La región huasteca es ejemplo vivo de la brecha que separa a la estructura federal del país de las realidades económicas, políticas y culturales profundas. Aunque la zona forma una unidad humana y geográfica, las fronteras interestatales la fragmentan en cinco estados: Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Entre los puntos compartidos por los habitantes de esa región que se extiende por entidades diferentes destacan el olvido y la marginación de que han sido objeto, y que agravan las de por sí difíciles condiciones geográficas y de atomización demográfica de la zona. El país tiene una enorme deuda social, económica, educativa y de salud hacia esta parte de su territorio, poblada mayoritariamente por indígenas de diversos grupos culturales.

Area de tradicionales cacicazgos, las circunstancias de pobreza y miseria y de opresión política que afectan a muchos pueblos de la Huasteca, así como la escasa presencia de organismos oficiales como el Instituto Nacional Indigenista y las secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura y Ganadería, entre otras, han propiciado el surgimiento de numerosas organizaciones locales de promoción y defensa de los derechos humanos y de lucha por la regularización y tenencia de la tierra.

En fechas recientes, a raíz de un nunca bien esclarecido hallazgo de armas cerca de la frontera entre Hidalgo y Veracruz y de rumores sobre la presencia de hombres armados en la región, se ha emprendido en ésta un intenso despliegue de efectivos del Ejército Mexicano. Esa presencia militar, si bien no se ha traducido en agresiones a los habitantes de la región, sí ha alterado la normalidad en muchas de sus poblaciones y ha generado en ellas un palpable malestar.

Ciertamente, en términos inmediatos, las autoridades tienen la obligación de mantener la paz y el estado de derecho y, en caso de que existan motivos para suponer que una u otro están en riesgo, tienen el recurso de las fuerzas armadas para asegurar la normalidad. Pero no puede omitirse el hecho de que ese recurso debiera ser la última instancia, y que antes de llegar a ella habrían debido atenderse los problemas sociales, políticos y económicos de ésta y otras regiones.

Hoy, la desactivación de las tensiones sociales en la Huasteca pasa necesariamente por escuchar a las comunidades y a sus organizaciones y por atender y resolver sus añejos reclamos. Las soluciones que se logren por esta vía serán en todo caso más sólidas, más satisfactorias y menos onerosas para todas las instituciones --incluyendo al Ejército-- que el despliegue militar