Sabían autoridades del peligro de derrumbes en San Mateo, Cuajimalpa
Todas las autoridades competentes, desde la Presidencia de la República hasta la delegación política, pasando por secretarías como la de Agricultura, y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, fueron informadas por el comisariado ejidal de San Mateo Tlaltenango de tres tiraderos clandestinos y el riesgo que representaba para los asentamientos irregulares de Cuajimalpa.
El deslave de cientos de toneladas de tierra, cascajo, llantas, basura, pedazos de guarniciones y asfalto que cayeron sobre cuatro personas en la Barranca del Diablo, podría repertirse cuando menos en dos sitios más, pero en mayores proporciones, debido a que decenas de camiones siguen tirando desperdicios en las cañadas de San Mateo Tlaltenango, adviertieron intergrantes del comisariado ejidal de lugar.
Las autoridades, según documentos en poder de La Jornada y testimonios de habitantes y representantes ejidales, no respondieron ni por escrito a la petición de detener el crecimiento de los tiraderos clandestinos.
Sin embargo, de acuerdo con la versión de Efrén Uzueta Valenzuela, subdelegado de Desarrollo Urbano en la delegación Cuajimalpa, el accidente ocurrido en la Barranca del Diablo se debió a que ``algunos vecinos del lugar han permitido el tiro clandestino de basura, en horarios nocturnos para que no se den cuenta las autoridades competentes, y quienes lo permiten habitan en la parte superior de la cañada''.
Aseguró que a cada camión materialista que llega le cobran una cuota; esta actividad, dijo, se realiza incluso en fines de semana.
Sostuvo que la creación de tiraderos clandestinos es un problema añejo, pero ``esta administración ha incrementado la vigilancia, para evitar que siga esa actividad''.
Por su parte, Jesús Carrillo Flores, presidente del comisariado ejidal, negó la versión del funcionario y aseguró que todas las dependencias conocían del alto riesgo en los tiraderos clandestinos, entre ellos el de Barranca del Diablo.
La petición más antigua se realizó el 15 de agosto de 1995, y fue dirigida a María Elena Martínez Carranza, delegada en Cuajimalpa, y al jefe del Sector 1 Poniente; en ella se menciona que en la Barranca de Loma de Pachuquilla, Rubén Rodríguez Cortés, María Guadalupe Chávez de la Rosa y Jesús Flores Chávez, auspician un tiradero clandestino. A la fecha subsiste el tiro de materiales.
El segundo escrito dirigido a la delegada está fechado el 10 de noviembre de 1995, menciona que en el paraje denominado Barranca del Diablo y en la prolongación de la calle Lázaro Cárdenas, surgen dos tiraderos más y que elementos de policiacos sólo extorsionan a los materialistas.
Un tercer escrito dirigido a la delegada y con copia para la Presidencia de la República, la Reforma Agraria, la Contraloría de la Federación y al jefe del Departamento del Distrito Federal, se menciona: ``Señora arquitecta, son varias las veces que hemos denunciado este tiradero --el de Pachuquilla-- y esa institución no ha hecho nada por clausurarlo, e inlcusive ni siquiera se han molestado en contestar nuestros escritos de denuncia''.
Agrega: ``Por lo que solicitamos una vez más nos diga si esa institución no tiene responsablidad alguna sobre los tiraderos clandestinos, no tiene capacidad para conocer dichos problemas o bien no existe conocimiento para turnarlo a la persona responsable''.
Para el 2 de febrero de este año, el comisariado ejidal envió un escrito a la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural (Cocoder), advirtiendo del problema sin mayor respuesta. Lo mismo ocurrió con otro documento más enviado a Antonio Azuela de la Cueva, procurador federal de Protección al Medio Ambiente.
Según Jesús Carrillo Flores, presidente del comisariado ejidal, ``ya cansados recurrimos al jefe del sector policiaco en San Mateo Tlaltenango, pero todo siguió igual, los patrulleros siguen extorsionando a los materialistas y no les impiden tirar materiales en las barrancas''.
Por las noches, según habitantes de San Mateo, ``los camiones van y vienen''.
(Gustavo Castillo García)