Tanto la evaluación del ITAM como la de la Secodam realizadas en forma paralela sobre el programa piloto del gobierno ``Canasta básica para el bienestar de la familia'' aplicado en Campeche, coinciden en el diagnóstico: no es recomendable desarrollar tal programa a nivel nacional, pues por su naturaleza y filosofía no puede ser considerado como ``la columna vertebral de una estrategia de atención en alimentación, salud y educación...''.

En otras palabras, los estudios del ITAM y de la Secodam (que aún no se dan a conocer al público, y quizá no exista intención de hacerlo) reafirman lo que diversos analistas y conspicuos miembros de la oposición señalaron hasta el cansancio: la sustitución de los programas de subsidio en leche y tortilla por uno de recursos líquidos equivalente a 70 pesos mensuales para los pobres extremos --controlado con una ``tarjeta inteligente'' que se entrega a las madres de familia, y con pretensiones de vincular la política alimentaria con las de salud y educación-- es ineficaz para enfrentar seriamente los males de la miseria.

De echarse a andar en todo el país, de cara al próximo ciclo electoral, el programa tendrá más fines políticos de manipulación del ``voto pobre'' que intenciones de avanzar en el combate a la pobreza.

Los diagnósticos del ITAM y de la Secodam no dan lugar a ambigüedades. Veamos algunas líneas básicas de evaluación del programa piloto aplicado entre 1995 y lo que va de 1996 en las ciudades de El Carmen, Campeche y Champotón, en el estado de Campeche.

``Al efectuar un análisis del comportamiento del gasto --dice el documento de la Secodam--, se observa que con el esquema de la tarjeta inteligente no se logró incrementar el consumo alimentario de las familias inscritas, sino que disminuyó por la crisis económica y por los efectos de los huracanes registrados en octubre de 1995. El monto del gasto semanal promedio que se canalizó a la compra de alimentos, pasó de 175.1 pesos semanales en la primera medición del ITAM, en noviembre de 1995, a 155.3 en la tercera, seis meses después''.

Según la explicación de los investigadores del ITAM, la disminución del gasto en alimentos pudo deberse a que ``el aumento en el costo de los servicios básicos y en renta de vivienda obligó a destinar una cantidad menor a la compra de alimentos''.

Y redondea el documento referido: ``La disminución neta en compra de alimentos permitió liberar recursos que se canalizaron al pago de agua, luz, gas y renta de vivienda, entre otros conceptos. La inflación promedio en el periodo fue de 9 por ciento. La menor compra de alimentos significa, en sentido estricto, que el programa piloto de canasta básica no tuvo un impacto positivo alimentario, ya que el destino final de los recursos se ubicó en otras esferas de gasto''.

Quiere decir que el subsidio monetario a los pobres extremos puede ``ser canalizado al pago de otros bienes y servicios, de tal manera que el subsidio puede, a final de cuentas, no tener ningún impacto alimentario positivo''. Por lo demás, en este caso los efectos inflacionarios son siempre ``absorbidos por los beneficiarios, provocando que el valor real del subsidio sea menor''.

A lo anterior se agrega el hecho de que nada asegura --según los estudios del ITAM y de la Secodam-- que el subsidio con la tarjeta ``inteligente'' articule la política alimentaria a las de salud y educación. En el experimento campechano, el 53 por ciento de las madres obtuvo la habilitación de la tarjeta sin llevar a los niños a los centros de salud. ``Tampoco se pudo encontrar una relación directa con la educación o con el saneamiento ambiental'', dice la Secodam. En el caso de la educación, la evaluación encontró que sólo el 1 por ciento de las familias con hijos en edad escolar manifestó que se le solicitó un comprobante de asistencia escolar para obtener la tarjeta.

Entre otros elementos negativos del programa, la Secodam registró un elevado porcentaje de errores de inclusión (gente registrada que no corresponde a la categoría de ``pobre extremo'') y de exclusión (``pobres extremos'' que no fueron registrados) en el padrón de los beneficiarios. Los primeros se mantuvieron en niveles cercanos al 40 por ciento, y los segundos se expresaron en cifras superiores al 56 por ciento.

El estudio de la Secodam sobre el programa piloto de Campeche encontró otros serios problemas, como el hecho de que el esquema de transferencias monetarias reduce los recursos destinados a los niños. La conclusión debe ser, entonces, clara y definitiva: el tan anunciado programa de la tarjeta inteligente debe ser enviado al archivo de los sueños, evitando toda tentación de hacerla valer sólo o fundamentalmente para la compra clientelar de sufragios.