Enrique Provencio
Avances en las reformas a la ley ambiental

Casi 20 meses de trabajo y arduas deliberaciones cristalizaron el pasado martes 15, con la presentación en la Cámara de Diputados de una iniciativa de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Las reformas propuestas son muy relevantes, pero también ha sido significativo el complejo proceso con el que se elaboró la iniciativa.

Los temas ambientales no son, como se creía en el pasado, un punto de convergencia natural de todos los sectores, organismos ciudadanos, poderes institucionales, y órdenes de gobierno. Son asuntos que expresan intereses y concepciones muy diversas, y frecuentemente polarizan las posiciones no tanto por diferencias sobre objetivos, sino por discrepancias en torno a prioridades, políticas e instrumentos concretos. Por eso no debe extrañar que la iniciativa de reformas a la LGEEPA haya tardado tanto en madurar.

La ley actual, que el próximo diciembre cumpliría nueve años, ha permitido fortalecer la política ambiental y contiene preceptos que siguen siendo muy avanzados. Sin embargo, en diversos temas ha quedado rebasado por el acelerado cambio de las estrategias ambientales, y su aplicación se ha enfrentado a algunos problemas operativos. La consulta pública convocada por la Cámara de Diputados permitió registrar el sentido de los cambios y recabar propuestas concretas para revisar el articulado de la LGEEPA. En este sentido, el contenido de la iniciativa tuvo su origen en una experiencia y un diagnóstico colectivo en el que se definieron grandes temas y orientaciones para encauzar la reforma.

La amplia consulta pública dio paso a una etapa de deliberación sobre temas específicos entre legisladores, académicos, ambientalistas, expertos en derecho ambiental, funcionarios federales y estatales, abogados empresariales y otros interesados en mejorar la legislación. Por momentos el debate fue ríspido, pero siempre muy rico en propuestas.

El ritmo y contenido de la iniciativa fue marcado por los avances en el debate y los puntos de desencuentro, que gracias a la honestidad intelectual y voluntad política de las partes, se resolvieron tratando de llegar a la mejor reforma posible. Desde el principio se abordó la reforma como un proyecto conjunto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y la intervención de senadores y diputados fue constante en todo el proceso de elaboración de la iniciativa. Por ello no fue una mera formalidad que haya sido una iniciativa conjunta entre grupos parlamentarios y Poder Ejecutivo.

Con las reformas se tendría una legislación más acorde con una política ambiental que realmente nos encamine en una trayectoria de desarrollo sustentable. Esta tiene que ser una política más preventiva y descentralizada, que controle algunos excesos regulatorios, abra más oportunidades a la intervención social, garantice el acceso a la información ambiental, mejore los instrumentos de política de los que ya se dispone, e introduzca otros que ya están maduros en nuestro país.

También de manera conjunta se presenta una iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con las que la ciudadanía podrá disponer de mejores medios jurídicos para la protección ambiental. En esta dirección habría muchos avances concretos con los cambios que están en dictamen por parte del Poder Legislativo.

Ambas iniciativas rescatan las propuestas más avanzadas que se ventilaron en el proceso de consulta y deliberación mencionado, particularmente, los cambios propuestos en la Comisión de Ecología enriquecieron más la iniciativa, con lo que ésta ha cumplido ya con las principales expectativas de todas las fracciones parlamentarias, de los grupos y sectores sociales, y de casi todos los ambientalistas y expertos que intervinieron en su elaboración.

Una aprobación por parte de todos los grupos parlamentarios sería no sólo un reconocimiento por los avances de fondo que supone la reforma y de lo participativo y plural del proceso que la impulsó, sino un respaldo político para asegurar una mejor aplicación de las reformas al marco jurídico ambiental.