Las quejas de la Condesa llegaron a Donceles

Alonso Urrutia Fue una larga comparecencia de mutuas recriminaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, virtualmente copados por consejeros ciudadanos, así como por vecinos y restauranteros de la Condesa, quienes con pancartas externaron su respaldo o repudio a las acciones de la delegación Cuauhtémoc.

En un atiborrado salón Verde de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) el delegado en Cuauhtémoc, Alejandro Carrillo Castro, se defendía de las recurrentes imputaciones de los asambleístas de oposición --quienes coincidieron en censurar su actuación-- atribuyendo a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles su polémica actuación en la Condesa.

``El Ejecutivo --dijo con parsimonia-- no puede convertirse en legislador o interpretar a su arbitrio lo que la ley ordena con precisión... El Ejecutivo debe atender la intención manifiesta del legislador para aplicar la ley''.

Casi sin inmutarse leyó 14 cuartillas para justificar en la legalidad los hechos violentos de la Condesa, antes de lamentar que ``no fue posible establecer acuerdos efectivos ante la intransigencia y polarización de puntos de vista de algunos prestadores de servicios y vecinos. Fue así que al expirar los 120 días establecidos por la Asamblea y ante la exigencia de los vecinos, la autoridad delegacional no tuvo otra posibilidad que proceder al cumplimiento''.

Inútiles fueron los esfuerzos de argumentación de la mayoría de los asambleístas. Con su propia ley Carrillo Castro rehuía las acusaciones de actuar discrecional y selectivamente, como le imputó la perredista Estrella Vázquez, o la crítica de la panista Margarita Zavala: cuando una autoridad se ve copada por los vecinos o por la aplicación de la ley, no hay autoridad.

El funcionario respondía reiterando una y otra vez que sólo se aplicaron las disposiciones legales aprobadas por la Asamblea, aludiendo no sólo a la ley citada sino también a los programas delegacionales vigentes que definen zonas habitacionales.

El panista Víctor Orduña le recriminó sus consejos para modificar la legislación, así como el acarreo de ambulantes que cercaron el recinto, lo que le valdría una acre respuesta del delegado: ``No vine aquí por gusto, ustedes lo pidieron''.

A nombre del PRI, David Jiménez intervino para advertir que el asunto estaba ya fuera de la Asamblea o del Ejecutivo: Serán los órganos jurisdiccionales --el Tribunal de lo Contencioso Administrativo-- los que definan si proceden los recursos interpuestos por los restauranteros contra los actos de autoridad.

La comparecencia estaba por terminar y Carrillo Castro casi había salido airoso antes de que el panista Fauzi Handam, presidente de la Comisión de Administración Pública que promovió la ley, impugnara la interpretación de la misma. Hamdan admitió ser promotor de uno de los amparos contra la aplicación de la ley, justificó las inconformidades vecinales, pero también la crítica de los restauranteros, para luego arremeter contra el delegado, al que le imputó una mala interpretación de los plazos fijados por la ley; es decir, los 120 días establecidos para que los restauranteros regularizaran permisos bajo nuevas condiciones.

Dijo que será en los órganos jurisdiccionales donde se dirimirá si la autoridad actuó erróneamente. Criticó la forzada interpretación de lo que se desprende de la ley, y dijo que si era necesario la ARDF enmendaría los aspectos que quedaban confusos.

Cuestionado ampliamente por sus interpretaciones jurídicas, el delegado admitió que será en el Tribunal donde se determinará si las acciones administrativas tenían sustento legal.

El salón Verde estaba saturado de restauranteros, vecinos y consejeros ratificando sus posturas en pro y en contra de las acciones del delegado.

Ajenos a los padeceres de quienes están involucrados en el conflicto de la Condesa, los comerciantes de la extinta Guillermina Rico casi estaban de fiesta afuera del recinto, a la espera de quien, con ellos, no ha aplicado con tanta rigidez la legislación vigente. Vitoreándolo, lo acompañaron hasta que se alejó del lugar.

Raúl Llanos y Alonso Urrutia El pleno del Consejo Ciudadano no tiene conocimiento formal de la consulta vecinal que se pretende realizar en las colonias Condesa e Hipódromo Condesa; no ha dictaminado esa convocatoria a los vecinos y, por lo tanto, de realizarse sería atentatoria de lo que establece la Ley de Participación Ciudadana, sostuvo Luis Figueroa, presidente de ese órgano de representación.

Manifestó que el consejero Vicente Villamar ``se fue por la libre'' al anunciar públicamente dicha consulta, pues una propuesta de ese tipo requiere la aprobación del Consejo en pleno.

Luis Figueroa precisó que, de acuerdo con los artículos 20 y 24 de la Ley de Participación Ciudadana, los únicos facultados para convocar a una consulta son el delegado político y el Consejo, no los consejeros en forma individual, ``porque si no, todos van a querer hacer de las suyas''.

Por ende, precisó, la consulta prevista para el domingo 27 de octubre tiene que ser dictaminada y aprobada por este órgano de representación, y ``espero que impere la cordura y se someta al pleno esa propuesta''.

De hecho, al término de la reunión que el pasado fin de semana sostuvieron el delegado de Cuauhtémoc, Alejandro Carrillo Castro, con los restauranteros, vecinos y consejeros ciudadanos, se estableció un intercambio de opiniones entre Vicente Villamar y Luis Figueroa.

En forma muy discreta, Figueroa le hizo la observación a Vicente Villamar de que la idea era buena, pero que no se había consultado al Consejo y por tanto se estaba violando la ley.

--¿Por qué se viola la ley?--, espetó Villamar.

--Porque el delegado o el mismo Consejo son los únicos facultades para convocar a ese tipo de consultas.

--Bueno, espero contar con el apoyo del Consejo--, respondió Villamar.

Exceso de violencia contra los ``giros blancos'': Uvyd

Integrantes de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre se refirieron en conferencia de prensa al conflicto de los restauranteros de la Condesa, Hipódromo Condesa, Roma Norte y Roma Sur.

Establecieron que las autoridades de la Cuauhtémoc se excedieron en el uso de la violencia contra los ``giros blancos'', la cual no es usual cuando se trata de eliminar irregularidades en los ``giros negros''.

Subrayaron que no están en contra de que se aplique la ley cuando así lo amerite la circunstancia, ``pero no estamos de acuerdo en que se haga mediante la violencia, como la que se aplicó en ese caso''.

En su opinión, el problema central en esa demarcación ``es la forma de gobernar del delegado Alejandro Carrillo'', a quien acusan de insensible e intolerante. Aunado a ello, señalaron que prácticamente desde que este funcionario llegó a su cargo se ha perdido la relación con organizaciones ciudadanas.

Los problemas que se plantean ante esas autoridades son canalizados a la Subdirección de Atención Ciudadana, donde en ocasiones se logran acuerdos que posteriormente son desconocidos por funcionarios de otras áreas dentro de la misma jurisdicción.

Ya en la tarde, los integrantes de la Uvyd y de agrupaciones de colonos de esa zona realizaron un mitin en las puertas de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para exigir que la comparecencia de Carrillo Castro no se enfocara sólo al problema de los restaurantes de la Condesa, sino a todos aquellos que no han logrado ser resueltos, como la corrupción, la burocracia y la falta de consulta a los ciudadanos en casos que afectan directamente a los vecinos.