El presidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, ha declarado que más de la mitad del presupuesto para el año próximo será destinada al pago de la deuda externa que abruma a ese país. En palabras simples, eso significa que menos de la mitad del presupuesto oficial servirá para sostener los gastos de la administración, los servicios públicos, los programas de asistencia social, salud, vivienda, educación y otros semejantes. Como el presidente Bucaram agregó que aumentará la vigilancia militar y destinará fondos a eliminar las minas antipersonales en la frontera con Perú --país con el cual Ecuador sostuvo recientemente una guerra y mantiene conflictos--, es evidente que las fuerzas armadas tendrán la parte del león de los ingresos nacionales que no se lleven los bancos extranjeros. ¿No aumentará esta parálisis del Estado la pobreza y la tensión social, agravando así el círculo vicioso que hace que la crisis engendre violencia y ésta exija represión? ¿Cómo privilegiar, además, a los acreedores extranjeros cuando hay una profunda inquietud de los sectores populares, y en particular de las comunidades indígenas, ante el deterioro de sus condiciones de vida?

Es evidente que el caso de Ecuador es anormal por lo desmesurado del porcentaje de los recursos destinados al pago de la deuda con el extranjero, pero de ningún modo es excepcional pues, de uno u otro modo, todos los países latinoamericanos o del llamado Tercer Mundo, en general, tienen endeudadas sus generaciones futuras y pagan hoy mismo enormes sumas por concepto de intereses sobre sus deudas, arrancándolas al bienestar social y al desarrollo de sus pueblos.

Independientemente del carácter drástico de la política adoptada por Bucaram para golpear la imaginación de los banqueros y acreedores, pero que podría estimular todo tipo de protestas en Ecuador mismo, se vuelve a plantear de modo dramático el problema de la deuda externa, que obliga a muchos países a desangrarse porque así lo piden las finanzas internacionales, aún a costa de graves trastornos políticos y de aún más graves retrocesos históricos o retrasos en su progreso social.

La misma Comisión Económica para América Latina (Cepal) ha sostenido en estos días que la política neoliberal de choque (tan cara a Bucaram y a su nuevo asesor económico Domingo Cavallo, quien la aplicó antes en Argentina) debe ser mitigada por una mayor intervención económica y social del Estado y por una lucha contra la pobreza si se desea hacerla posible y tolerable. Es lamentable que esta advertencia no sea escuchada en los lugares donde se adoptan las decisiones...