Tras largos meses de debate, a ratos candente, sobre la industria petroquímica secundaria, los responsables de la política energética nacional han dado con un ingenioso esquema que desincorpora sin desincorporar y que vende sin vender. ¿Qué tal? Las 61 plantas que con tanto esfuerzo hemos podido edificar contando con que Pemex es, ante todo, un denodado productor de impuestos, seguirán controladas por el Estado al 51 por ciento, mientras que los particulares sólo podrán participar en el restante 49. Los inversionistas extranjeros podrán intervenir con el 100 por ciento del capital social pero sólo en las nuevas plantas, con lo que el país dispondrá de recursos frescos de inversión y de nuevas tecnologías.

Así se serenan los ánimos de los llamados estatistas, tan sensibles a todo lo que se refiera al patrimonio nacional y que ya estaban dejando sentir su influencia en los líderes del sindicato petrolero y hasta en las bases del partido oficial, según las crónicas de la 17 asamblea; se dan por bien servidos también los neoliberales, que siendo pocos y pequeños son a la vez los vendedores más grandes del mundo, y aun los trabajadores de la industria, que ven asegurada su materia actual de trabajo, su empleo y su contrato colectivo.

Por su parte, los empresarios nacionales y extranjeros, conociendo al fin la regulation size, respiran a pulmón lleno y han ganado en certidumbre, como acaba de admitirlo uno de nuestros distinguidos visitantes, el ministro británico de Comercio, y es sabido que la incertidumbre es la madre de todas las abstenciones y de las fugas de dinero.

En las oficinas públicas donde se calculan febrilmente los costos y beneficios de todo lo imaginable, se ha tomado en cuenta a la postre el costo social de la privatización de la petroquímica. Antes no se hacía así, y los actuales administradores del petróleo estaban guiándose por las fuerza de la costumbre. En tiempos del anterior Presidente, según se dice ahora, cuando se trataba de vender con juvenil dinamismo no se reparaba gran cosa en cuestiones históricas, constitucionales, legales, de conveniencia económica para el país y otros asuntos similares. Por eso hoy, para resistir a la fuerza de la costumbre, se han cancelado licitaciones como la de Cosoleacaque, cuya venta parecía inminente, y se ha echado a vuelo la imaginación, de forma que todos queden contentos.

Pero no todos estamos contentos. Yo, por ejemplo, me hago muchas preguntas sobre las plantas de petroquímica secundaria que seguirán bajo control estatal. No sé de qué manera pueda garantizarse su buen mantenimiento, su incorporación tecnológica, su desarrollo y expansión para que puedan competir con las de capital extranjero, y no sé tampoco si, como toda la industria petrolera, van a seguir sujetándose a la misma colosal exacción impositiva que las descapitaliza sistemáticamente. Por lo demás, no debiera entenderse que las plantas existentes, de capital mixto, serían una especie de tope, porque el Estado y sus socios bursátiles podrían abrir cuantas fuera necesario en el futuro.

Si operara algo parecido a un tope y si no se invirtiera en esas plantas, en pocos años caerían en la obsolescencia y el abandono y finalmente se cerrarían, con lo que toda la petroquímica no básica estaría en manos de extranjeros. Y entonces la fórmula propuesta habría sido algo como un rodeo de apaciguamiento para ganar tiempo.

Otro punto fundamental, quizá el más importante, es la clasificación de los productos petroquímicos básicos, aquéllos reservados a la nación y en cuya elaboración no pueden tener participación de ninguna especie los particulares. La definición actual es genérica, conceptual: son los ``productos que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, que sean resultado de los procesos petroquímicos fundados en la primera transformación química importante o en el primer proceso físico importante que se efectúe a partir de productos o subproductos de refinación, o de hidrocarburos naturales del petróleo''. ¿Pero quién decide y cómo lo que es importante? Por esta distracción, llamémosle así, del Legislador, el Ejecutivo ha disfrutado de una gran discrecionalidad, al punto de que varias decenas de productos petroquímicos básicos se convirtieron en ocho, según la resolución clasificatoria de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y hay quienes sostienen que de esos ocho sólo dos tienen el carácter de básicos.

Parece que la nueva clasificación será parte integrante de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, o bien del Reglamento de ésta en materia de petroquímica. ¿Qué básicos van a ser enlistados? ¿En cuáles conservará la nación su dominio inalienable e imprescriptible? Esto, principalmente, permitirá medir el patriotismo de los proponentes, y no se deben adelantar las vísperas; a menos que estemos ya en las vísperas.