La privatización de las plantas petroquímicas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Al director general de Pemex, Adrián Lajous, le irrita cualquier discusión sobre el asunto, y el secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, confesó en una reunión privada organizada por los abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que el tema que menos le gustaba abordar era precisamente el de la industria petroquímica. Ambos funcionarios asumieron un compromiso que no pueden cumplir.

En realidad este compromiso es parte del proyecto más amplio de restructuración del sector energético que vienen exigiendo inversionistas privados y banqueros extranjeros desde, por lo menos, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Al inicio del sexenio, el presidente Ernesto Zedillo decidió llevar adelante la privatización de la industria petroquímica, pero a partir del rescate financiero internacional (a principios de 1995) la venta de las plantas se volvió una prioridad para el gobierno.

Durante un tiempo la burocracia no hizo nada. Entonces el presidente Zedillo designó como secretario de Energía a Jesús Reyes Heroles, que así reemplazó a Ignacio Pichardo Pagaza, quien dejó el cargo con muy pocos avances al respecto. Al nuevo secretario se le encomendó la responsabilidad de acelerar el proceso y privatizar la industria a toda costa. Reyes Heroles hizo su tarea y preparó la licitación de Cosoleacaque, el primer complejo petroquímico que confiaba poder vender.

Sin embargo, el gobierno subestimó la oposición popular que existe en contra de la privatización de las plantas. Desestimó las opiniones de los ingenieros y abogados que presentaron argumentos técnicos en contra del proceso; ignoró a los trabajadores petroleros que defienden sus empleos, y descartó las preocupaciones de los empresarios nacionales que temen el surgimiento de monopolios privados. Varios miembros del gobierno, incluyendo a Guillermo Ortiz y a José Angel Gurría, secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores respectivamente, se negaron incluso a tomar seriamente el acuerdo de la Asamblea del PRI en contra de la privatización de la petroquímica.

En realidad, los esfuerzos oficiales para vender la industria petroquímica nunca se han detenido del todo. El secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, estaba consciente de la inviabilidad jurídica del proceso de privatización mucho antes incluso de que el secretario de la Contraloría, Arsenio Farell, lo documentara formalmente. En varias ocasiones Reyes Heroles le hizo saber esto al propio Presidente, pero los criterios economicistas que rigen la política petrolera del gobierno se impusieron. La consigna oficial es abrir la industria al capital privado.

Sin embargo, la posición de Reyes Heroles se ha vuelto más incómoda en la medida en que transcurre el tiempo y no logra resultados tangibles. Por un lado se enfrenta a una enorme oposición nacionalista, que en algún momento sumó a Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, técnicos e ingenieros de Pemex, los obreros de las plantas petroquímicas, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, empresarios medianos y pequeños, y a un sector del PRI. Por otro lado, Reyes Heroles está presionado crecientemente por los grandes consorcios industriales, los inversionistas financieros, el embajador de Estados Unidos, James Jones, y el resto del gabinete económico del presidente Zedillo.

La nueva propuesta del secretario Jesús Reyes Heroles representa un intento más (¿el último?) por abrir la petroquímica al capital privado. Presentada al público como resultado del consenso entre todos los grupos interesados en el futuro de la industria, la iniciativa gubernamental es en realidad un caballo de Troya para la restructuración del sector petroquímico. En sus detalles jurídico-administrativo, la nueva fórmula de la Secretaría de Energía contiene enormes riesgos para la rectoría económica del Estado, e incluso para el control de la petroquímica básica por parte de la Nación. Los nuevos planes del gobierno tienen, por ello, que someterse a un intenso debate.