Tras su comparecencia ante la Comisión de Energéticos del Senado de la República, el secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, afirmó que el gobierno federal no ha logrado exponer con claridad la nueva fórmula de compromiso recientemente establecida para privatizar parcialmente las plantas petroquímicas ya existentes y para permitir que los nuevos complejos sean construidos y poseídos íntegramente por capitales privados, nacionales o extranjeros.

Sin embargo, un breve repaso a las diversas propuestas gubernamentales acerca de la desincorporación de la petroquímica secundaria, en lo que va del presente sexenio, indica que la claridad ha faltado en las acciones y en las políticas. Ello ha sido así porque las dependencias que han participado en este proceso han formulado y presentado proyectos no necesariamente bien fundamentados en lo legal, y sin haber realizado antes consultas que les permitieran conocer el estado de ánimo del país en torno a este delicado tema.

Era previsible que cualquier medida gubernamental que apuntara a alterar el estatuto nacional de la industria petrolera y de los derivados del crudo --un estatuto que ha constituido uno de los pilares históricos fundamentales de México en las últimas seis décadas-- habría de desatar disensos en los más diversos ámbitos de la sociedad y del propio aparato estatal. Con todo, las autoridades decidieron abrir esa caja de Pandora, en parte porque así se los dictaron sus convicciones económicas, en parte porque existían --y existen-- presiones reales, internas y externas, y en parte porque la privatización parcial o total de la petroquímica es, a fin de cuentas, una de las pocas formas de obtener importantes recursos económicos en el actual contexto económico apremiante.

Ha de señalarse, en justicia, que tras el vasto rechazo que suscitaron los planes iniciales para desincorporar íntegramente la petroquímica secundaria, y luego que se descubrieron las debilidades legales de tales planes, el gobierno dio marcha atrás, en parte, y formuló una nueva propuesta que buscaba suscitar el consenso de la nación y conciliar las posturas de defensa de la planta petrolera y petroquímica con el modelo imperante de política económica y con las peticiones, foráneas y locales, que pretenden que México ponga toda su actividad petrolera al arbitrio del libre mercado y de los capitales privados.

Sin embargo, y por desgracia, la propuesta gubernamental más reciente no ha logrado constituirse en punto de acuerdo entre tirios y troyanos y ha generado, por el contrario, las críticas de ambas partes.

En este caso concreto puede percibirse con nitidez una de las más graves carencias de nuestro sistema legal: la ausencia de la figura de consulta popular, el referéndum o el plebiscito. La utilidad de estas prácticas democráticas es, justamente, el constituirse en un instrumento para dirimir o modificar asuntos tan delicados y tan vinculados al proyecto de Nación como lo es, en México, la propiedad del petróleo y de las industrias directamente relacionadas.