Pretende la SHCP gravar las prestaciones exentas: CT

Patricia Muñoz y Judith Calderón La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara un proyecto para ``gravar las prestaciones salariales que hasta la fecha están exentas'', lo cual afectaría a los casi l3.5 millones de asalariados del país.

Las autoridades hacendarias han planteado la iniciativa verbalmente ante representantes sindicales del Congreso del Trabajo (CT) y consiste en avanzar en la gravación de conceptos hasta hoy exentos, entre ellos el transporte, despensas y aportaciones para cultura y fomento deportivo.

La propuesta de Hacienda es integrar algunas prestaciones sociales al salario, lo que aumentaría la carga fiscal a los trabajadores y conllevaría incrementos en el impuesto y cuotas de seguridad social como el IMSS, Infonavit, SAR e impuestos locales, entre otros.

La medida contraviene el proyecto que había presentado la cúpula obrera a las autoridades para demandar la reducción de la carga tributaria a los trabajadores, ya que las modificaciones fiscales de los últimos años han elevado en forma excesiva los impuestos al sector laboral.

En el documento del CT, denominado Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en materia de salarios y prestaciones sociales, la cúpula obrera sostiene que el total de los trabajadores aporta más ingresos fiscales que los empresarios.

``De los ingresos recaudados por concepto de ISR --expone--, los trabajadores aportan un porcentaje mayor que las empresas'', y por lo que respecta al IVA, ``son principalmente los trabajadores sobre quienes recae dicho impuesto, y si a esto sumamos los impuestos estatales y otros indirectos, prácticamente alcanzan a gravar hasta 40 por ciento del salario del trabajador''.

Por ello, el CT propuso una reforma integral al sistema tributario que grava al salario y las prestaciones a través de una adecuación del ISR.

Específicamente, demanda exentar del pago de impuestos a los trabajadores que obtengan menos de cuatro salarios mínimos, así como reducir los gravámenes a quienes ganan hasta diez minisalarios.

Los representantes de Hacienda dijeron que hay disponibilidad de llevar a cabo estas reducciones impositivas, siempre que se logre un acuerdo para gravar las prestaciones de que disfrutan los 13.5 millones de asalariados en el país.

Esta medida incrementaría en un porcentaje aún indefinido la de por sí elevada carga tributaria, pues dependerá de las prestaciones pactadas en cada empresa; asimismo, en las revisiones contractuales se desalentaría el otorgamiento de estos beneficios, considerados como un mecanismo para garantizar la recuperación del poder adquisitivo.

El CT consideró la propuesta violatoria de las disposiciones constitucionales y de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta. Argumentan que sería ``un grave error fiscal'' gravar directamente las prestaciones de previsión social, cuando, por su propia naturaleza, están exentas.

Al respecto, afirma que las disposiciones fiscales reglamentarias han gravado ``silenciosamente'' la mayoría de las prestaciones sociales, lo que viola la ley, pues éstas no deben considerarse como ingreso para fines tributarios.

Agrega que las prestaciones estipuladas en los contratos han contribuido a cubrir las necesidades básicas y en algunos casos extraordinarias, como es el caso de la ayuda para útiles escolares, gastos por nacimiento o defunción y otros que no pueden cubrirse con el salario, por lo que el CT advirtió que no renunciará a conquistas fiscales y labores