La IP presiona al gobierno.
En privado, con preocupante aceptación del presidente Ernesto Zedillo, el sector empresarial ha presentado una opción de país que no han podido conjuntar en lo político y lo económico el resto de los actores sociales.
Es preocupante porque el empresariado recibió promesas presidenciales de atenderlo pese a su identificación con las tesis abiertamente panistas y los dictados del Fondo Monetario Internacional.
Además, se vierten críticas constantes a la administración, se pide redimensionar al gobierno ``en congruencia con la situación económica'', el fin del ``monopolio educativo'' y ``un código de ética para los medios de comunicación''.
El documento, avalado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y su decena de organismos afiliados, presenta un título sugerente: La transición mexicana y nuestra propuesta para un desarrollo sostenible en el largo plazo.
Dice la presentación:
``Las instituciones gremiales que integramos el CCE, conscientes de nuestra responsabilidad en esta trascendental etapa de transición de nuestra historia nacional, proponemos a todos nuestros afiliados --así como a los principales actores de este proceso y a la sociedad en general-- asumir una actitud participativa para el logro de un México libre, con instituciones, principios y valores sólidos que nos conduzca por medios pacíficos a una democracia plena, con economía de mercado socialmente responsable''.
Los riesgos: autoritarismo, intervencionismo, regresión
México, dice el texto, ``vive una transición. Es decir, los mexicanos hemos decidido abandonar actitudes conformistas y acríticas, para asumir una nueva vocación de exigencia, participación y corresponsabilidad''.
La nación ha pasado ``de un viejo sistema a un nuevo sistema'', de tal manera que las etapas nacionales ya pueden dividirse en antes de y después de dicha transición, entendida ésta como ``pasar de un modo de ser o de estar a otro distinto''.
Páginas adelante dice que la transición es un derecho y que los empresarios ``tenemos el deber moral de participar. La transición en sí no es buena ni mala (sic). Pugnamos por que conduzca a una superación y no a una frustración o a una regresión''.
Las fases de esta transición: basada ``en la experiencia de las transiciones de la segunda mitad del siglo XX, se configuran las siguientes tres etapas: liberalización, democratización, consolidación''.
La liberalización se caracteriza por ``apertura, desregulación, fin de monopolios económicos, educativos, expresivos, electorales; pluralidad, incertidumbre, provisionalidad''.
En tanto, la democratización se configura con ``nuevos actores, nuevas secuencias, se fijan nuevas reglas, se adecuan leyes, (hay) pluripartidismo, condiciones que permiten la alternancia, pluriasociacionismo''.
La consolidación aparecerá cuando haya ``nuevo sistema, reglas `definitivas', termina la provisionalidad, fin de la incertidumbre, ningún actor considera otra alternancia que la democracia para obtener el poder, se logra la paz social''.
Empero, los escenarios posibles de la transición son tres: menos autoritarismo y menos intervencionismo económico; menos autoritarismo político y más economía de mercado, y más democracia plena y más economía de mercado.
De acuerdo a la combinación de factores, habría resultados que el pequeño documento, a punto de hacerse público, no identifica el probable para México: regresión o colapso, mediatización o estancamiento y cumplimiento o plenitud''.
Por un México libre e instituciones sólidas
En esta transición ``nuestra propuesta es: por un México libre, con instituciones, principios y valores sólidos, que nos conduzcan a una democracia plena, con economía de mercado socialmente responsable''.
Todo este futuro se configuraría con 24 tesis, que luego el texto divide en capítulos. Asienta el relativo a ``Valores fundamentales indispensables en la democracia plena, con economía de mercado socialmente responsable: honradez, verdad, justicia, libertad, responsabilidad, austeridad''.
En el ámbito social, ``respetando los principios de solidaridad y subsidiariedad, dar prioridad a educación, seguridad pública y seguridad jurídica (estado de derecho), salud, erradicación de la pobreza extrema y la marginación mediante procesos eficaces de movilidad social, cultura ecológica, respeto a los derechos humanos''.
Mediante la atención de esas prioridades, asienta esta ideología tan afín al Partido Acción Nacional, será posible ``alcanzar como frutos el bien común, la paz social y el bienestar de las familias y de los individuos''.
En el ámbito político, y ``respetando la plena vigencia del estado de derecho y nuestra soberanía'', el sector privado considera necesario dar prioridad a seis aspectos:
--División real de poderes.
--Fortalecimiento de la estructura federal mediante municipios libres y estados soberanos (en lo político y en lo económico).
--Celebración de procesos electorales honestos y equitativos mediante su coordinación y sanción por parte de organismos electorales autónomos.
--Sanción efectiva a la corrupción mediante la integración de las funciones relativas a este propósito, que hoy desempeña la Contraloría, a la Contaduría Mayor de Hacienda.
--Elaboración de un código ético para los medios de comunicación social.
--La operación de partidos y asociaciones políticas, así como de organismos intermedios, fuertes e independientes.
Si todo esto se cumple, como se pidió al presentar el documento al presidente Zedillo y al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, será posible ``alcanzar como fruto la plena vigencia del régimen democrático''.
Otro reclamo: urge ``una nueva cultura laboral''
En el ámbito económico, el planteamiento del sector empresarial es más preciso:
``Promover la creación de un marco institucional que propicie: el fomento a la libre iniciativa, la libertad de emprender, la promoción de la propiedad, la competitividad y la productividad; una nueva cultura empresarial consciente de una creciente responsabilidad social, respetuosa de la dignidad de empresarios, trabajadores, direc- tivos y consumidores, y una nueva cultura laboral que concilie los intereses de empresarios y trabajadores''.
Para ello es necesario dar prioridad, aquí terminan las 24 tesis genéricas, a los siguientes seis aspectos:
--La autonomía del Banco de México en materia de política monetaria y cambiaria, con responsabilidad de mantener la estabilidad de precios a través de ésta, una paridad que propicie la competitividad en los mercados internacionales mediante los mecanismos del propio mercado.
--Fomentar y apoyar a la planta productiva nacional (en el campo, los servicios y la industria), poniendo especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.
--Redimensionamiento del gobierno en congruencia con la economía del país y reorientación del gasto público, disminuyendo el corriente y aumentando el de inversión, para atender en forma adecuada a la ampliación de la infraestructura.
--Reforma fiscal integral, con impuestos generales, equitativos y proporcionales, simplificando drásticamente su reglamentación.
--Instrumentar las reformas institucionales necesarias para fomentar el ahorro interno y la inversión.
--Impulsar la capacitación, el uso de la tecnología apropiada y la investigación.
Para alcanzar estos frutos es necesario ``disminuir el llamado `costo país', lograr una efectiva desregulación, propiciar una distribución más equitativa de la riqueza, incrementar el empleo productivo y estable, incrementar los mercados interno y externo, impulsar las exportaciones y lograr un crecimiento económico y sostenible''.
Los panistas se rebelan contra Fernando Lozano
Molestos con el trato y las actitudes de Fernando Antonio Lozano Gracia, miembro del gabinete gracias a la concertacesión zedillista con el PAN, los senadores panistas decidieron actuar sin consultar a su correligionario.
El distanciamiento rebasó las fronteras blanquiazules el lunes pasado, cuando el coordinador parlamentario, Gabriel Jiménez Remus, tuvo críticas y marcó distancia hacia su otrora amigo procurador general de la República.
La historia:
Los coordinadores senatoriales de los tres partidos --el priísta Fernando Ortiz Arana, el panista Jiménez Remus y el perredista Héctor Sánchez-- discutían la estrategia para sacar adelante la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Permeaba la idea de presentar el texto para primera lectura el martes, remitirlo a comisiones y llevarlo a discusión y aprobación hasta el jueves. Pero el jalisciense Jiménez Remus sorprendió a los presentes:
--Fernando --se dirigió a Ortiz Arana--: vámonos por el fast track.
--¿Cómo --cuestionó el líder camaral--, si tenemos casi un año de consultas, de discusiones, de propuestas y contrapropuestas, de negociaciones y reformas...?
--Sí --insistió Jiménez Remus--. A ver qué dice aquí el comunista --se dirigió a Héctor Sánchez.
El perredista coincidió con Ortiz Arana. Sugirió legislar sin premura, discutir puntos no claros para muchos legisladores y hacer un trabajo más profesional, contra la imagen que se daría de sacar el proyecto con dispensa de trámites.
Jiménez Remus insistió. Insistió y convenció. Dijo que no era necesario discutir más el proyecto con el procurador general de la República y, entre sus argumentos para convencer, dio uno que nadie esperaba:
--El soberbio de Fernando ya ni la llamada me toma... El cree que soy su empleado, pero está equivocado...
La iniciativa de nueva ley, modificada radicalmente en relación a la sugerencia de Lozano Gracia, entró el martes y, a sugerencia de un panista, se discutió y se aprobó en la misma sesión. Cuestionada hasta la víspera, salió con unanimidad.
Tema libre
En enero, por premuras y falta de previsión, las Afores y las Siefores comenzarán a trabajar sin tener el permiso correspondiente. Es cuestión de calendario: el 17 de octubre venció el plazo para presentar las cartas de intención, 15 días después deberán presentar la solicitud formal, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) tendrá 30 días más para emitir su dictamen, y a partir de la primera semana de diciembre los interesados dispondrán de 90 días para completar la documentación. En enero estarán en operación al menos seis Afores, entre ellas la del IMSS... Los informes al mayor nivel gubernamental dicen que ya están detenidos casi todos los dirigentes del EPR y que sólo faltan los autores intelectuales. Estas acciones se detuvieron a petición del gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero, en víspera de las elecciones de Guerrero. Pese a las aprehensiones, el gobierno esperará un tiempo prudente para dar la información. Entre los fugitivos se menciona aún al perredista Ranferi Hernández, a Rocío Montesinos y al guatemalteco Coche Vides... El enfrentamiento entre Televisa y Televisión Azteca está por registrar nuevos capítulos de tipo comercial: Televisa busca quién haga un programa de contrapeso a Ventaneando de Paty Chapoy, y Tv Azteca está por sacar al aire a Juan Carlos El Gallo Calderón para robarle público a Guillermo Ochoa. Por orden gubernamental, el pleito no regresará a aquellas acusaciones públicas que se dieron cuando gente de ambas compañías resultó socia de Raúl Salinas... Molestia en el poder contra Felipe Calderón Hinojosa. Se fue a Estados Unidos, a criticar al PRI y al gobierno cuando se entraba a la discusión fuerte para culminar la reforma electoral. Su ausencia ha dificultado aprobar nuevas leyes, reformar otras y designar consejeros y magistrados ciudadanos. Lo peor es que un panista informó que Calderón se quedará en Estados Unidos porque ``es amante del beisbol y quiere ver la Serie Mundial''.