Los analistas están callando algo muy importante, que es fundamental para el futuro del país. El gobierno ``de Zedillo'', a fin de conservar el poder, sigue empeñado en ir en contra de una demanda creciente de la sociedad: vivir en un régimen de derecho.
1. Los mexicanos exigen cada vez más un respeto a la legalidad, y aunque el propio Zedillo habla todos los días del ``Estado de derecho'' (sin que nadie pueda asegurar que conozca lo que significa), con los hechos parece empeñado en violentarlo, actuando con la misma discrecionalidad de sus predecesores, y un ejemplo de esto es lo que acontece en Chiapas y en los otros estados que se están militarizando.
2. En el gobierno actual prosigue impune la corrupción tradicional y a nadie escapa que se están encubriendo los crímenes de Salinas en una actitud de abierta complicidad, pero no sólo eso. Córdoba y Zedillo mantienen un presidencialismo por encima de la legalidad, y siguen pasando por sobre todas las leyes de la República, en particular en Chiapas, donde el gobierno conserva las viejas estructuras económicas y políticas, y sigue empeñado en desconocer los Acuerdos de San Andrés: mantiene a un ``gobernador'' que no es sino un socio de Raúl Salinas de Gortari, y lo esencial de los recursos públicos los destina a unas fuerzas armadas que hacen imposible la vida en las comunidades agraviando cada día más a los pueblos indígenas.
3. En México no existe un Poder Judicial que controle los actos de la administración, y una de las consecuencias de ello es que las políticas ``de Zedillo'' han hecho del ejército un ``actor político'', como lo señalaba recientemente el obispo Samuel Ruiz (13 de octubre), y con un fin. El Constituyente de 1916-1917 se caracterizó por darle un papel de defensor de la soberanía nacional, y los gobernantes actuales han logrado lo contrario: lo han convertido en un instrumento de las políticas de entrega de la Nación y de la ilegalidad del régimen.
4. El convenio suscrito por la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de la Defensa Nacional (en presencia de Zedillo), por el cual cada año los 270 mil conscriptos (y también los miembros regulares de las fuerzas armadas) se convertirían en ``agentes educativos'' (9 de octubre) es, ante todo, anticonstitucional. En el régimen legal mexicano, la SEP no tiene capacidad legal para ceder sus atribuciones a otra dependencia, y es eso lo que ha hecho por la decisión de un gobierno débil que en su afán de conservar el poder está entregando todo a los militares.
5. Las razones de este acuerdo no son difíciles de entender pues, según se ha reseñado, inmersos en esa tarea represiva que ellos no decidieron, los militares se están dedicando en varias zonas del país a ``interrogar'' a los niños, buscando que éstos delaten si sus padres usan botas o si leen libros o distribuyen volantes (Proceso, Núm. 1038).
6. La corrupción en los gobiernos tecnocráticos de De la Madrid, Salinas y Zedillo ha tenido un rasgo distintivo: involucró a altos mandos militares en el narcotráfico buscando lograr el apoyo de éstos a sus políticas entreguistas, y ése es el origen del problema.
7. El descontento de los altos oficiales con el gobierno actual es conocido y tiene su origen en sus políticas y en el papel que les ha hecho desempeñar en Chiapas, pero desde la presidencia no se ha imaginado otra forma de paliarlo que dándoles parcelas de poder. Gobernación les ha cedido facultades migratorias, la PGR, tareas de Ministerio Público y de Policía Judicial; Salud, responsabilidades médicas; y Sedesol, atribuciones en materia de desarrollo social. Los gobiernos de Chiapas y de otros estados les han entregado el control de su entidad y el Ejecutivo, en fin, les autoriza recursos sin límite para que entreguen dádivas y puedan mejorar su imagen, deteriorada a consecuencia de las decisiones tomadas en Los Pinos; es decir por el aventurero galo Joseph-Marie Cordoba. Y todo al margen del régimen de derecho, porque como corolario, la Suprema Corte no ha actuado ante tantas violaciones a la Constitución.
8. La paradoja en este asunto es que los miembros de las fuerzas armadas no están para educar sino para ser educados. Los testimonios de sus actividades recientes en Chiapas y otras entidades, dan cuenta de un comportamiento que no es precisamente ejemplar, pues se les han documentado todo género de exacciones, desde rapiña hasta violaciones cometidas contra los más desposeídos: los indígenas.
9. Un régimen de derecho no se establece por el simple hecho de que quien ocupa el Ejecutivo hable todos los días de la legalidad, aunque el viejo sistema de poder siga siendo el mismo, porque entonces ese discurso tiene un nombre: demagogia. Y eso es lo que acontece en México, pues buscando una ``buena prensa'' en Estados Unidos, Zedillo pretende hacer creer que las cosas ya han cambiado.
10. El país requiere con urgencia que se establezca un régimen democrático y éste pasa por la sujeción de los gobernantes a la Ley. El ejército no podrá cambiar su deteriorada imagen actual si no se ciñe a la Constitución, y por ello la demanda de que salga de las comunidades indígenas de Chiapas es una cuestión de interés nacional.