La Jornada 19 de octubre de 1996

Riesgoso, normar la libertad de expresión

Ismael Romero El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, reiteró ayer a miembros de la Comisión Especial paritaria de Comunicación Social de la Cámara de Diputados que el gobierno considera que pretender normar las garantías individuales sobre la libertad de expresión entraña más riesgos que beneficios, pero que está en todo momento atento a las propuestas de la sociedad y el Legislativo.

Los legisladores visitaron al funcionario en sus oficinas de Bucareli para comentar con él los resultados del trabajo que el órgano camaral ha hecho en el último año, con miras a proponer un nuevo marco legal en materia de medios de comunicación.

Al respecto, el diputado priísta Netzahualcóyotl de la Vega informó que, por el momento, no existe ningún proyecto de ley de medios de comunicación. Lo que se está haciendo, agregó, es procesar toda la información recabada en las consultas a las que convocó la comisión legislativa.

Los foros de consulta, dijo, generaron más de 3 mil propuestas de 600 ponencias presentadas. Toda esa información, indicó, se va a entregar al secretario de Gobernación.

La panista María Teresa Gómez Mont dijo que esperan de Chuayffet una actitud receptiva e interesada, con relación al tema de la legislación. Panista y priísta coincidieron en que la propuesta del gobierno de que los medios tengan un código de ética, es un asunto que sólo corresponde a éstos.

A su vez, el diputado del PRD Salvador Mantínez della Roca dijo que su partido defenderá los diez puntos que se obtuvieron en el coloquio organizado con 45 comunicólogos, entre ellos el derecho a réplica, la defensa de los actores de los medios, la necesidad de un salario profesional.

En un comunicado, Gobernación informó que la reunión con los diputados fue para intercambiar puntos de vista, y que este contacto será permanente.

La dependencia dijo que Chuayffet trajo a tema el texto del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se establece la posición del gobierno con respecto a la pretensión de normar las garantías individuales