Flexibilidad y tolerancia ante las manifestaciones: Salazar Toledano

Víctor Ballinas y Alonso Urrutia Jesús Salazar Toledano, secretario general de Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF), aseveró ayer en su comparecencia ante comisiones unidas en la Asamblea de Representantes que dadas las manifestaciones públicas la posición del gobierno capitalino seguirá siendo de ``flexibilidad y tolerancia''.

``Nuestra obligación de hacer cumplir la ley no nos faculta para impedir discrecionalmente el desarrollo de cualquier manifestación por razones políticas, o porque no nos agrade lo que en ellas se exprese'', agregó.

Sin embargo, argumentó Salazar Toledano, como en las manifestaciones se cometen abusos que afectan los derechos de terceros, por eso ``mi convocatoria'' a encontrar la fórmula consensada para ampliar el ámbito de tolerancia y convivencia civilizada, condiciones indispensables de una sociedad libertaria y democrática.

En el gobierno de la ciudad, abundó, ``estamos en contra de toda discrecionalidad'', e incluso consideramos que ésta desaparece cuando existen reglas claras y precisas a las que sujeten su actuación tanto las autoridades como los particulares.

No se pretende imponer en forma alguna, advirtió, restricciones adicionales a las que previene la Constitución, en donde se establecen límites a los derechos de reunión y expresión, explicó el funcionario.

La anterior fue la respuesta del secretario general de Gobierno del DDF a los cuestionamientos que le hizo la oposición sobre el uso desmedido de la fuerza y represión contra las manifetaciones en la capital.

Al PRD, que le hizo una propuesta para que el gobierno y los partidos signen el decálogo ético-político para garantizar la transparencia electoral, imparcialidad y el gobierno se abstenga de hacer proselitismo, Jesús Salazar Toledano se manifestó en favor de firmar un acuerdo de civilidad política con reglas claras y precisas ``que nos comprometan a todos a acatar la ley y el resultado de los cómputos, sea cual fuere, bajo el signo de la legalidad, la transparencia y la civilidad.

Previo a ello, el funcionario expuso que no es punible la militancia individual de un servidor público, por tanto, los funcionarios del DDF que estamos en el partido en el poder ``no tenemos por qué disimular nuestra afiliación política''.

De igual forma, dijo a los asambleístas, ustedes saben que los aciertos o las deficiencias de un gobierno, en este caso ``el nuestro'', repercuten para bien o para mal.

Su compromiso ante los legisladores capitalinos fue: ``No haremos proselitismo partidista en esta ciudad, respetaremos la autonomía del proceso electoral y seguiremos nuestra actuación de servidores públicos en los términos estrictos que el marco jurídico nos impone''.

Respondió a los planteamientos sobre la reforma política de la ciudad. En principio, señaló que en estos días llegarán a la Cámara de Diputados diversas reformas en el caso de los consejeros ciudadanos, y en ellas se propone que los consejeros sean en funciones por el periodo previsto para el que fueron electos, y después de eso la Asamblea de Representantes del Distrito Federal será la que en los términos del Estatuto de Gobierno actualice las formas de organización, elección, naturaleza jurídica, características y funciones de los organismos que participen en esa representación.

La reforma, dijo, desde luego no es definitiva, en el sentido de que nada quede por hacer; tiene un propósito de permanencia y no de provisionalidad.

No es definitiva, insistió, si se pensará que nada más queda por hacer. Posteriormente se manifestó en favor de que el Estatuto de Gobierno no lo realice la Asamblea de Representantes del Distrito Federal sino el Congreso de la Unión