Las directivas gubernamentales para disminuir la presencia de la violencia en los medios, promueve la autocensura ya implantada por los empresarios de la información, pero esta vez para que limiten al máximo la exposición de su público a la difusión de noticias sobre delincuencia común y crímenes políticos.

La violencia es parte de la cotidianidad privada y pública, y por lo tanto constituye un elemento ineludible de la información. La difusión de la violencia, por otra parte, excita la curiosidad de la gente, y por lo tanto se convierte en un negocio cuyos magnates precisan de educar al público para que se sienta atraído por ella y cultive la necesidad voyerista de tenerla constantemente presente, sobre todo en la televisión. Esa difusión integra en buena medida la industria de la pornografía y conforma uno de los ganchos fundamentales para estimular el consumo al que convoca la publicidad pagada para difundir la violencia. Pero esa difusión no sólo activa la imaginación y la concentra en los hechos más espectaculares, y por lo mismo más superficiales del fenómeno que expresan: también estructura valores y contribuye a que se arraiguen entre los sujetos sociales que en nuestros tiempos se forman principalmente por la acción de la televisión sobre su vista y en el interior de sus mentes.

Nuestros gobernantes desean que se informe menos sobre la violencia omnipresente en las calles, sobre la violencia que genera la presencia masiva del Ejército en las regiones indias de México, sobre la violencia política que produce más y más muertes de militantes de la oposición a manos de asesinos ligados al gobierno y a su partido prácticamente único, de la violencia originada en los negocios del narcotráfico, y de las secuelas violentas de los asesinatos de Estado. Aunque en este último caso no duda en convocar a los medios cuando con su exhibicionismo puede distraer la atención de los informadores respecto de acontecimientos como la llegada de la comandanta Ramona, o los últimos resultados de la especulación. Pero nada dicen acerca de las teleseries, las telenovelas y la publicidad que educa en la certeza de que las únicas relaciones humanas posibles son violentas, sangrientas o no, pero siempre de violencia social, familiar, sexual, contra las mujeres.

Mientras la violencia (no la información profesional de la violencia, aunque a menudo también ella) siga siendo negocio y elemento didáctico de la moralidad dominante, nadie podrá reducir su difusión.

Para ir en el sentido de ubicar a la violencia en un espacio crítico en el que pueda ser debatida, analizada y comprendida, el control de los medios, particularmente de la televisión, tendría que dejar de estar bajo control absoluto de la gran empresa y de sus socios en el gobierno.

Lo anterior tendrá que discutirse como parte de la legislación que se avecina sobre la reglamentación de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

En relación con esto, vale la pena recordar la propuesta de la Asociación Mexicana por la Educación, la Ciencia y la Cultura, en lo que se refiere a la necesidad de crear un Consejo Nacional de Comunicación Social, organismo público que sería la entidad responsable de garantizar el ejercicio de las libertades de expresión y de imprenta, así como del cumplimiento del derecho a la información; a él correspondería otorgar, revisar, cancelar o modificar concesiones, evaluar y opinar respecto de los contenidos de lo que difunden los medios, y emitir recomendaciones al respecto, así como escuchar y encaminar la solución de las quejas que presenten los usuarios, y preparar un proyecto de ley de la publicidad.

Este Consejo, concebido como un polifacético y efectivo ombudsman de defensa de la ciudadanía ante la actual omnipotencia de los empresarios de la comunicación, estaría formado por representantes paritarios de: a) el Estado, b) los propietarios, permisionarios y concesionarios de los medios; c) de los trabajadores de los medios, d) de las agrupaciones gremiales y académicas, y e) de la ciudadanía.

Muy pronto esta propuesta estará en el centro del debate ciudadano y legislativo.