Ha iniciado una nueva reunión del EZLN con la comisión de legisladores (Cocopa) y la de intermediación (Conai) para discutir los términos de una posible reanudación del diálogo hacia la paz, y otra vez se ha querido concentrar la atención de la opinión pública en el cambio de integrantes de la delegación gubernamental, como si ésta fuera la solución, y como si ésa hubiera sido una condición de los zapatistas para seguir asistiendo a la mesa de San Andrés.

Cuando el EZLN hizo pública su decisión de suspender el diálogo también dio a conocer los requisitos mínimos que ayudarían a continuar las pláticas. Entre estos requisitos, como garantía de un compromiso serio por parte del gobierno, los zapatistas pidieron un ``interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de negociación y de respeto a la delegación zapatista''. La tergiversación de ese requisito motivó una precisión posterior: el EZLN no pedía el cambio de delegación.

La polémica que tuvo lugar en las últimas semanas de septiembre y los primeros días de octubre a través de los medios de comunicación, permitió ver que las quejas de los comandantes indígenas acerca de la falta de voluntad en la negociación y la falta de respeto hacia ellos, por parte de los representantes del poder Ejecutivo, no es un problema de personalidades, sino que es una actitud gubernamental que se adopta frente a diversos grupos opositores, aun cuando les asista el derecho y la razón. El desenlace de ese episodio, la decisión de nombrar a la comandante Ramona para que viajara al Distrito Federal y asistiera como delegada del EZLN al Congreso Nacional Indígena, motivó críticas que en su afán de descalificar el hecho y presentarlo como un fracaso ``del iluminado de la selva'', confirmaron cuánta razón tienen los delegados zapatistas cuando se quejan de la discriminación, el mal trato y el desprecio de la delegación gubernamental.

Los comandantes del EZLN que han asistido al diálogo en San Andrés han denunciado las actitudes racistas de sus supuestos interlocutores. Si el gobierno federal no compartiera esas actitudes, es decir, si reprobara la sola posibilidad de que ése fuera el trato que sus representantes dan constantemente a los miembros de la delegación zapatista, hace tiempo que, en lugar de confirmarlos, los habría removido. Pero al parecer es una actitud que comparten no sólo altos funcionarios de gobierno sino muchos de sus partidarios y defensores.

Entre las condiciones mínimas del EZLN para reanudar el diálogo está la petición de cambio, no de delegación, sino de actitud del gobierno y de sus representantes en la mesa de San Andrés. Concentrar el problema en las personas de los delegados gubernamentales es desviar la atención de la suerte de los presuntos zapatistas presos, de la incesante actividad de las guardias blancas, de la falta de seriedad de la parte gubernamental que no cumple nada de los acuerdos que ya se habían logrado, es decir, es distraer la atención para que se ignoren las otras condiciones que pide el EZLN, cifrando en el cambio de personas la solución a esta nueva crisis del diálogo. En este país sobran ejemplos para demostrar que cuando el gobierno se ve obligado a remover de su cargo a alguien, lo hace para esquivar cambios profundos y evitar rectificaciones trascendentes.

El señor Bernal no es lo más importante. Después de que lo dejaron solo amenazando a lo zapatistas con las órdenes de aprehensión cuando sus superiores ya habían cambiado el discurso, apareció como sacrificable. De volverse a instalar la mesa del diálogo, la ratificación de Bernal, Del Valle y demás delegados puede interpretarse como torpeza, necedad e insensibilidad de la Secretaría de Gobernación, pero su sola remoción no garantiza que el gobierno vaya a iniciar la relación de respeto y buena disposición que no ha habido en los muchos meses de diálogo con los delegados del Ejército Zapatista. Hay que recordar que la llamada doctrina Iruegas sobrevivió al mismo Iruegas como guía de la delegación gubernamental.

Por eso, no importa tanto que cambie uno o dos delegados oficiales como que cambie por completo la actitud del gobierno hacia la delegación del EZLN y en especial hacia los comandantes indígenas con quienes tendrán que tratar una y otra vez, si de veras quieren firmar la paz. Esto es también parte del trabajo que tienen que realizar la Conai y la Cocopa en las reuniones que en estos días se celebran en San Cristóbal.