Ante la situación actual del país y en particular la del campo mexicano, es inevitable preguntarse qué está haciendo, qué puede hacer el Sistema Nacional de Investigación para coadyuvar a resolver los problemas de casi 10 millones de indígenas que se encuentran en la extrema pobreza (ver: Tello, INI, La Jornada, 21 de junio de 1996).

¿Cuál es la política de investigación forestal, agrícola y pecuaria del gobierno mexicano en relación a los productores no empresariales, que producen no teniendo como prioridad la rentabilidad y que representan cerca del 80 por ciento de los productores del campo?

Frente a la política de descentralización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural --SAGAR--, y como parte de ella, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias --INIFAP-, la creación de patronatos y recientemente de las fundaciones estatales PRODUCE (1), el producto no empresarial o no organizado en instancias reconocidas oficialmente, o que no cuenta con recursos económicos para financiar la investigación, validación o transferencia de tecnología, ¿con qué canales cuenta para dar a conocer sus necesidades de investigación?

¿Cómo se piensa abordar la problemática de conservación, mejoramiento y uso racional de los recursos naturales y la producción de alimentos básicos en los que no tenga interés en invertir el productor empresarial y por vías distintas al endeudamiento, la pérdida de autosuficiencia y de la soberanía?

¿Bajo qué criterios canalizar recursos fiscales --que se reconocen escasos-- pero que a fin de cuentas pertenecen a todos los contribuyentes, sea su producción rentable o no, excedentaria, insuficiente o nula?

¿Cómo favorecer la creación de empleos y la distribución equitativa del ingreso?

¿De qué forma el Sistema Nacional de Investigación puede participar en la generación, validación y transferencia de tecnologías apropiadas a las condiciones de producción (socioeconómicas, culturales, ecológicas...) de los productores y de las diferentes regiones del país, que rebasen el ámbito estatal y con criterios de sustentabilidad?

Se ha dicho que ya existe suficiente tecnología generada a nivel nacional o internacional y que por lo tanto, el apoyo a la transferencia de tecnología debe ser lo primordial; cabe preguntarse por qué no se han aplicado, o lo apropiado de esas tecnologías en términos de sustentabilidad, de su viabilidad socioeconómica, cultural y ecológica.

Finalmente habría que cuestionarse si en la investigación científico-técnica y ante limitaciones presupuestales, debe haber prioridades. ¿Cuáles deben ser éstas y cómo definirlas?

En todo caso, no debe ser excluyendo a la mayor parte de los productores del campo mexicano, tampoco a los investigadores.

El autor es investigador del INIFAP, área pecuaria, Campo Experimental Zacatepec, Morelos.

(1) En ambos casos se pretende que el gobierno federal, los estatales y los productores aporten igual cantidad de recursos económicos para la investigación.