que el poder Ejecutivo hizo todo lo posible para entorpecer su investigación, girando órdenes a todos los fiscales federales de no compartir información con la investigación legislativa (quien encabezaba la División Criminal del Departamento de Justicia en ese entonces era William Weld, actual gobernador de Massachusetts). El senador Bob Kerrey, en sus comentarios al comienzo de la sesión, reconoció que independientemente de que las versiones del San Jose Mercury News sean verdad, ``tenemos que dar un paso atrás y preguntar cómo fue afectada America cuando la administración Reagan tomó la decisión política de que el comunismo en Nicaragua, y no el narcotráfico era la prioridad principal de Estados Unidos en América Latina.

``Esta opción política --prosiguió Kerry-- podría haber hecho más fácil para los cárteles de cocaína construir sus negocios en este país, y podría haber puesto a personal de la CIA en contacto que en otra situación no tendrían con los narcotraficantes. Si los mundos de la acción encubierta y el narcotráfico se encontraron, tenemos que saber cómo reaccionó la CIA...''

Para Jack Blum, la respuesta es que la CIA no sólo no reaccionó sino que ésa fue la decisión de los políticos en Washington que manejaban la guerra antisandinista. Destacó que esto se debe entender en un contexto más amplio de la política estadunidense hacia la región. Recordó que fueron los argentinos quienes primero entrenaron a la contra y sugirió que fueron responsables del ``golpe de cocaína'' en Bolivia, con el propósito de establece sus propios vínculos con el narcotráfico.

Blum aseveró que ``la pérdida más importante que tuvimos en la guerra encubierta en Centroamérica... fue la pérdida de la confianza del público estadunidense'' en la gente que lleva a cabo operaciones clandestinas a nombre de Estados Unidos.

A fin de cuentas, lo notable de todo esto es que la historia de la guerra secreta estadunidense en Centroamérica, que muchos políticos aquí creían bien enterrada, ha resucitado, pero esta vez el enfoque no es sobre sus consecuencias en América Latina, sino dentro de Estados Unidos