Apela Enrique Salinas a la ONU en favor de Raúl

Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 18 de octubre El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, recibió ayer carta del señor Enrique Salinas de Gortari, solicitando la intervención de esta alta instancia para que se efectúe un ``juicio justo'' a su hermano Raúl, por su supuesto involucramiento en la desaparición y el asesinato del diputado priísta Manuel Muñoz Rocha, testigo en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, ambos en 1994.

Asimismo, en su carta, el hermano menor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari --autoexiliado en Irlanda-- hizo referencias a que la defensa de su hermano mayor, Raúl --encarcelado en Almoloya desde febrero del año pasado--, no ha obtenido autorizaciones para acceder a la verificación de los cargos imputados al defendido y, por lo tanto, solicita el apoyo del Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Según informaciones proporcionadas por la oficina del ecuatoriano, alto comisinado para los Derechos Humanos, el tratamiento de una carta así está comprendida en el rubro de ``quejas individuales'', y como tal es procesada y evaluada por los expertos de la ONU. Ayala Lasso no pudo ser contactado, al haber salido de Ginebra hoy mismo para participar en una reunión fuera de Europa.

En la sección de Comunicaciones del Centro de Derechos Humanos no es nada rápido el proceso de un comunicado como el efectuado por Enrique Salinas de Gortari --quien a su vez anda en líos con la justicia francesa y suiza por ciertas transacciones comerciales en bienes raíces--, dado que se reciben ``miles'' de cartas de este tipo procedentes de todo el mundo. Una vez que la evaluación ha sido hecha para comprobar desde todos los ángulos posibles la veracidad de los datos proporcionados por el firmante, el caso es revisado durante las sesiones de la subcomisión de Derechos Humanos, en reuniones de carácter confidencial de tipo anual, a fines de invierno. En algunos casos, la gravedad de la queja hace intervenir a la autoridad del alto comisionado, ya sea vis a vis con un gobierno o las instancias de justicia, aunque en la mayoría de los casos se gestiona una carta del organismo al gobierno implicado, en la que se le recuerdan las obligaciones universales en materia de derechos humanos