El tercer Informe Anual, y más que nada su Presentación no únicamente constituyen una reseña exhaustiva de las principales actividades de la CDHDF, sino sobre todo una oportuna y valiente defensa de la causa de la protección de los derechos humanos y de los mismos defensores, sean éstos gubernamentales o ciudadanos, en beneficio de quienes se demandó con energía el cese de las hostilidades por parte de los salvajes y los iracundos míticos, ajenos a la justicia, que hoy en día se identifican con ``los guardianes por temperamento o por rutina de las ortodoxias [...], los nostálgicos del autoritarismo o de los privilegios de la arbitrariedad [...], los partidarios de la congelación del orden jurídico''.

En sus páginas no solamente se reivindica hoy en México desde el punto de vista ético y jurídico lo más noble y más sabio de nuestra naturaleza humana frente a los intentos desesperados del terrorismo, que lo mismo se manifiesta en los reclamos irracionales por reimplantar la pena de muerte, que en la provocación y la tolerancia de los linchamientos. Y contra ``los prejuicios, los intereses, las supersticiones, las tendencias ideológicas o los resentimientos de los vociferantes'' que, a sabiendas de que mienten, acusan contra toda evidencia al ombudsman de proteger delincuentes --sin poder demostrar un solo caso--, con pruebas y razones vuelve a deshacer el sofisma de que la lucha y protección de los derechos humanos es la causa del aumento de la criminalidad e inseguridad pública.

No es la lucha por los derechos humanos la que aumenta la inseguridad pública, como engañosamente propalan los partidarios interesados del autoritarismo, sino al revés, la impunidad, las condiciones sociales de la población, la corrupción y la falta de profesionalización de los órganos de procurar y administrar justicia, así como el nivel de su salario y de sus condiciones de trabajo, lo que directamente genera el crecimiento de los delitos que todos lamentamos. Ahí está si no el dato incontrovertible de que de las 4 mil 248 quejas atendidas por la CDHDF en el ámbito de la procuración de justicia en sus tres años de vida, el quejoso fue la víctima del delito en el 78 por ciento de los casos; en tanto que del total de expedientes abiertos, sólo en el 7.6 por ciento de los casos el quejoso fue el inculpado. Ahí la precisión importante, para seguir deshaciendo el entuerto, de que de todo el universo de quejas recibidas en estos 36 meses, la más numerosa --mil 445 expedientes-- ha sido, no justamente por actuaciones de la Procuraduría, a quien la CDHDF hubiera impedido el ejercicio de sus funciones, sino por dilaciones en la procuración de justicia, que la CDHDF ha coadyuvado en subsanar. ``En todos estos casos --dijo francamente el doctor De la Barreda-- por nuestra intervención se logró que las averiguaciones previas se integraran en un lapso razonable''.

Y para rematar el argumento, ahí su justo reclamo al Procurador para que establezca un sistema eficaz de cumplimiento de las órdenes judiciales y desde luego inicie los procedimientos de responsabilidad y tome las medidas necesarias para lograr por fin las aprehensiones pendientes de los policías judiciales --responsables de delitos graves--, que desde enero pasado le fueron señalados en la Recomendación 1/96, y cuyo cumplimiento completo deja todavía mucho que desear.

No es, entonces, la CDHDF la que inhibe a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública o a cualquier otra autoridad en el cabal cumplimiento de su responsabilidad, sino por el contrario la que, atendiendo sin discriminaciones y con rigor profesional a toda la ciudadanía, con su vigilancia las impulsa en el ejercicio constitucional y legal de sus funciones. Tiene razón el doctor De la Barreda cuando afirma que sus Recomendaciones salen a la calle ``convertidas en ariete y bandera, y adquieren un poder benéfico y curativo contra el poder corrupto, despótico, negligente y oscuro de los malos servidores públicos''.

Nos sumamos a todos sus justos reclamos, y en particular a aquél que sigue demandando el mejoramiento de las condiciones laborales y los salarios de los defensores de oficio, así como el aumento de su número y su profesionalización, para que con equidad los inculpados pobres tengan una eficaz defensa jurídica.