El Congreso Nacional Indígena ha refrendado las demandas de ``reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas'', a sus ``tierras y territorios ancestrales'', a sus ``sistemas normativos'' y a la ``libre determinación'' bajo un régimen de ``regiones autónomas pluriétnicas''. Ya José del Val, en una serie notable de artículos publicados en La Jornada, señaló la vaguedad de esos conceptos y la imposibilidad de aterrizarlos en una legislación practicable que contribuya a la ``reconstitución de los pueblos indígenas'' de México, y no a una nueva ficción jurídica.

No es claro lo que debe entenderse en el México de hoy por ``pueblos indígenas''. La mezcla de las comunidades étnicas con el resto de la población ha diluido las identidades raciales en todo el territorio nacional, salvo en las zonas de refugio que son el lugar por excelencia del aislamiento y la pobreza. Lo mismo puede decirse de las ``tierras y territorios ancestrales''. Si estas palabras no se refieren a la distribución territorial prehispánica --de modo que los actuales nahoas pudieran reivindicar las tierras donde estaba la Gran Tenochtitlan-- sólo pueden identificarse hoy territorios o ``habitats'' indígenas en esas mismas regiones de refugio que son la consecuencia de la marginación indígena y difícilmente serán el inicio de su liberación política o económica.

Por lo que hace al reconocimiento de los ``sistemas normativos indígenas'', la verdad es que, salvo algunos usos y costumbres, como el tequio o la elección de autoridades por consenso, los tales ``sistemas'' no existen en tanto cuerpos jurídicos identificables e incluyen algunas costumbres, como el ``rapto de la novia'' entre los tojolabales o la expulsión de indeseables entre los chamulas, que más valdría desaparecer del territorio mexicano. Finalmente, la noción de ``autonomía'' tiene el gran riesgo de derivar en la práctica hacia un régimen de reservación y nuevo aislamiento.

Las demandas del Congreso Nacional Indígena parecen una fuga hacia adelante del problema mayor que significa la modernización institucional, política y económica de México. Son demandas que tienen su origen en la deformidad del sistema político que no garantiza la verdadera representación ni el funcionamiento equilibrado de las diversas instancias de gobierno. Tienen su origen también en el hartazgo de la marginación, hija del racismo inveterado, pero también de la estrechez estructural de una economía que no ha podido nunca regar sus prosperidades a las bases de la pirámide, una economía cuyo signo ha sido la concentración oligárquica de los recursos y la marginación progresiva de una población que, además, crece sin freno.

Los pueblos indios y sus ideólogos parecen decir: Ya que ni la política ni la economía de la nación funcionan satisfactoriamente, hagamos que funcione al menos la vida de los pueblos indígenas, poniéndoles nuevas reglas y garantizándoles una nueva institucionalidad. Las demandas refrendadas por el Congreso Nacional Indígena son la búsqueda de una nueva solución particular para los pueblos indios. Esa es quizá su debilidad estratégica: particularizan en vez de universalizar los instrumentos y recursos de la causa indígena. Es una estrategia que, bajo la justa demanda del derecho a la diferencia, plantea el establecimiento de leyes y estatutos especiales en lugar de la ampliación, el uso y la vigencia real de los recursos establecidos, que tienen mayor universalidad, porque obligan y protegen a todos.

En este último sentido caminan aceleradamente la mayoría de los mexicanos, buscando por distintos medios que sus leyes, casi siempre aceptables, dejen de ser letra muerta y se vuelvan realidad. México todo busca una respuesta universal a sus problemas políticos y económicos. ¿Por qué en lugar de particularizar la causa indígena dentro de la lucha universal de los mexicanos por una vida democrática y una economía próspera, no abrirla a la utilización de las leyes y los recursos de todos?

Durante siglos, el paternalismo tutelar y las leyes de excepción han sido respuestas blancas y mestizas a la cuestión indígena. Durante siglos hemos constatado el fracaso de esas respuestas. Su pecado común acaso haya sido la de aislar y particulizar como una forma de proteger y titular a los indígenas. De la tutela y el aislamiento, de los distintos refuerzos de la peculiaridad indígena, no han venido sino opresión y discriminación. Las únicas historias de éxito de la experiencia indígena de México, son historias derivadas del contacto activo, de la apropiación indígena de los recursos de la sociedad mestiza y blanca en que viven, historias de universalización de la peculiaridad indígena y de su abierta exposición y mezcla con el mundo ``exterior''.

Los nuevos ideólogos de la causa indígena dicen: ``No habrá solución de fondo para México si no hay solución de fondo para los problemas indígenas''. Los mexicanos que buscan la modernidad democrática y económica del país pueden decirlo al revés: ``Si no hay solución para los problemas de México no los habrá para la causa indígena''.