FINALIZO EL MOTIN EN EL PENAL DE BARRIENTOS

Raúl Llanos y Ana Salazar, corresponsal A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) había ya enviado recomendaciones a las autoridades del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, ante las irregularidades que imperan en su interior, los responsables de dicho centro penitenciario prácticamente nada hicieron para atacar la sobrepoblación de 40 por ciento y eliminar los cobros de los custodios hacia los familiares de los internos, las deficiencias en el servicio y el deterioro que existe en diversas áreas del penal.

El primer visitador de la CDHEM, Adolfo Hernández Figueroa, precisó que el principal problema de ese centro es la sobrepoblación, y aun cuando las instalaciones y áreas se mejoran, la misma estancia hacinada de los internos provoca que haya deterioro, carencia y deficiencias, situaciones que llevaron al amotinamiento de 150 presos de este sábado.

De hecho, a 24 horas de haberse suscitado ese ``movimiento de resistencia organizada'' la situación aún era tensa en el interior del penal, ante el temor de alguna represalia hacia los reclusos que participaron en esa acción o hacia los segregados del dormitorio 1, quienes se mantuvieron al margen del motin, y por el hecho de que hasta las 16 horas de ayer seguía prohibido el suministro de alimentos.

Los accesos a ese lugar de reclusión permanecían fuertemente resguardados por cientos de granaderos y elementos de Seguridad Pública de los municipios aledaños, quienes también enfrentaban las quejas y reclamos de la gente que seguía a las puertas del penal.

Calculan familiares 200 lesionados

Familiares de los internos tuvieron ya ayer la posibilidad de ingresar en el centro de readaptación, y al salir manifestaron que el número de heridos supera con mucho a los 15 que se reportaron oficialmente. Algunos calculaban 200 afectados por golpes diversos.

``Vi cómo todavía hay varios lesionados que no han recibido atención médica. Son de varias áreas. Sin embargo los tienen castigados por participar en el amotinamiento... A mí me dijeron que mi esposo no había sido golpeado y ahorita que entré tiene toda la espalda marcada'', aseguró una desesperada mujer.

Afuera del penal Juan Francisco Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos, otra persona afirmó: ``Acabo de ver a mi hermano, y me pidió urgentemente 100 pesos, porque le están exigiendo ese dinero por los objetos que se perdieron durante el enfrentamiento, y le advirtieron que si no lo da lo van a castigar''.

Algunos familiares hicieron un llamado al primer visitador de la CDHEM para que intervenga en esa situación, pues a pesar de los compromisos del director de los Ceresos en el estado de México, César Fajardo, de que no habrá represalias, ``no hay confianza en su palabra''. Ante ello, llegaron ayer 18 abogados de Derechos Humanos para recibir la queja de los reclusos, que de comprobarse ameritará una recomendación del organismo.

El subdirector operativo de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del estado de México, Gerónimo Andrés Martínez, informó que a la medianoche del sábado se logró la liberación de los dos celadores que permanecían como rehenes en el dormitorio 5.

Asimismo, negó que haya habido represión, y hasta las 16 horas consideró la situación en el interior como ``normal''. Reconoció que hubo daños en la biblioteca, en las áreas médica y educativa y en algunos baños, así como varios vidrios rotos. De igual manera, rechazó que se hayan decomisado armas blancas o de fuego.

Dinero es poder y privilegios

El penal de Barrientos tiene una capacidad para 700 u 800 internos, pero actualmente mantiene a una población que va de los mil 170 a los mil 300, lo que genera una serie de situaciones irregulares y de disputas de espacios y privilegios.

Aquí, como en otros centros penitenciarios, impera el poder del dinero, y quien paga tiene derecho a muchos ``beneficios''. Aquí todo se mide por la regla monetaria y no por la fuerza de la ley, y todo, absolutamente todo, tiene precio: 3 mil pesos por permanecer solo en una celda; 250 pesos por sentarse en una mesa con sus familiares, 200 pesos para trabajar en el área de cocinas...

Por su parte, los familiares se quejan de que no les dejan introducir comida ni material para los talleres, pues los reos son obligados a comprar todo adentro, pero al triple de lo que cuesta en el exterior.

Por ejemplo, un vaso de leche cuesta 4 pesos; un refresco 5; una bolsa de botana 3; el préstamo de una cobija 20 pesos. Y aun cuando está prohibido el tráfico de bebidas embriagantes, se puede adquirir una cerveza por 50 pesos, o unos cigarros Delicados en 8.

Además, explican los familiares, los custodios se quedan con muchos alimentos, pertenencias o ropa que llevan a los internos, y el director del penal, Arturo César López, de quien piden su renuncia, ejerce un trato despótico.

Raúl Llanos y Ana Salazar, corresponsal Funcionarios de Gobernación estatal informaron que intensificarán los trabajos de inspección y verificación para evitar el tráfico de estupefacientes en los 19 penales mexiquenses luego de que este fin de semana se suscitó un motín en el penal de Barrientos, en el que resultaron lesionados por arma de fuego cinco internos y que fue organizado por sentenciados de delitos contra la salud.

En conferencia de prensa César Fajardo de la Mora, director general de Centros de Prevención y Readaptación Social en el estado de México, dijo que en lo que va del año se ha procesado a 100 custodios de diferentes penales que incurrieron en tráfico de estupefacientes en el interior de los centros, así como en otras irregularidades.

El funcionario afirmó que la dependencia a su cargo aplica permanentes operativos de inspección y vigilancia en los Ceresos para la prevención del tráfico de enervantes y sicotrópicos.

Fajardo de la Mora ofreció una conferencia de último momento para dar a conocer que de acuerdo con pláticas sostenidas con los reos que se replegaron ayer por la noche en el dormitorio 5 de sentenciados, y que mantuvieron como rehenes a los custodios José Antonio Mora Colín y Alberto Ramírez, se acordó impulsar acciones para mejorar los servicios de las áreas educativas, atención médica y la alimentación que se otorga diario a los internos.

También dijo que se inició una investigación para deslindar responsabilidades en el personal administrativo y operativo de vigilancia del centro penitenciario, así como del director Arturo César López, en relación con las quejas que recibieron de los amotinados sobre corrupción y malos tratos.

Respecto de otros de los puntos que demandaron los reos referente a la agilización de sus procesos judiciales, Fajardo de la Mora informó que se organizaron ya brigadas jurídicas que en breve otorgarán beneficios de acuerdo con cada uno de los casos, y se mantendrá la supervisión permanente de los alimentos.

Aunque no precisó el techo financiero que destina el gobierno estatal para la manutención de los internos de los 19 penales, resaltó que existe una sobrepoblación de más de 45 por ciento. La población penitenciaria estatal se calcula en 5 mil 800 procesados, de los cuales 50 por ciento aún no han sido sentenciados.

En el caso particular del penal de Barrientos, con una población de mil 170 reos, 40 por ciento no ha sido procesado y se registra una sobrepoblación de 25 por ciento.

El funcionario negó que el motín haya sido organizado por internos sentenciados por delitos contra la salud. Sin embargo, agregó, donde se originó la revuelta (en el dormitorio 5) se concentran los delincuentes que cumplen con un perfil de alta peligrosidad.

A pregunta expresa de los reporteros en el sentido de que si fueron narcotraficantes los que organizaron el movimiento rebelde, el funcionario atajó la pregunta y se limitó a contestar que las demandas ``de los reos son sensatas y no se trata de narcotraficantes, pero tampoco se trata de estigmatizarlos''.

Sin embargo, fuentes de Gobernación estatal confirmaron que fueron los reos sentenciados por delitos contra la salud quienes iniciaron la movilización interna, y de entre ellos ya fue identificado Jorge García, preso de alta peligrosidad.

Reiteró Fajardo de la Mora que en las pláticas con los internos se comprometió a no emprender represalias en su contra. Dijo que mantendrá una comunicación constante con los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Al hacer una evaluación de los daños, que aún no han sido cuantificados, detalló que las áreas de educación, clínica, talleres, cubículos, archivo de expedientes y la biblioteca fueron quemados parcialmente. También fueron destruidos los expedientes de los internos, mismos que serán sustituidos por los que se encuentran en archivo en la ciudad de Toluca.

El penal de Barrientos presenta un problema difícil por la sobrepoblación, por lo que se inició ya la reubicación de internos en otros penales de menor densidad como medida preventiva para evitar nuevos motines, dijo De la Mora.