Vistos algunos resultados, el proceso de privatización, tan en boga en el mundo, enfrenta un gran descrédito en nuestro país. Buena parte de la sociedad identifica algunas privatizaciones como fuente de enriquecimiento de unos cuantos y de corrupción.

Privatizaciones como las de la banca y los teléfonos han dejado un mal sabor de boca en muchos mexicanos. La privatización suponía alentar al sector privado, mejorar la competencia y por ende el servicio que se brinda a los usuarios, además de una administración transparente.

Sin embargo, en el caso de la banca se han canalizado miles de millones de pesos de fondos públicos para su rescate y los efectos benéficos para los usuarios no son palpables. Inclusive, todavía hoy su situación financiera es frágil. Por otra parte, los usuarios cautivos de Teléfonos de México hemos sufrido alzas sostenidas que no siempre han estado acompañadas de un mejoramiento sustancial del servicio. La privatización como sinónimo de eficiencia y transparencia per se es un mito genial.

Desde luego, no se aboga por el regreso al Estado omnipresente, que sustituye la iniciativa de la sociedad. Tal idea está lejos de la consolidación democrática a la que aspiramos, pero tampoco se quiere un gobierno que abandone sus compromisos históricos al libre albedrío de consorcios y personas cuyo interés fundamental, y legítimo, es la ganancia.

En este contexto, la venta de las plantas petroquímicas se enfrentó desde el principio a un serio cuestionamiento político y a problemas legales, medioambientales, técnicos y de inversión. Parecía una venta mal planeada desde todos los puntos de vista. Ahora, las palabras del secretario de Energía, que antes negaba estos defectos, nos confirman que esa presunción era cierta.

Hay que evaluar en lo que vale la rectificación gubernamental en materia de privatización de la petroquímica. El nuevo esquema propuesto apenas el domingo pasado merece un reconocimiento en cuando menos tres aspectos: guarda para el gobierno el control de las empresas petroquímicas ya existentes, permite la participación privada en ellas y en nuevas plantas y, por último pero no menos importante, nuestra sensibilidad a la opinión de vastos sectores sociales y políticos que se habían manifestado con posiciones distintas a las originalmente planteadas, como las del PRI en su Asamblea 17. Dicho sea de paso, con esta rectificación el PRI revalúa su imagen.

¿Qué sigue? El paso siguiente es que se defina el papel que la petroquímica y el petróleo --bases de cualquier economía-- debe tener en un desarrollo más justo. A partir de esto, decidir cuál es el mejor camino para una administración eficiente partiendo de la base del control de la Nación sobre los hidrocarburos.

Siguen días de tensión y golpeteos tras bambalinas. Varios grandes capitalistas nacionales y extranjeros no han mostrado la misma sensibilidad que el gobierno y de inmediato han anunciado (¿amenazado?) con buscar mejores opciones de inversión e incluso han empezado a presionar con el expediente favorito que utilizan: la especulación financiera que se manifiesta en la bolsa y en la paridad peso-dólar. En este momento, el Presidente de la República debe tener en cuenta que si las privatizaciones no marchan, el país no se acaba. Puede acudir a la fuerza que ha sacado a este país adelante en su historia: el profundo nacionalismo de todas las corrientes políticas y la movilización de la sociedad mexicana.