El antropólogo José del Val ha planteado una serie de precisiones y preguntas que son del todo pertinentes para ubicar mejor el contenido de la reforma sobre los derechos indios que, salvo mejor causa, pronto será discutida por los legisladores. Es evidente que ni el acuerdo de San Andrés, ni tampoco la copiosa información acerca de estos temas surgida alrededor del reciente Congreso indígena, han sido suficientes para definir los conceptos fundamentales que, por así decirlo, sostienen el edificio de las diferentes propuestas.

Véase, por ejemplo, la noción de ``pueblo indígena'' que indistintamente se emplea para referirse a las ``etnias'' o a las ``comunidades'' originarias. ¿Se trata o no del mismo concepto al que alude la formulación de la OIT, tantas veces citada como argumento que obliga a tomar partido? ¿Todas las etnias caben dentro de la noción de ``pueblo'' indio? Lo mismo puede plantearse con relación a otros temas consagrados del debate: la cuestión del territorio, la autonomía o el derecho a la autodeterminación, la significación de los ``usos y costumbres'', en fin, todos aquellos asuntos que obligan a buscar una respuesta nueva al justo reclamo de los indios de México, fuera de los dos extremos ideológicos en los que se han movido hasta hoy los intentos ``liberadores'' procedentes de la sociedad nacional: la integración o la exclusión.

Del Val llama la atención, a mi modo de ver con toda justicia, sobre la tentación de resolver la cuestión pensando en un pasado más bien mítico que cristaliza para todo fin práctico en las dolorosas realidades del presente, sin considerar que en este punto lo más importante es construir una alternativa constitucional que, junto a muchas otras cosas, haga posible a los indios de hoy, las comunidades tal y como existen, luego de siglos de colonización y despojo capitalista, convertirse por primera vez en el sujeto real del futuro alcanzable: se trata, escribe, de ``crear las condiciones jurídico-políticas para la reconstitución de los pueblos indios'' (el subrayado es mío) no de concebir, al margen de esa circunstancia, una legalidad para un sujeto más bien imaginario. Y eso es lo fundamental.

La construcción de esa alternativa es un proceso que involucra a la sociedad y al Estado en su conjunto, pues implica, como justamente se señala en los acuerdos de San Andrés, un nuevo pacto social en el cual los indios son reconocidos, por vez primera, como sujetos plenos de esa realidad y no, como algunos sugieren todavía, al margen o en contra de ella.

Combatir la desigualdad y devolver a las comunidades todos sus derechos es parte de un proyecto de transformación general que ya no compete sólo a una de las partes. En las próximas semanas asistiremos seguramente al debate sobre la iniciativa de reformas en esta materia. Ojalá y los legisladores arriben a un consenso similar al que obtuvieron en la mesa el gobierno y el EZLN. Ojalá, también, que en el camino queden los nuevos fundamentalismos, sean de corte liberal o ``indigenista''.